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La Fiscalía de Milán pide que se procese a Berlusconi a un mes de las elecciones

El ministro de Sanidad italiano dimite por su implicación en una trama de espionaje político

Enric González

La justicia italiana irrumpió ayer en la campaña electoral. La Fiscalía de Milán pidió un nuevo procesamiento para Silvio Berlusconi, acusado esta vez de corrupción de testigos en acto judicial. Según los fiscales, Berlusconi pagó 600.000 dólares (500.000 euros) a su abogado británico David Mills para que mintiera a su favor en dos juicios anteriores, en 1997 y 1998, de los que salió absuelto. El propio Mills, esposo de la ministra británica de Cultura, Tessa Jowell, admitió en 2004 ante los fiscales que había mentido y cobrado por ello, aunque luego se retractó. La Fiscalía milanesa forzó también la dimisión del ministro de Sanidad, Francesco Storace, al implicarle en una trama de espionaje contra rivales políticos.

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El enésimo problema judicial de Berlusconi estaba previsto desde hacía tiempo, y había provocado ya una tormenta política en el Reino Unido a causa de la relación marital entre la ministra Jowell y el abogado presuntamente corrupto. Los letrados de Berlusconi estaban convencidos de que sería aceptada su petición de que se realizaran investigaciones adicionales sobre unas cuentas cifradas de un banco de las Bahamas y que, por tanto, la petición de envío a juicio se produciría tras las elecciones.

La fiscalía, que en Italia realiza funciones similares a las de los jueces instructores en España, rechazó el jueves las seis páginas de peticiones de la defensa e impidió toda dilación. La solicitud de procesamiento del presidente del Gobierno cayó como una bomba sobre la campaña electoral: la oposición aplaudía a los jueces y la coalición de Berlusconi les acusaba de condicionar "de forma indecente" las elecciones del 9 de abril.

El abogado David Mills, uno de los más cotizados de la City londinense, organizó para su cliente Silvio Berlusconi desde finales de los años ochenta una red de sociedades instrumentales y de cuentas bancarias en paraísos fiscales. El objetivo era el de eludir impuestos por una vía oscura, pero legal, y permitir que el holding Fininvest y el grupo televisivo Mediaset pudiera adquirir derechos de películas estadounidenses fuera del alcance de la Hacienda italiana.

Como experto en las finanzas berlusconianas, Mills declaró en calidad de testigo en dos juicios, celebrados en 1997 y 1998, en los que se acusaba a su cliente de evasión de impuestos. Mills dio explicaciones convincentes y Berlusconi salió bien gracias a la habitual combinación de prescripciones y falta de pruebas. Seis años después, el 2 de febrero de 2004, Mills envió a sus colegas de bufete un memorándum en el que confesaba haber recibido de Berlusconi un regalo de 600.000 dólares en agradecimiento por su actuación en los juicios de 1997 y 1998. En ese texto, Mills indicó que el dinero le había llegado desde un banco de Bahamas a través de Carlo Bernasconi, un ejecutivo de Fininvest fallecido poco después.

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La Fiscalía de Milán tuvo conocimiento del memorándum y llamó a declarar al abogado, quien el 18 de julio de 2004 confirmó que los 600.000 dólares constituían el pago por haber mentido a favor de Berlusconi. Mills habló con franqueza porque el delito de falso testimonio había prescrito. No contó, al parecer, con que podía ser procesado por corrupción. Cuando supo que los fiscales italianos le habían incluido en un sumario bajo la hipótesis de corrupción en acto judicial en compañía de su cliente, se retractó de la declaración de julio.

Transferencia desde Bahamas

El 7 de noviembre de 2004 efectuó una nueva en la que afirmó que los 600.000 dólares pertenecían a otro de sus clientes italianos, el financiero Diego Attanasio. Esta vez no contó con el hecho de que cuando se efectuó la transferencia desde Bahamas, Attanasio estaba en la cárcel de Salerno y no podía dar órdenes a los bancos. En una rectificación adicional, Mills explicó que Attanasio le había entregado antes de ingresar en prisión varias órdenes bancarias, firmadas y en blanco, para que se ocupara de la gestión de su patrimonio. El dinero, insistió, era de Attanasio. No explicó por qué había utilizado los 600.000 dólares supuestamente ajenos para pagar la hipoteca de una casa que compartía con su esposa, la ministra Jowell.

El jefe de los abogados de Berlusconi, Niccoló Ghedini, parlamentario de Forza Italia, solicitó que se investigaran las cuentas extranjeras de Attanasio para confirmar la inocencia de su cliente. Los fiscales lo hicieron y descubrieron que, en efecto, había sido el propio Mills quien, utilizando cuentas de Attanasio, se había pagado a sí mismo haciendo pasar el dinero de Berlusconi a través de cuentas ajenas, entre ellas una de Flavio Briatore, el patrón de Fernando Alonso en el equipo Renault de fórmula 1. Tanto Attanasio como Briatore afirmaron que Mills había actuado sin informarles.

La semana pasada, mientras cerraba las investigaciones del caso Mills, la Fiscalía de Milán abrió otro sumario potencialmente devastador para el centroderecha italiano. En el sumario, que condujo a la detención de una docena de detectives privados y de dos suboficiales de la Guardia de Finanzas, se estableció la hipótesis de que Francesco Storace (Alianza Nacional) creó a principios de 2005 una red de espionaje político para desacreditar a sus dos rivales en las elecciones regionales del Lazio, Piero Marrazzo (centroizquierda) y Alessandra Mussolini (neofascistas). Marrazzo ganó las elecciones y Storace perdió su puesto de gobernador, pero fue inmediatamente nombrado ministro de Sanidad. Ayer se vio obligado a dimitir "para no dañar las perspectivas electorales" de Berlusconi.

Silvio Berlusconi, anoche en el plató del programa televisivo <i>Matrix,</i> de Canale 5.
Silvio Berlusconi, anoche en el plató del programa televisivo Matrix, de Canale 5.REUTERS

Oxígeno para una izquierda que no despega

El centro-derecha italiano acusó ayer en bloque a la Fiscalía de Milán, de la que ya habían partido todos los juicios anteriores contra Silvio Berlusconi, de condicionar las elecciones del 9 y el 10 de abril y de actuar de forma descarada en favor del candidato de la oposición del centro-izquierda, Romano Prodi.

Paolo Bonaiuti, subsecretario de Comunicación y portavoz del presidente del Gobierno, afirmó que los fiscales se comportaban "de forma indecente" y tenían como único objetivo el de impedir que los ciudadanos italianos se expresaran libremente en las urnas. En términos similares se explayaron los demás líderes del centro-derecha y los abogados del propio Berlusconi.

Prodi y el conjunto de la oposición intentaron reaccionar de forma comedida y pronunciaron frases genéricas de apoyo a la justicia. Resultaba evidente, sin embargo, que las acciones judiciales contra Berlusconi y contra Storace podían tener un efecto decisivo en el resultado electoral, dado que hasta las convulsiones registradas ayer los sondeos otorgaban al centro-izquierda una ventaja muy estrecha, de unos cuatro puntos, que podría no resultar suficiente para conquistar la mayoría en el Senado.

El ex ministro Storace afirmó que las hipótesis de los fiscales, lejanas por el momento de acusaciones concretas, no eran más que "una lluvia de fango y calumnias", y explicó que había pagado a varios de los detectives detenidos tan sólo para que verificaran que su despacho oficial estaba libre de micrófonos ocultos.

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