El Gobierno fija con la Generalitat el uso en la UE del valenciano

La consejera de Cooperación, Gema Amor, acordó ayer con el Ministerio de Administraciones Públicas el uso del valenciano en las instituciones de la Unión Europea. En una reunión en Madrid, a la que también asistieron representantes del resto de autonomías que disponen de una lengua oficial distinta de la del castellano, Amor mostró su conformidad con los borradores de acuerdo elaborados para poder utilizar las lenguas cooficiales españolas en el Comité de Regiones, el Parlamento Europeo y la Comisión. El objetivo de la consejera, que podrá cumplirse tras la reunión de ayer, es que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pueda utilizar el valenciano en la reunión del Comité de Regiones prevista para el próximo día 16 en Bruselas. Amor explicó que la posibilidad de que un ciudadano pueda dirigir en valenciano un escrito a la Unión Europea tendrá que esperar todavía un tiempo, ya que falta establecer el mecanismo para que pueda enviar su petición y se le conteste en la misma lengua.

Amor reiteró su satisfacción porque el acuerdo para poder utilizar las lenguas cooficiales españolas en la UE no incluye ninguna denominación conjunta para el valenciano y el catalán. El secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro, aseguró hace unos días en la presentación de la petición al Consejo de la UE que "se podrá hablar en catalán-valenciano, gallego y euskera" en el próximo pleno del Comité de las Regiones.

Biblioteca Nacional

Por otra parte, el Gobierno central justifica con "razones de orden estrictamente lingüístico" y otras de carácter "jurídico" la decisión de la Biblioteca Nacional de utilizar únicamente en la catalogación de libros los indicativos correspondientes al catalán, vasco y gallego.

En una respuesta con fecha de 17 de octubre a una interpelación del diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, el Ejecutivo asegura que existen "además de razones de orden estrictamente lingüístico, que han concretado los especialistas, razones jurídicas que avalan la postura de la Biblioteca Nacional y determinan su plena legalidad y constitucionalidad, puestas de manifiesto por el propio Tribunal Constitucional y por el TSJ de la Comunidad Valenciana". En esta línea, el Gobierno afirma que la Biblioteca Nacional "cumple las normas internacionales de catalogación y las normas universalmente establecidas en el campo de la ciencia y de la técnica, siguiendo al efecto la lista de códigos de lengua que corresponde a los formatos MARC21, la norma ISO 639-2, de códigos de lengua, y los encabezamientos de materia aceptados internacionalmente". "Y es con arreglo a esas normas por lo que la Biblioteca Nacional utiliza y reconoce los indicativos correspondientes a las lenguas catalán, vasca y gallega", añade.

La argumentación indica que, para la catalogación bibliográfica, los códigos de lengua no se corresponden necesariamente con la denominación oficial del ordenamiento jurídico español".