El Tribunal de Cuentas pide que los implicados en el cobro irregular de pensiones en FGC avalen la cantidad recibida
Los perceptores de un plan de pensiones irregular constituido en los años noventa en Ferrocarrils de la Generalitat deberán avalar las cantidades devengadas. Así lo establece un edicto del Tribunal de Cuentas, que instruye el caso, publicado ayer por el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El texto, redactado en un castellano poco ordinario, establece que la cantidad que avalar es de 3.261.790,36 euros, pero no precisa quienes son los implicados. El objetivo del aval exigido es garantizar que el erario público pueda reintegrar el dinero abonado a 15 directivos de la empresa en diversas fases, en el caso de que el tribunal establezca que el pago, además de irregular, fue ilegal y que la empresa debe ser compensada y recuperar el dinero abonado.
El edicto abre la posibilidad a que se personen en el proceso quienes estén de acuerdo con el reintegro del dinero a la caja de la empresa y también quienes rechacen esta posibilidad. Ferrocarrils de la Generalitat aprovechará, probablemente, el anuncio para intervenir, siguiendo las instrucciones y facultades que el Consejo de Administración otorgó a su presidente, Joan Torres.
El plan de pensiones, constituido en los años noventa, se formalizó a espaldas del Consejo de Administración de la empresa y permitió que una quincena de altos cargos participaran en él. El plan se mantuvo hasta el año 2000, cuando Antonio Herce, entonces presidente, pero director financiero en el momento de formalizarse el plan, decidió disolverlo ante las dudas sobre su legalidad.
Previamente, los directivos que habían abandonado la empresa habían ido cancelando el plan y recuperando las aportaciones. La persona que más dinero percibió fue Enric Roig, que ocupó los cargos de director general, primero, y presidente, después. Roig cobró más de un millón de euros. De los 15 directivos que recibieron dinero, tres siguen en la empresa y han venido intentando, infructuosamente, que la dirección les garantizara que no tendrían que devolver nada y que declarara estar a favor de ellos, en lo que tampoco han tenido éxito. En cambio, los sindicatos han emitido diversos comunicados en los que plantean el escaso efecto moralizador que tiene el hecho de que los mismos directivos que les negaban aumentos mínimos en el convenio se repartieran luego sobresueldos millonarios.
El Tribunal de Cuentas no ha hecho públicos los nombres de las personas que deben avalar, aunque fuentes conocedoras de la instrucción aseguraron a este diario que hay dos nombre seguros: Roig y Miquel Llevat, que fue director y autorizó los pagos. Cabe también que resulte implicado Antonio Herce, por haber permitido el pago, incluido el propio, tras disolver el fondo.
