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Cinco millones de euros de pensión vitalicia para el ex copresidente

Íñigo de Barrón

Además de las indemnizaciones percibidas por su salida del banco, José María Amusátegui, copresidente del Santander Central Hispano (hoy sólo Santander), y Ángel Corcóstegui, consejero delegado, gozaban de unas condiciones laborales de jubilación jugosas.

La sentencia del Tribunal Supremo hace un pormenorizado repaso de los contratos de los dos ex ejecutivos. Según estos documentos, Amusátegui modificó sus condiciones económicas iniciales. Aunque el texto legal no lo menciona, estos cambios al alza se desarrollaron en paralelo al incremento de los enfrentamientos con Emilio Botín, presidente actual.

Así, Amusátegui tenía estipulado una pensión vitalicia inicial "equivalente al 100% de las retribuciones en el último año anterior a la jubilación". Sin embargo, el 14 de agosto de 2001, un día antes del consejo que decidió su cese y tras durísimos enfrentamientos para intentar frenar el poder de Botín en el banco, cambiaron sus condiciones. Así, el nuevo contrato estipuló que la cuantía de la pensión vitalicia anual de jubilación era de 5,1 millones de euros y la cuantía de la pensión de viudedad, 1,47 millones. El 28 de agosto de 2001, unos días después del cese, el BCH abonó a Amusátegui "una cuantía superior a siete millones de euros", dice la sentencia.

La relación salarial con Corcóstegui también refleja las tensiones internas que vivió la entidad en aquellos años. En un principio, el consejero delegado fijaba su jubilación "a partir de los 60 años por decisión de la entidad, y desde los 55 años a petición propia". El sueldo de este ejecutivo era de 1,8 millones brutos anuales en 1999. Adicionalmente gozaría de bonus, dietas y participaciones estatutarias, así como algunos gastos pagados. Su pensión de jubilación era de 1,8 millones "más el importe bruto del bonus del último año".

También el 14 de agosto de 2001, en un ambiente tenso en el banco, Corcóstegui mejoró sus condiciones y estableció que "podría anticipar su jubilación por exclusiva voluntad a partir de los 50 años, y no los 55 previstos".

Además, cambió la forma de cobrar los 108 millones de euros de pensión "para que tuviera ventajas fiscales". Seis meses después, Corcóstegui abandonó el banco con una liquidación de 34.200 euros y los 56,25 millones netos de pensión, tras pagar 52 millones a Hacienda.

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Sobre la firma

Íñigo de Barrón
Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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