Papeles a remolque
Sumándose al carro de la devolución al Gobierno catalán de los papeles del Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el Consejo de Gobierno vasco expresó en su sesión de 14 de febrero pasado una demanda similar. Y para reforzar la misma, sincronizadamente, mandó por delante una semana antes a su senador nacionalista Francisco Maqueda para litigar con la ministra de Cultura en una pregunta parlamentaria. No anduvo fina la señora Calvo en su respuesta. La legitimidad de origen del Gobierno vasco presidido por Aguirre no es distinta de la de la Generalitat catalana, por mucho que ésta funcionara desde 1932. Las Cortes que aprobaron el Estatuto Vasco un 1 de octubre de 1936 eran las legítimas Cortes de la República, y ése y no otro es el principio de legitimidad del Estatuto y de su Gobierno consiguiente. Es más, no se acierta a ver la diferencia de legitimidades de los posteriores gobiernos en el exilio, el español, el vasco o el catalán. La réplica de la consejera de Cultura del Gobierno vasco, Miren Azkarate, fue tan fácil como contundente. Lo difícil era errar el tiro.
El Gobierno vasco tiene la misma legitimidad para recibir los originales de Salamanca que la Generalitat catalana
La ministra terminó su diálogo con el senador Maqueda con una afirmación: "A los vascos, al igual que al resto de los españoles, les serán devueltos aquellos documentos una vez acrediten que son suyos". Y lo harán, añadió, "siguiendo el procedimiento que se establezca y a través de las comunidades autónomas". Una solución que se antoja compleja. ¿Por qué? Porque está pensando en que solo existen "papeles vascos" de particulares, y no de un gobierno que reclama su devolución con arreglo al criterio con el que se trataron los documentos de la Generalitat catalana. Item plus: uno de los problemas de la "devolución catalana" es que los papeles que han viajado a Sant Cugat no son sólo los de la Generalitat sino también los de muchos particulares y muchas organizaciones, no precisamente gubernamentales. Así, no es de extrañar la denuncia hecha, por ejemplo, por la CNT, ahora obligada a reclamar sus papeles a la Generalitat, de la que puede acabar recibiendo una copia del original. ¡Qué ironía! La legitimidad territorial, encarnada en sus gobiernos, parece ser hoy en España la única existente: de un plumazo nos vamos cargando los derechos de organizaciones políticas y sindicales y de los particulares. Un error que no debería reproducirse en un supuesto de devolución de "papeles vascos".
¿Qué "papeles vascos"? Tenía razón la ministra cuando advirtió que, a diferencia de Cataluña, el grueso de papeles del Gobierno vasco de entonces y de después, del exilio, no está en Salamanca, sino en una institución privada, el Archivo del Nacionalismo de Artea, propiedad de la Fundación Sabino Arana del PNV. Añado: y que los "papeles vascos" de Salamanca ya están en microfilm en Bergara, en el Centro de Patrimonio Documental de Euskadi Irargi, dependiente del Gobierno vasco. A diferencia de Cataluña, que lleva décadas dando pasos efectivos para la consolidación de instrumentos culturales básicos, como puede ser un archivo histórico, aquí nuestro Gobierno reclama originales a otro gobierno cuando no cuenta con una institución de archivo pública que respalde su petición. Lleva un cuarto de siglo gobernando y sigue pidiéndose y no haciendo un archivo para llevar ésos y otros papeles. Y entre los otros cuento los producidos después de veinticinco años de actual gobierno e instituciones vascas, que en su mayoría deberían estar ya formando parte de un archivo histórico. O, por ejemplo, reclama con dramatismo lo de Salamanca mientras deja hace solo un lustro que un magnífico archivo sobre la guerra civil en el País Vasco, el fondo Huarte de Jáuregui, fue adquirido por un precio más que asequible por el Centro de Estudios Vascos de Reno (Nevada, Estados Unidos), sin observarse su disputa por parte de nuestro Gobierno. No se trataba de una biblia protestante en euskera. Será eso.
Los "papeles vascos" de Salamanca expresan una vez más la realidad de nuestro pequeño país y del gobierno de nuestro pequeño país: son más capaces para la reclamación que para la obra propia. Tiene el Gobierno vasco, entiendo, la misma legitimidad para recibir los originales de Salamanca que la Generalitat catalana. Pero va a remolque de ella, una vez más. No tiene un archivo como el de Sant Cugat para decirle al Gobierno español que los papeles de Salamanca van a estar aquí tan bien custodiados y utilizados como allá. Y ésta no es cuestión baladí, sino que expresa lo profundo de su política: le interesa más seguir viviendo de la explotación del fuero, de la demanda, que trabajando en su casa y con lo que puede el huevo, un archivo y una política cultural de compras sensata y coherente, en este caso. Reclama derechos pero infrautiliza sus muchas competencias. Se mueve mejor reclamando lo que no tiene que poniendo en activo lo que disfruta. Es, en definitiva, la recurrente e ineficaz práctica política de la melancolía.
No es condición "sine qua non" el tener un archivo público que pueda recibir ese nombre para poder reclamar los papeles de Salamanca. La legitimidad de la demanda y las incapacidades políticas son dos cosas distintas. Pero una política coherente al respecto de la historia y de la memoria en el País Vasco, con instrumentos culturales para su desarrollo, proporcionarían la seguridad a la ciudadanía vasca de que no es un nuevo lloriqueo partidista del nacionalismo, con más intención propagandístico-política que otra cosa, sino que se trata de una legítima demanda de unos documentos pertenecientes a una institución de todos los vascos. En ese momento, habría que pedir con el mismo entusiasmo a Salamanca y a Artea.
Antonio Rivera es catedrático de Historia Contemporánea de la UPV y parlamentario socialista vasco.
