La Audiencia de Sevilla juzgará 14 años después y por segunda vez el 'caso Ollero' con menos delitos

El caso Ollero, intruido por el presunto pago de comisiones en la adjudicación de carreteras andaluzas, ha llegado de nuevo a la Audiencia de Sevilla para su segundo juicio, tras la anulación en el Tribunal Constitucional de las escuchas telefónicas en que se basó la primera condena. Fuentes judiciales explicaron que, tras la nueva instrucción en los últimos dos años y medio, la Fiscalía no ha acusado al ex consejero socialista de Obras Públicas Juan José López Martos, absuelto por la Audiencia de Sevilla y luego por el Tribunal Supremo. En cuanto a Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta, el fiscal sólo le imputa ahora un delito de revelación de secretos, por lo que ha retirado su anterior acusación por cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada. A su hermano Jorge Ollero, que fue detenido con un maletín con 22 millones de pesetas fruto de la presunta comisión ilegal, el fiscal le imputa el mismo delito de tráfico de influencias que en 1997.

En cuanto a los dos directivos de la constructora OCISA, sólo les imputa falsedad en documento mercantil y cohecho, por lo que ha retirado los delitos de presentación en juicio de documento falso, contrato simulado y tráfico de influencias. El caso Ollero comenzó a investigarse en 1992 y fue uno de los más voluminosos tramitados en Sevilla, por lo que tras la nulidad dictada por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2003, el juzgado de instrucción 17 tuvo que repetir la fase de calificación sin los "pinchazos" telefónicos.

Una de las consecuencias de dicha anulación es que el tribunal que emitió la primera sentencia, la Sección Primera de la Audiencia, se considera "contaminado" y el caso debe enjuiciarse con una composición totalmente distinta, por lo que han sido designados por sorteo los jueces Juan Romero, Margarita Barros e Inmaculada Jurado. En 2001, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia de Sevilla que, entre otros, condenó a un año de inhabilitación para cargo público al ex director general de Carreteras y a su hermano a tres meses de arresto por tráfico de influencias. También fueron condenados J.R.B. y L.N.M., ex presidente y director financiero de la constructora Ocisa, a la que la Junta adjudicó en 1992 la obra objeto del juicio, Las Salinas-Pedrizas.

Tras 14 años se han retirado también las acusaciones particulares que ejercieron el PP, IU y el PA, y sólo la Junta de Andalucía ejerce la acusación junto con el fiscal Miguel Benito, quien se jubiló en 2004 pero ha sido nombrado fiscal emérito del Supremo para poder enjuiciar la causa.