¿Quién gobierna en España?

Estamos a vueltas en toda España con la reforma del Estatuto de Autonomía catalán. No es para menos, esta reforma se está convirtiendo en una nueva Carta Magna que, de seguir adelante, no sólo va a afectar, y no de la mejor manera, a los catalanes sino que todos los españoles nos vamos a ver envueltos en ella en tanto en cuanto atañe directamente a la Constitución del 78 y a la soberanía del pueblo español.

Lo que el tripartito está tratando de llevar a cabo, no sin dificultad, para lograr un consenso también en su propio seno, es una nueva norma por la cual Cataluña iría por libre, bailando a su propio ritmo sin tener en cuenta el son que se toca en el resto del país. Esto no sólo vulnera la igualdad de todos los españoles sino que, bajo el falso disfraz del beneficio para los ciudadanos catalanes y la defensa de una identidad que nadie sabe muy bien por qué se siente atacada, perjudica gravemente a unos y a otros. Vaya por delante que no hay intención de diferenciar desde estas líneas catalanes y españoles, porque ser lo primero implica por definición, atendiendo a la Constitución, a la historia y a la geografía, ser también lo segundo.

Partiendo de ese supuesto, el resto de argumentaciones y alegatos varios que se están reproduciendo en el juicio público en el que se ha convertido la reforma estatutaria catalana son un ir y venir sobre lo mismo. Dicen algunos que llamar nación a Cataluña sólo es una cuestión terminológica, no política. Pues bien, si eso es cierto, si el llamar de una forma u otra a una región española no es más que palabrería, mejor dejemos de lado esa denominación y no heriremos sensibilidades. Tal vez el empeño en ese término responda a lo que los padres del texto en creación pretenden matizar, es decir, que Cataluña debe ejercer una soberanía propia al margen de la del pueblo español.

El problema reside en la concepción que tienen algunos de que ser diferente implica ser independiente, concepto que no es cierto en absoluto, pues el resto de comunidades españolas son, como mínimo, tan ricas culturalmente y tan diferentes entre sí como lo pueda ser Cataluña y no por ello exigen diferenciarse en la definición estatutaria de sus territorios.

No serán las cuestiones terminológicas las que levanten el voto en contra del Partido Popular y de cualquier diputado con sentido común. Serán las cuestiones de fondo, las cuestiones de soberanía nacional contra las que se atenta con este texto (las que Zapatero trata de camuflar haciendo callar incluso a los miembros de su propio partido a los que les parece una aberración la simple admisión a trámite de un texto que da marcha atrás en el tiempo, en la democracia y en la garantía de derechos) las que provoquen que los miembros de la Cámara Baja con sensatez lo rechacen. Ya entrado el siglo XXI, cuando todo el planeta trata de unirse en organizaciones mundiales, cuando la globalización es un hecho y cuando todo el mundo sabe que unidos somos más fuertes, se levanta una voz que, fortalecida por la eficacia de sus chantajes, cree que la autodeterminación es la panacea de la felicidad.

Los valencianos también aprobamos no hace mucho una reforma estatutaria que ni de lejos supuso un conflicto nacional, las negociaciones se hicieron de forma pausada y bajo la premisa de un escrupuloso respeto a la Constitución Española. Se introdujeron mejoras y se garantizó un marco más amplio y seguro de derechos para los ciudadanos y eso no supuso ningún agravio comparativo ni ninguna ofensa para nadie. Es posible y lo demostramos, por lo que tanto revuelo ahora proviene de la inconstitucionalidad de un proyecto tan disparatado que ni sus padres se ponen de acuerdo para alumbrarlo.

Ante todo esto, Zapatero asiste camuflado como espectador cuando es uno de los más acérrimos estrategas, artífices y defensores de un proyecto rupturista e inconsciente, haciendo caso omiso a los ciudadanos españoles, los mismos que ostentan la soberanía nacional tan discutida estos días, y poniendo en tela de juicio quién lleva las riendas de nuestro país. La incertidumbre surge ante la falta de criterio de un gobierno que permanece y se acomoda en la indefinición y que nunca se arriesga a vetar las imprudencias de ERC. La duda que arrastramos los españoles es quién está gestionando en este país que ahora, bajo el oficial mandato socialista, está viviendo la etapa más caótica de los últimos tiempos.

Ricardo Costa es vicesecretario regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.