Daños al corazón del mercado único europeo
El mercado único, un pilar básico de la Unión Europea (UE) desde su fundación, peligra. Varios países miembros se muestran reacios a proseguir su construcción; se oponen, por ejemplo, a la directiva de los servicios. Incluso intentan debilitar el funcionamiento de aquellos componentes del mercado único que ya están en vigor, y se oponen a las absorciones extranjeras. Lo preocupante es que el epicentro de esta revuelta contra el mercado único se localiza en países que constituyen el núcleo de la moneda única. Para poder proporcionar las ventajas que se esperan del euro, la eurozona necesita tener un mercado más unificado que el resto de la UE, pero el que tiene ya lo está menos. El euro, pensado como logro máximo del mercado único, parece cada vez más una moneda en busca de mercado.
Los recientes signos de reaparición del nacionalismo económico son motivo de preocupación, pero también un indicador del éxito. La actual oleada de fusiones internacionales, que está induciendo a algunos gobiernos a tomar medidas, simplemente no se habría producido si el mercado único y la competencia no hubieran avanzado tanto en la realidad de la economía y en la actitud de la comunidad empresarial. Tras una fase de fusiones y adquisiciones principalmente nacionales, las empresas aprovechan el mercado único para efectuar muchas más transacciones transfronterizas. Los directivos empresariales ya no están dispuestos, como solían estar en el pasado, a renunciar a los planes de adquisiciones internacionales sólo porque las autoridades nacionales den señales desalentadoras con sus palabras, o con un simple movimiento de cejas.
Hace sólo unos años, el Banco Santander español fue una excepción al recurrir a la Comisión Europea para superar los obstáculos erigidos por Portugal a la fusión con Champalimaud. Ahora esta osadía se está convirtiendo en la norma cuando una empresa se enfrenta a obstáculos que considera ilegales. ABN Amro, el banco alemán, adoptó un planteamiento similar respecto a Italia el año pasado. No cabe duda de que los grupos E.ON, de Alemania, y Enel, de Italia, harán lo mismo si se enfrentaran a medidas que consideraran ilegales por parte de las autoridades españolas y francesas, respectivamente.
No es de extrañar que, a medida que la "persuasión moral" o las amenazas veladas se vuelven menos eficaces, los gobiernos se sientan más tentados a usar la oposición directa. Sin embargo, antes de sucumbir a la tentación, deberían estudiar a qué patrie sirven realmente con su patriotisme économique. En muchas ocasiones, resulta ser la patrie de patrons concretos más que la de la comunidad empresarial en general, por no hablar de los consumidores y la economía en su totalidad. (Uso aquí expresiones francesas sólo porque son mejores para denotar un fenómeno extendido en todo el continente europeo).
La renuencia a abrir el mercado al control empresarial es de hecho más fuerte en Francia y Alemania, los países que también se opusieron al establecimiento de directivas más liberales sobre las absorciones y los servicios. Éstos y otros países de la eurozona han estado demorando en muchos sentidos y desde hace varios años la realización del mercado único en toda la UE. Además, se hacen los distraídos a la hora de permitir que el mercado único, en la medida en que ya existe sobre el papel, funcione plenamente en el tejido de sus economías internas. De hecho, son más lentos a la hora de trasladar las directivas del mercado único a la legislación nacional y son denunciados ante el Tribunal Europeo de Justicia con más frecuencia que otros por infracciones relacionadas con las normas del mercado único.
La adhesión a la moneda única, pero no realmente al mercado único, es una receta para los malos resultados económicos internos, y puede acabar creándole problemas al euro, o como mínimo a su aceptación por parte de la opinión pública. Los gobiernos no sólo deberían reflexionar sobre el fondo, sino también sobre las percepciones. Tomemos el caso de Gaz de France y Suez. Los mercados financieros decidirán si se producirá la fusión anunciada o si acabarán triunfando otros compradores en potencia de Suez (Enel u otros). Y la Comisión Europea dirá si la fusión presenta problemas con respecto a las normas del mercado único y la competencia.
Pero ya ha tenido una consecuencia irreversible. La decisión del Gobierno francés de que la fusión deberá ser anunciada por el primer ministro y el ministro de Economía, junto con los presidentes de las dos empresas, probablemente haya grabado en la mente de millones de ciudadanos europeos que no se trata de una simple operación de mercado como otra cualquiera. La ayuda moral y política del Gobierno -no sólo como accionista de Gaz de France- no podría haber quedado más clara. A esos ciudadanos no les importaría realmente que se tratase de una "ayuda estatal" en el sentido jurídico. No nos debería sorprender que, en ocasiones futuras, en otros países, se politizaran las transacciones interfronterizas. En este contexto general para el mercado único, tan prometedor y tan crítico al mismo tiempo, la función de la Comisión Europea como ejecutor imparcial de las leyes debería seguir teniendo una importancia primordial.
Mario Monti es presidente de la Universidad Bocconi de Milán y ex comisario del Mercado Interior y de la Competencia de la UE. Este artículo ha sido publicado inicialmente en el Financial Times. Traducción de News Clips
