Terrazas poco edificantes

La multa de 30.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona a una vecina que cerró una terraza sin permiso ha disparado las alarmas de un conjunto de vecinos que, durante años, había hecho lo mismo tras comprobar la tolerante actitud municipal. Tolerancia que, eso sí, se quebraba cuando había una denuncia, en general de algún vecino. "De las inspecciones municipales", explica el gerente de Urbanismo, Ricard Massaguer, "menos del 20% son de iniciativa municipal, la mayoría son denuncias de alguien que se siente perjudicado".

Los vecinos con cerramientos en balcones, terrazas y otros espacios ocupables quieren cambiar la situación: menos permisividad y las cosas más claras. Ellos pretenden la legalización de las obras realizadas. Convergència i Unió (CiU) respalda esta posición a condición de que se encuentre un mecanismo para pagar al Ayuntamiento por el incremento de espacio conseguido, según su concejal, Joan Puigdollers. El equipo de gobierno, en cambio, no está por la labor: "Una cosa es no perseguir y otra legalizar la situación", afirma un representante municipal. En su opinión, la ciudad no puede permitirse aumentar a cualquier precio el volumen construido y los cimientos de las casas, tampoco.

El Ayuntamiento de Barcelona investigará los cerramientos de sus inmuebles

Por si la cosa se endurece, la asociación de vecinos con cerramientos ha encargado un análisis de la situación, con vistas a negociar con el municipio. De acuerdo con sus datos, unas 79.000 viviendas tienen algún tipo de cerramiento, formalmente ilegal, pero tolerado, y lo que es más chocante: las administraciones lo hacen por norma. La asociación ha puesto en circulación fotografías de edificios del propio Ayuntamiento de Barcelona, del Parlament, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, del Sector Naval y de departamentos del Gobierno catalán (Medio Ambiente e Interior) que muestran añadidos incluso más estables que los cerramientos metálicos de algunos balcones.

"No tienen nada que ver", explica Massaguer. Argumenta que son dos casos distintos por varios motivos. El primero es que los particulares pretenden modificar el volumen a construir establecido por la ley con ánimo de lucro: la vivienda tiene más metros cuadrados y también mayor valor en el mercado. En cambio, las administraciones públicas sólo benefician al ciudadano administrado y, lo que cree más importante, no incumplen la ley porque la norma establecida por el Plan General Metropolitano permite el aumento de edificabilidad en función de las necesidades. De modo que todos los añadidos denunciados son legales, aunque algunos puedan ser un atentado contra el buen gusto.

Las normas actuales permiten ampliar un equipamiento público cuando sea necesario y la limitación de altura está relacionada con el entorno. Eso ha hecho que el propio Ayuntamiento derribara cuatro pisos del edificio de la plaza de Sant Miquel, pero permite muchas otras cosas.

La mayoría de casos denunciados tienen años tras de sí. El cerramiento del Puerto de Barcelona tiene "al menos 30 años", señala un portavoz portuario. El del Parlament, cuyo espacio ocupa el grupo de ICV, fue construido en la primera legislatura, a principios de los años ochenta. Hay un par de construcciones en Medio Ambiente que nadie recuerda cuándo se hicieron y que ya estaban allí cuando el edificio fue comprado por el Gobierno de CiU al financiero, luego procesado, Javier de la Rosa.

Pese a ello, el Ayuntamiento investigará todos los casos denunciados por la asociación, por si hubiera que derribar alguno de los edículos.