El juez Calatayud vincula el fracaso escolar y la delincuencia
Uno de los antecedentes del delincuente menor de edad es el fracaso escolar. El juez de menores de Granada Emilio Calatayud atribuyó ayer una enorme responsabilidad a la escuela al afirmar que "el 82% de los jóvenes que delinquen está al margen del sistema educativo". "Si se resuelve el fracaso escolar se resolverá el 82% de la delincuencia de menores en Andalucía", dijo el juez durante las Jornadas Andaluzas sobre Laicismo y Transmisión de Valores, organizadas por la Confederación de Organizaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de Andalucía (Codapa), que concluye hoy en Sevilla.
La estadística a la que se refiere el juez proviene de los casos de los 80 chavales que envió a un reformatorio y los 800 que cumplen medidas en medio abierto el pasado año. "El 30% de los chicos privados de libertad apenas sabía leer ni escribir", apuntó Calatayud.
"La escuela debe colaborar con los jueces de menores y la Educación debe complementarse con la Justicia, sobre todo porque ocurren cosas en un colegio que competen más a un juez o un fiscal que a un maestro", señaló Calatayud. Esta misma semana, la incursión en un colegio de Sevilla de varios jóvenes con bates de béisbol o que un grupo de estudiantes grabara en móviles vejaciones a otra alumna con síndrome de Down han despertado el fantasma de la conflictividad en los centros andaluces.
Calatayud exhortó ayer a que "los profesores trabajen con la Ley del Menor en la mano, que hagan saber cuáles son los derechos y deberes de los estudiantes, y también qué es lo que la Justicia les reserva sin infringen las normas". Con ésta idea, el juez puso en marcha en Granada un programa de colaboración con todos los colegios para que los alumnos visitasen los juzgados de menores y viesen las condenas contra chavales de su edad.
Lo que ayer Calatayud recordó está en consonancia con el reciente informe del Consejo Escolar de Andalucía que destapó los casos de indisciplina y violencia que hay en la comunidad y que ha inspirado una nueva normativa. Tanto el informe, como el discurso del juez de Granada, descartaron que la expulsión de un alumno sea una medida correctora que funcione.
