Bruselas cree que la venta de IZAR puede implicar ayudas públicas
La Comisión Europea dirigió el pasado 14 de julio una carta a las autoridades españolas solicitando nuevas explicaciones sobre las condiciones de venta de la fábrica de motores para buques de IZAR en Manises. El Ejecutivo comunitario ha expresado "su fuerte preocupación por el desarrollo del proceso de liquidación" de la factoría de Manises y expresó su temor porque las condiciones exigidas por la oferta de compra implicaran nuevas ayudas de Estado.
El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, indicó ayer que las preocupaciones de la Comisión estaban relacionadas con "la diferencia que existe entre la previsión hecha por IZAR para terminar lo trabajos pendientes y la cantidad solicitada por la oferta recibida por el astillero para terminar los trabajos pendientes". "La Comisión", explicó "cree que la aceptación de tal oferta podría implicar la concesión de una nueva ayuda estatal".
La factoría de Manises recibió una oferta por parte de la empresa Ros Casares. La oferta ha sido considerada "viable y seria" por parte del consejero valenciano de Empresa, Justo Nieto. La Comisión se refiere a una oferta recibida pero sin precisar si se trata de la de Ros Casares.
La Comisión aprobó una reorganización de los astilleros militares públicos españoles, de conformidad con las normas del Tratado. Estos astilleros antes propiedad de IZAR fueron traspasados a una nueva empresa denominada Navantia, permitiendo así que España pudiera proteger sus intereses de seguridad rescatando sus astilleros militares, pero asegurando al mismo tiempo que no se produzcan distorsiones indebidas de la competencia en el mercado de construcción de buques civiles. Este rescate se efectuaría transfiriendo los astilleros militares de IZAR a la empresa pública Navantia.
En 2004, la Comisión decidió que determinadas ayudas estatales a IZAR por valor de 864 millones de euros no respetaban las normas comunitarias en la materia y debían ser devueltas. En posteriores conversaciones, España y la Comisión acordaron una serie de compromisos y medidas que estarán vigentes durante diez años. Entre estas medidas figura que las ventas civiles de Navantia no excederán del 20% de las ventas totales en una media móvil de tres años y que esta nueva empresa se comportará de acuerdo con las condiciones del mercado. Entre los compromisos también se establecía que las actividades civiles de Navantia no gozarían de ayuda estatal alguna y que el empleo en Navantia no sería superior a 5.562 personas.
Hasta finales de 2004, IZAR era la principal empresa de construcción naval en España, con actividades en 11 factorías situadas en varias comunidades (Galicia, Asturias, País Vasco, Comunidad valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid). La mitad de las ventas correspondían a la producción militar. En el grupo trabajaban 10.700 personas.
La Comisión también ha advertido de que se debería bloquear el dinero pagado a la SEPI para el pago de pensiones y prejubilaciones.
