Igualitarismo

Cuando el nuevo Estatuto catalán ha finalizado sin consenso sus trámites en el Senado, y antes de que pueda someterse a refrendo popular, ya ha empezado a suscitar sus inevitables efectos miméticos, pues el pasado 2 de mayo el Parlamento andaluz aprobó también sin consenso su nuevo Estatuto de autonomía, que está prácticamente calcado de su modelo catalán de inspiración. El mimetismo es completo, pues se extiende a los aspectos técnicos (financiación y blindaje de sus nuevas competencias exclusivas, unilateralmente ampliadas), a los simbólicos (con esa inefable expresión de realidad nacional, eufemismo para sugerir la sagrada palabra de nación) y también a los políticos (pues para legitimar su carácter moderado, también se ha imitado el equilibrismo de lograr que el nuevo Estatuto sea rechazado por los dos extremos tanto del PP como del radicalismo local).

Y además, este mimetismo también es explícito, pues sus promotores lo han justificado por su vocación de no ser menos que los catalanes, igualándose con sus privilegios adquiridos. Pero esta explicación igualitarista también es mimética, pues lo mismo sostuvieron los catalanes cuando reclamaban su Estatut de máximos para igualarse con el privilegio foralista de los conciertos vasconavarros. Curioso autonomismo éste, que revela su profunda heteronomía oculta, pues funda sus reivindicaciones no en su propia voluntad, sino en las adquisiciones de los demás. ¿Será el efecto perverso de la vieja envidia española, que mueve a codiciar con pasión los bienes ajenos...?

En cualquier caso, parece inevitable que haya de ocurrir así, pues tamaña deformación procede por vía directa del pecado original cometido por nuestros constituyentes, al diferenciar dos métodos de financiación autonómica: el vasconavarro de concierto foral, que garantiza en la práctica una efectiva soberanía fiscal, y el de todos los demás territorios, sometidos en común al mismo régimen federal. Pero como a su vez la Constitución divide a las autonomías en dos clases, nacionalidades históricas y regiones sin historia, para las que diseña metodologías distintas, de primera y de segunda, el injusto desaguisado no pudo ser más descomunal, pues, a partir de entonces, todos emprendieron una alocada huida hacia delante. Acogiéndose al sagrado principio de la igualdad ante la ley, las nacionalidades históricas como la catalana aspiran a igualarse con el privilegio foral de los vasco-navarros. Y de igual modo, las regiones sin historia como la andaluza aspiran a igualarse con el privilegio nacional de los catalanes. Y este cuento de nunca acabar sólo puede concluir con un final imposible, si se redime su pecado original con la abolición del privilegio foral.

Pero no todo es efecto mecánico de la chapucera ingeniería constitucional, pues aún hay algo más, tal como sugiere Jordi Canal siguiendo a Emmanuel Todd. Este intelectual francés, precursor en anunciar la caída de los imperios soviético y estadounidense, también es autor de una original teoría de Europa, que hace depender su forma política de sus fundamentos antropológicos familiares. Según como sean las relaciones entre los hermanos, si diferenciales o igualitarias, así habrán de ser las respectivas voluntades políticas. En aquellos territorios donde predomina la familia troncal, que reserva la primogenitura para el hereu en detrimento de los demás, se prefiere el diferencialismo excluyente. Así ocurre en nuestras nacionalidades históricas de catalanes, vascos y gallegos, cuyo diferencialismo les mueve a defender los privilegios forales: ayer con las guerras carlistas y hoy con el soberanismo confederal. Pero en los otros territorios donde predomina la familia nuclear igualitaria, que divide la herencia a partes iguales entre todos los hermanos, se prefiere el universalismo igualitario sacralizado por la trinidad revolucionaria: liberté, egalité, fraternité. Es lo que sucede en los territorios de matriz castellana como Andalucía, que rechazan por igualitarismo el privilegio de primogenitura: ayer con la revolución liberal, hoy con el federalismo autonómico.