Biescas, una crónica anunciada
Miércoles, media tarde, día 7, canícula de agosto de 1996. En la tranquilidad de un país en vacaciones surge el desastre. Un chaparrón intenso descarga en la cuenca del barranco de Arás, en el Pirineo aragonés. No es un fenómeno desconocido en la zona, pero entonces se añadía un factor nuevo: la presencia de un cámping instalado sobre el abanico aluvial de este torrente de montaña. Un raudal de agua, lodo y piedras arrasa todo lo que encuentra a su paso; rebosa las presas y la canalización, ambas a todas luces de capacidad insuficiente, y arrastra tiendas de campaña y caravanas. Ochenta y siete personas mueren ahogadas, asfixiadas en el barro, aplastadas por las piedras. Familias perdidas, destrozadas. Dolor, dolor profundo por una catástrofe sin sentido. Crónica de una muerte anunciada. A las pocas horas de la tragedia se oyen opiniones sorprendentes: "Dios lo ha querido", "ha sido algo excepcional". La Naturaleza, en definitiva, había castigado al hombre. Cobarde exculpación administrativa que no supo asumir la barbaridad territorial que suponía haber permitido la implantación de una instalación de ese tipo en un espacio de elevado peligro.
Desde 2000 ha habido 300 muertes a causa de la naturaleza que podían haberse evitado
No era la primera vez que un barranco se llevaba un cámping por delante, ni la primera que una inundación causaba tantas víctimas. La historia hidrológica española está repleta de accidentes de este tipo incluso mucho mayores que el ocurrido en Biescas. Pero Biescas marcó un antes y un después en el tratamiento del riesgo de inundación en España. Hubo una afortunada y contundente reacción de denuncia por parte de la comunidad científica, de algunos técnicos de la Administración, de algunos políticos y de colectivos de defensa ambiental. Y ello resultó fundamental para provocar un cambio en la consideración de los riesgos naturales de nuestro país. Biescas -lamentablemente fue así- inauguró una nueva etapa en el análisis de los riesgos naturales que dejó de apostar por la obra civil como solución única ante estos problemas y pasó a considerar el problema de los peligros de la naturaleza con un enfoque integral, como una tarea multidisciplinar que requiere el estudio del antes, del durante y del después de los eventos de rango extraordinario. Biescas dejó claro, de una vez, que la alteración intencionada de la dinámica de la naturaleza por parte del ser humano suele tener consecuencias poco gratas. Reclamamos seguridad en un mundo de incertidumbres que hemos contribuido a generar nosotros mismos.
Tras el desastre, un largo penar judicial de afectados y familiares de los fallecidos. Una pequeña legión de abogados, técnicos y expertos lucharon con bravura para que se hiciese justicia. Alguno de ellos, con enorme pesar, nos dejó como el rayo. Un primer juicio en Jaca, por lo penal, de resultados desesperanzadores para los que habían estado luchando por defender la única verdad posible. Un segundo juicio, por lo contencioso-administrativo, que vino a poner las cosas en su sitio y a sentar un precedente importante para la consideración jurídica del riesgo de inundaciones en nuestro país. La Audiencia Nacional condenó al Estado y a la Diputación de Aragón a pagar 11,2 millones de euros a los familiares de las víctimas, al reconocerse que el suceso era previsible y que el cámping nunca debió estar situado allí.
En España carecemos de un parámetro válido para delimitar zonas inundables o, mejor dicho, el que legalmente se contempla no sirve. En áreas con climas de carácter subtropical, como ocurre en gran parte de nuestro país, el manejo de los denominados "períodos de retorno" no resulta idóneo, al menos con los métodos de cálculo hasta ahora manejados. E incluso pueden servir para enmascarar situaciones de riesgo, bajo el paraguas de una supuesta "excepcionalidad" o "imprevisibilidad" que permite exculpar acciones punibles recurriendo a este sofisma.
Diez años después, afortunadamente, no se ha registrado una catástrofe de tanto impacto como aquélla, aunque siguen muriendo personas a causa de los peligros de la naturaleza en España: algo más de 300 desde el año 2000. Y lo más grave es que un elevado porcentaje de ellas podría evitarse con medidas eficaces de ordenación del territorio. Evitando la ocupación de áreas inundables. La Comisión Especial de Catástrofes del Senado, creada tras el desastre de Biescas, culminó con unas recomendaciones de enorme interés que sin embargo no se han puesto en práctica. Tal vez, la modificación de la Ley del Suelo con la actual obligación de clasificar como no urbanizable el terreno con riesgo natural acreditado ha sido, teóricamente, la medida más eficaz. Pero la realidad es que en muchas regiones españolas se carece aún de mapas de riesgo que permitan acreditar dicho riesgo, con lo cual el artículo 9º de la normativa estatal del suelo de 1998 no deja de ser un desiderátum. Resulta esperanzador, en este sentido, la obligación de incluir cartografía de riesgo natural en los procesos territoriales y urbanísticos que contempla el anteproyecto de la nueva Ley del Suelo, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros.
La cuestión es que en España, diez años después, siguen existiendo muchos Biescas, muchas construcciones en áreas inundables, en un proceso que, en los últimos años, en lugar de reducirse ha aumentado al amparo del imparable proceso de ocupación del territorio que se ha desarrollado en muchas regiones, sobre todo, del litoral. En estos casos, la planificación territorial tiene poco que hacer, porque ya se han hecho mal las cosas. Sólo cabe esperar que no se desarrolle ningún episodio de rango extraordinario o que se vayan acometiendo obras de defensa puntuales. En Francia, por ejemplo, el código de medio ambiente contempla supuestos de expropiación para viviendas que ocupan áreas de riesgo. Ésta es la solución necesaria en los casos de elevada vulnerabilidad.
Hace unos meses, el Observatorio Europeo de Ordenación del Territorio hacía público su informe sobre el estado de la peligrosidad natural y tecnológica en el territorio de la UE; los resultados hablan de un riesgo medio-alto en el conjunto de España, con algunas áreas que encabezan el ránking de los territorios europeos de mayor riesgo (litoral mediterráneo, País Vasco, Madrid). En los últimos años, se han puesto en marcha leyes y planes específicos de reducción del riesgo natural desde la ordenación del territorio. Son buenos ejemplos las experiencias desarrolladas en el País Vasco, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía. La propia UE está a punto de aprobar una directiva que obligará a realizar estudios detallados de riesgo de inundación en todos los países miembros y que deberán tenerse en cuenta obligatoriamente en todas las iniciativas urbanísticas y de planificación territorial. Es el camino a seguir si se quiere promover un gobierno racional y prudente del territorio.
La reducción del riesgo natural es un compromiso ético que incumbe a la Administración, a técnicos, científicos y a colectivos de defensa ambiental y territorial. Porque, en última instancia, se está jugando con vidas humanas y vulnerando, cuando ese compromiso no se asume, derechos fundamentales a la integridad física y a la seguridad recogidos en nuestra Constitución (arts. 15 y 17.1). Las autoridades tienen el deber de llevar a cabo actuaciones que mitiguen los riesgos. Los ciudadanos debemos respetar el medio natural con su complejidad, diversidad y, en ocasiones, con sus peligros. Debe erradicarse, en definitiva, la irresponsable actitud de imputar a la naturaleza la culpa de acciones desarrolladas por el ser humano en un territorio cuyos rasgos físicos, sorprendentemente, se ignoran muy a menudo. Es imprescindible una postura de respeto hacia las leyes esenciales de la Naturaleza y hacia los derechos fundamentales del ser humano; una postura que podría haber evitado la catástrofe de Bisecas y que, sobre todo, debe contribuir a evitar que se reproduzcan tragedias como aquélla.
Jorge Olcina Cantos es catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante.
