El dudoso honor que hunde a Blair
El escándalo de la venta de títulos nobiliarios acentúa la debilidad del primer ministro británico
Tony Blair está más tocado que nunca. Incluso íntimos aliados políticos como su primer portavoz, Alastair Campbell, le dan poco más de un año de vida como primer ministro. Otros creen que su renuncia puede llegar antes de Navidad, cuando la policía decida si lleva adelante algún procesamiento por el llamado escándalo de los honores, la aparentemente habitual costumbre de captar fondos para el Partido Laborista a cambio de distinciones como el nombramiento de lord.
El escándalo ha afectado directamente al primer ministro por su cercanía a los hechos. Las operaciones de captación de fondos las organizaba lord Levy, un hombre de confianza y amigo personal de Tony Blair. Eran, además, operaciones llevadas en secreto, a espaldas del tesorero del Partido Laborista y de las instituciones. Blair sí estaba al corriente de esas operaciones, que permitieron recaudar préstamos secretos a bajo interés por casi 14 millones de libras (20,5 millones de euros) para financiar la campaña de las elecciones generales de 2005.
El industrial sanitario Chai Pattel otorgó un préstamo de 1,5 millones de libras al Partido Laborista antes de ser propuesto para un cargo de lord
No es un problema nuevo en la política británica. En 1925 se tuvo que crear una ley específica, todavía en vigor, para combatir la concesión de distinciones a cambio de apoyo financiero a los partidos políticos. Siendo Lloyd George el primer ministro de la época, Maundy Gregory, el único hombre condenado por la venta de honores, tenía despacho propio en Whitehall, la arteria que une la plaza del Parlamento con la de Trafalgar y donde se concentran las oficinas del Gobierno, incluida la del primer ministro. Allí recibía a todo aquel que estuviera dispuesto a financiar al partido a cambio de algún título: el de vizconde costaba entre 80.000 y 120.000 libras, otros títulos menores de caballero se podían lograr por 10.000 o 15.000 libras, y se podía ser miembro de la Orden del Imperio Británico (OBE) por 100 libras. Se estima que se vendieron 25.000 OBE entre 1917 y 1922.
Blair no ve el asunto como un problema de corrupción. A fin de cuentas no se trata de otorgar licencias de construcción o para otros negocios, sino de una mera cuestión de vanidad, un título nobiliario para satisfacer el ego de quienes tienen tanto dinero que no les importa ceder una parte al partido. Blair ha llegado incluso a equipararlo con la militancia política. "No creo que nadie en el Partido Laborista haya roto las reglas respecto a esto", ha declarado esta semana. "No se trata de títulos honoríficos, sino de plazas de lores que van a trabajar como tales, reservadas a los simpatizantes de los partidos, simpatizantes conservadores, laboristas, liberales, demócratas... A mi juicio, es absurdo decir que si alguien apoya financieramente a un partido político -ayuda al partido a pagar las facturas, a poner en marcha su campaña electoral-, tendría que ser excluido de esas plazas reservadas para los simpatizantes".
Pero el problema es que hay simpatizantes y simpatizantes, y no es lo mismo una operación a cielo abierto que a las espaldas del público. La ley electoral obliga a hacer públicas todas las donaciones superiores a 5.000 libras (7.300 euros). Pero las transacciones que han hecho estallar el escándalo no son exactamente donaciones, sino créditos a muy bajo interés. Al ser técnicamente una operación comercial, no es obligatorio declararlas. Es lo que se llama un agujero legal.
Fue precisamente el ocultamiento de esas operaciones lo que hizo estallar el escándalo, cuando la comisión que estudia las propuestas de nuevos lores descubrió que uno de los candidatos propuestos por el primer ministro, el industrial sanitario Chai Pattel, de 60 años, había otorgado un préstamo de 1,5 millones de libras al Partido Laborista antes de ser propuesto para el cargo de working lord. También había hecho una donación de 100.000 libras, que se entiende que sí había sido hecha pública por el partido.
La comisión de nombramientos de la Cámara de los Lores acabó desaconsejando otras tres propuestas de los laboristas: el inversor inmobiliario sir David Garrad, el financiero Barry Townsley y el magnate de comida india sir Gulam Noon. Todos ellos habían hecho préstamos al partido de los que no informaron a la comisión. El tesorero del Partido Laborista, Jack Dromey, reveló entonces que él tampoco conocía la existencia de esos créditos.
Días atrás, sir Gulam contó que no había dado cuenta de ese préstamo porque lord Levy le indicó que no era necesario. Es esa intervención de lord Levy a la que parece querer agarrarse la policía en su investigación: al sugerir a Noon que eliminara una información que estaba dispuesto a dar, Levy estaría conspirando para ocultar esos datos. Un cargo, la intención de delinquir, que sería más fácil de probar que la propia existencia de delito porque las operaciones crediticias son en sí mismas legales.
48 personas interrogadas
El oficial de la policía encargado de las investigaciones, John Yates, ha interrogado dos veces a lord Levy y lo ha hecho sometiéndole a arresto formal, una figura legal que le otorga amplios poderes para exigir la entrega de documentos. En total son ya 48 las personas interrogadas por Yates, incluidos dos cargos menores del Gobierno: el viceministro de Ciencia, lord Sainsbury (un multimillonario y conocido donante desde hace años), y el viceministro de Comercio y anterior presidente del partido, Ian McCartney.
El gran problema para Blair es que el policía Yates ha insinuado que quiere interrogar al propio primer ministro y a su mano derecha entre bastidores, Jonathan Powell, lo que podría convertirse en la gota que desbordara el vaso de la capacidad de supervivencia política de Blair. Si su honor quedara manchado por este escándalo, Blair no llegaría al objetivo mínimo que se ha fijado: sobrevivir en Downing Street al menos hasta que se cumplan los 10 años de su llegada al poder, el próximo 2 de mayo.
Los 'tories' ocultan a sus donantes
PESE A LA TORMENTA POLÍTICA que se cierne sobre Blair, el Partido Conservador no está haciendo sangre con la crisis de la venta de honores. A fin de cuentas, lo más sorprendente es que, siendo un problema que ha existido siempre, nadie sabe muy bien por qué ha estallado ahora. Los tories probablemente tienen también mucho que ocultar y prefieren no apretar en un asunto que se puede acabar volviendo contra ellos, porque todos los partidos proponen candidatos para la Cámara de los Lores y quién sabe cuántos de los actuales lores conservadores han sido donantes del partido. Los tories también han utilizado el sistema de créditos comerciales a bajo interés para financiarse.
Pero, a diferencia de los laboristas, que cuando se vieron presionados por la prensa acabaron haciendo público el nombre de los empresarios que les prestaron dinero, éstos han preferido devolver el dinero
y mantener en secreto el nombre
de los donantes con el argumento de que el partido se había comprometido a respetar su anonimato. A partir de ahora, el Partido Conservador sí revelará la identidad de quienes le presten dinero.
La crisis de la venta de honores ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar el sistema de financiación de los partidos. En un momento en que la militancia está bajando y los grupos dependen cada vez más de las donaciones de las empresas, la frontera entre donación y soborno es cada vez más confusa. De ahí que cada vez se levanten más voces reclamando que los partidos se financien con dinero público. Algo siempre delicado en un país al que le gusta mirar con lupa el destino del dinero de los contribuyentes.
