La Comisión expedienta a España por ampliar las competencias de la CNE

La Comisión Europea acordó ayer abrir un expediente contra España por el decreto-ley del 24 de febrero que reforzó las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pocos días después de que el grupo alemán E.ON presentara una OPA contra Endesa. Bruselas teme que la nueva normativa española suponga "una limitación indebida del libre movimiento de capitales y una infracción del tratado". Bruselas ha dado al Gobierno dos meses de plazo para que responda a la carta de emplazamiento, paso previo del expediente sancionador.

Oliver Drewes, portavoz del comisario de Mercado Interior Charlie McCreevy, manifestó que la Comisión "quiere que España cambie esta legislación y la ajuste de forma debida al derecho comunitario" y que, por esta razón, "hemos iniciado el procedimiento sancionador".

Según el Ejecutivo comunitario, el decreto ley español modifica las funciones de la CNE, la autoridad reguladora de los mercados de gas y electricidad, subordinando a su autorización las tomas de participación superiores al 10% (o suficientes para conceder una influencia notable). El decreto ley detalla los motivos sobre los cuales la CNE puede fundar o rechazar sus decisiones, como, por ejemplo, la existencia de riesgos ligados a ciertas actividades así como "la protección del interés general y de los aspectos ligados a la seguridad pública".

Censura

La Comisión, por su parte, censura este lenguaje por "el carácter vago e indeterminado de estos motivos que dejan un amplio poder discrecional a las autoridades españolas". En conclusión, la Comisión Europea estima que los poderes especiales concedidos por el decreto ley del pasado febrero "suponen un riesgo de limitar indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de libre establecimiento".

McCreevy ya se había dirigido a las autoridades españolas, el pasado 3 de marzo, mediante una dura carta en la que pedía al Gobierno español explicaciones y detalles sobre el alcance y contenido del decreto ley del pasado febrero y estimó insuficientes las posteriores explicaciones facilitadas por el Gobierno español.

España tiene ahora un plazo de dos meses, que finaliza alrededor del próximo 3 de julio, para contestar a la carta de emplazamiento. El portavoz Oliver Drewes precisó que la Comisión confía en que la respuesta de las autoridades españolas sea satisfactoria para no tener que iniciar la segunda fase de procedimiento de infracción, que es el envío de un "dictamen motivado", último paso antes de la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión ya había abierto antes otros dos expedientes contra España en el sector energético y también otro contra Italia por las restricciones impuestas a dos bancos extranjeros (BBVA y Amro Bank) para la toma de posiciones en entidades italianas e igualmente contra Francia por los obstáculos establecidos contra las compras extranjeras en 11 sectores estratégicos.

Bruselas interpretó desde el primer momento que la decisión del Gobierno español era una medida protectora de la primera eléctrica española, Endesa. El Ejecutivo de Madrid había autorizado previamente, con condiciones, la OPA presentada meses antes por Gas Natural. La autorización del Gobierno español fue, sin embargo, suspendida de forma cautelar el 21 de abril por el Supremo español en una reñida votación de 18 votos contra 14. Por el contrario, la OPA del grupo alemán E.ON fue aprobada cuatro días después por Bruselas.

La Comisión examina también el papel del Gobierno francés en los planes de fusión de Gaz de France y Suez, que desbarataron los proyectos del grupo italiano Enel para adquirir Electrabel.

El frente de Bruselas, informa Ariadna Trillas, se sobrepone al enredado ovillo jurídico en torno a las OPA sobre Endesa. La eléctrica ha disparado un último cartucho contra la oferta de Gas Natural, con otro recurso ante la Audiencia Nacional. En esta ocasión, contra la aprobación de la OPA de la gasista por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tuvo lugar el pasado 27 de febrero.

El recurso fue interpuesto el 3 de abril, según consta en el registro de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Endesa, que en su escrito no pide medidas cautelares, dio el paso una vez ya contaba a su favor con la suspensión cautelar de la OPA de la gasista decidida por el juzgado mercantil número 3 de Madrid el 21 de marzo.