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El proceso para el fin de la violencia etarra

Nacionalistas con perfil político bajo

Los empresarios J. J. Azpiroz y J. M. Saralegui no están afiliados a ningún partido político, pero sus simpatías, según fuentes empresariales, se sitúan en la órbita de Eusko Alkartasuna, aunque se llevan bien con personas de todos los colores. De hecho, realizan obra pública en municipios gobernados por distintos partidos. Su último gran éxito fue ganar el concurso, en asociación con otros constructores, para edificar la nueva estación de autobuses de Pamplona. Se llevaron la obra en una dura puja con una filial de Dragados.

Aunque oficialmente en EA no querían ayer hablar de afinidades, las palabras de la presidenta de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, en Doneztebe (Navarra) fueron ayer especialmente duras. Errazti pidió al Gobierno que "ponga freno a los intentos de Grande-Marlaska de dinamitar la actual situación de esperanza".

Pidió la liberación de los dos detenidos y atacó al diputado de PP, Jaime Ignacio del Burgo, quien señaló que le merecen "desprecio" las personas que han pagado a ETA. Errazti recordó a Del Burgo que no habló igual cuando se investigó a otra empresa navarra, Azkoyen, y le pidió que no "frivolice" con la extorsión.

También críticos con las detenciones se mostraron ayer otros partidos. El diputado del PNV y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria, cuestionó desde un punto de vista jurídico la actuación de la Audiencia Nacional. Rodolfo Ares, portavoz de los socialistas vascos, señaló que los jueces deben tener en cuenta "la angustia que viven las empresas" y deben "ser receptivos y comprender". El coordinador de EB-IU y consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, pidió la liberación de los detenidos.

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