Problema de supervivencia
La estructura del Estado no figura nunca entre las preocupaciones ciudadanas, pero es el único problema de naturaleza constitucional por el que la gente se mata. No hay ningún problema tan importante, tan difícil de resolver y en el que un partido político, tanto si está en el Gobierno como si está en la oposición, se juegue tanto.
En España hemos tenido un ejemplo de lo que acabo de decir en el momento de la inicial puesta en marcha de la Constitución. UCD desapareció como partido porque fue incapaz de dar una respuesta aceptable para la sociedad española al problema de la estructura del Estado. UCD resolvió o, mejor dicho, dirigió a la sociedad española en la solución del primero de los dos problemas constituyentes con que ésta tenía que enfrentarse a la muerte del general Franco: cómo transitar de una dictadura a una democracia. Pero fracasó cuando intentó dar respuesta al segundo, cómo transitar de un Estado unitario a un Estado políticamente descentralizado. Aquí estuvo el origen de su desaparición. El error en materia de estructura del Estado no es un error como los demás. Es un error que deslegitima al partido que lo comete.
En esta legislatura, el Gobierno socialista se la ha jugado con la reforma de la estructura del Estado que se ha puesto en marcha con la revisión del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y ha estado al borde de la catástrofe en más de una ocasión. Tras el debate sobre el estado de la nación celebrado esta semana parece que el Gobierno socialista ha dejado de estar en situación de riesgo por este motivo.
Justamente lo contrario de lo que le ocurre al PP. Si el presidente del Gobierno es el que ha estado en la cuerda floja en varias ocasiones entre el momento en que el Parlamento de Cataluña aprobó la proposición de ley de reforma del Estatuto y el momento en que se puso fin a la negociación en el Congreso de los Diputados, tras la aprobación definitiva del texto en las Cortes Generales y, sobre todo, tras la celebración del debate sobre el estado de la nación esta semana, es el presidente del PP el que se encuentra en una situación muy comprometida. Entre otras cosas porque el discurso con el que ha justificado su oposición a la reforma estatutaria catalana casi no le deja más salida que continuar oponiéndose a todas las demás reformas que van a venir a continuación, empezando por la andaluza.
Si la reforma estatutaria catalana es aprobada en referéndum el día 18, la suerte de la reforma de todos los demás Estatutos de Autonomía estará echada. Y con ello se habrá producido una reforma de la estructura del Estado en su conjunto. No porque se haya reformado la Constitución, como ha pretendido el PP a lo largo de los pasados meses, sino porque se habrán reformado todas las demás normas que constituyen el bloque de la constitucionalidad.
La singularidad de la estructura de nuestro Estado descansa en que está definida no en una norma sino en dos, en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía (en cada uno de los 17 Estatutos de Autonomía) y, en consecuencia, dicha estructura puede ser reformada mediante la reforma de la Constitución o mediante la reforma del Estatuto de Autonomía o mediante la reforma de ambos. Por razones que tienen que ver con los ocho años de Gobierno del PP, se ha empezado por la reforma de los Estatutos, aunque lo ideal es que se hubiera empezado por la reforma de la Constitución. Pero, sea como sea, el caso es que se ha empezado y que ya no va a haber forma de pararla.
El PP está en este momento en fuera de juego, es decir, en una posición estéril. Tiene que tomar la decisión de si va a seguir en esa posición o si, por el contrario, va a rectificar y va a participar en la configuración de la nueva estructura del Estado. Lo que se juega no es la simple supervivencia de su dirección actual, sino su propia supervivencia como partido. El problema ya empieza a no ser Rajoy sino las siglas PP.
