El Estatuto invisible
Las responsabilidades que nuestra Constitución otorga al Estado en materia normativa de ámbito nacional han sido frecuentemente tensionadas por los partidos nacionalistas desde 1978. La existencia de gobiernos de coalición en el País Vasco, posteriormente en Cataluña, y, mas recientemente en Galicia, con decisiva presencia nacionalista, no han hecho sino reforzar esta tendencia. Las consecuencias de esta situación sobre la gobernabilidad de España hacen que los problemas corrientes estén, con demasiada frecuencia, ausentes del debate parlamentario. La metafísica sustituye a la física.
Es posible que la actual bruma estatutaria no despeje hasta el final de la presente legislatura, por ello el Ejecutivo haría mal en no atender otros ángulos no contemplados en los Estatutos de Autonomía que han sido desarrollados, de manera imperceptible, en España durante los últimos veinticinco años. Y lo cierto es que en un mundo globalizado, el principio de subsidiaridad tiene límites que los gobiernos nacionales no pueden eludir y, mucho menos, delegar en organizaciones territoriales que, desde una perspectiva de Estado, pueden erigir barreras de imposible demolición una vez interiorizadas políticamente.
En un entorno de cambio vertiginoso, las CC AA deben coordinar sus arquitecturas de información para prestar servicios públicos que, por definición, tienen escala nacional, aunque la gestión de los mismos se confiera estatutariamente a nivel autonómico. Pensemos, sino, en la sanidad, la seguridad, la justicia, etc. En paralelo, la cooperación de las CC AA en el desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de información sobre los que se apoyan dichos servicios, debe desarrollarse desde postulados y reglas promovidas desde los poderes de ámbito nacional. De no actuar ahora, en unos años dispondremos de 17 sistemas, eventualmente incompatibles, de historial médico electrónico, de receta electrónica, de alertas y protocolos ante ataques terroristas, físicos o cibernéticos, de transmisión de información judicial... y hasta puede que de los sistemas de predicción meteorológica.
La gestión de la sanidad, de las emergencias y de la justicia, entre otros, son servicios estratégicos prestados por las CC AA que, en el momento presente, presentan distintos niveles de calidad, coste y accesibilidad en función de la gestión de los mismos y de las dotaciones presupuestarias asignadas por cada gobierno autonómico. Desde una concepción física de la prestación de estos servicios, los ciudadanos pueden evitar los déficit locales trasladando la prestación de los mismos desde una comunidad a otra (en la sanidad, muchas veces, en la justicia, cuando es posible, en las emergencias, desgraciadamente nunca). Son perfectamente conocidos los desequilibrios presupuestarios que produce en los gobiernos autonómicos de este tipo de movilidad ciudadana.
Cuando nos adentramos en el campo conceptual de la prestación de los servicios públicos, la información (datos del paciente, alertas de catástrofes, protocolos de actuación, expedientes judiciales) se mueve más aprisa que las cosas o las personas (médicos, policía, bomberos, resoluciones) y puede contribuir a que la relación entre los tres niveles administrativos del Estado sea mucho más fluida. La sanidad sin escalones, la continuidad del servicio eléctrico o bancario ante una catástrofe, la agilidad de los procesos judiciales, descansarán mucho más en las TIC que en la provisión de nuevos recursos humanos, lo que redundará, además, en una mayor calidad en la prestación y en mayores cuotas de eficacia y eficiencia en la gestión. Este nuevo escenario conceptual requiere que las administraciones puedan "hablar electrónicamente" entre si, de lo contrario estaremos posibilitando la aparición de silos de información, sin comunicación transversal, por la ausencia de sistemas interoperativos entre ellas.
La amenaza de un "nuevo desarrollo autonómico electrónico" puede llevarse a cabo de manera invisible, sin que quepa interponer recursos inconstitucionales, ya que las barreras que se construyen, consciente o inconscientemente, son inobservables a corto plazo, aunque puede que se sufran a medio y largo. Las enormes ventajas que presenta la sociedad de la información, tan atractivas, como evidentes en el sector privado, pueden malograrse si los gobiernos autonómicos blindan sus territorios con arquitecturas y sistemas de información incompatibles con sus homólogos de otras CC AA y, por ende, con los de otras partes del mundo. Este es un problema eminentemente político, en el que la tecnología puede ser un eficiente lubricante, o un pertinaz obstáculo, para el progreso socioeconómico de los territorios de España.
Es preciso pensar en sistemas que permitan el intercambio de información crítica desde, y hacia, cualquier punto de España o, incluso, del mundo. Un sistema basado en Internet, utilizando estándares abiertos (no propietarios), sin que la información resida en una base de datos centralizada (evitando, así, suspicacias autonómicas), permitiendo que fluya a través de la red de una manera distribuida pero coordinada. Pensamos, por tanto, en un entorno en red, antes que en un entorno centralizado, con altas prestaciones en materia de seguridad y privacidad, que toma al ciudadano como centro de su razón de ser.
Por otra parte, es conocido que los procesos de estímulo de políticas de ámbito nacional deben ser liderados desde el gobierno de la Nación. En muchas ocasiones, adelantarse a veleidades aislacionistas evita, en primera instancia, recursos inconstitucionales, y, en segunda, confrontaciones tan excesivas, como estériles. Promover políticas de ámbito nacional en el campo de la armonización de tecnología estratégica, sobre la que se gestiona y se transmite, tanto información crítica, como datos, de manera absolutamente segura, no recae en el territorio de los informáticos, sino en el de los políticos.
El Ejecutivo no puede, parafraseando a Paul Krugman, adoptar una actitud Can't-Do Government. El reciente anuncio realizado desde el Ministerio de Administraciones Públicas sobre una próxima ley de coordinación de las competencias autonómicas nace con dudas razonables dada la discreta vocación cooperativa mostrada por algunos departamentos ministeriales en materias tan relevantes como las políticas hídrica, energética, de infraestructuras, etc.
La Administración se moderniza mucho más posibilitando la transmisión electrónica de los historiales médicos a lo largo de todo el territorio nacional, que permitiendo rellenar desde casa, mediante un ordenador, un formulario para obtener una beca. La existencia de redes de intercambio de información crítica en materia sanitaria, judicial o terrorista, utilizando estándares de interoperabilidad, seguridad y privacidad debidamente certificados, con procedimientos claros de quien genera los datos y quienes pueden usarlos, etc. supone utilizar la tecnología desde planteamientos políticos de servicio público. Ninguna Comunidad Autónoma, ni siquiera la Valenciana, debe ser invisible ante este reto capital.
José Emilio Cervera es economista. (jecervera@jecervera.com)
