El Parlamento pide prioridad en el empleo público para las maltratadas

El grupo de trabajo que creó hace un año el Parlamento para estudiar la violencia de género tiene ya listas sus conclusiones. Entre las 41 medidas que recomienda la comisión -en la que están todos los partidos- destacan las que hacen referencia a la educación en los valores de igualdad como el factor más decisivo, el apoyo público en la denuncia y procesos judiciales y la inserción laboral de las víctimas. En este sentido, se insta a que las empresas públicas se comprometan para contratar a estas mujeres de manera preferente, una vez registradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Un año justo ha tardado el grupo de trabajo parlamentario (se constituyó en octubre de 2004) en redactar una tabla de propuestas para combatir la violencia sexista, paso preliminar a la elaboración de una ley autonómica que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social quiere empezar a tramitar el año próximo. La ley integral estatal entró en vigor el pasado 28 de enero y los grupos parlamentarios han pedido a la consejera, Micaela Navarro, que la andaluza se apruebe en 2006.El documento, que se llevará a pleno para su debate antes de final de año, trata el fenómeno desde ocho ámbitos diferentes: educación, divulgación, seguridad y procesos penales, atención sanitaria, empleo, causas estructurales, atención a las víctimas y financiación.

Además de señalar a la educación infantil como la piedra angular de la erradicación del problema, la comisión parlamentaria introduce medidas novedosas para procurar la autonomía de las víctimas y su independencia económica. En esta línea, propone que las empresas públicas de Andalucía adquieran el compromiso en la contratación preferente de las mujeres maltratadas -una vez inscritas en el registro del SAE- y define las medidas de fomento del empleo como un "factor esencial" de la política integral contra la violencia.

En este mismo apartado, el documento también habla de campañas de sensibilización en el entorno laboral, tanto para los miembros de la dirección de las empresas como para el resto de los empleados, "en prevenir las agresiones físicas y psicológicas en el lugar de trabajo".

La información de las mujeres sobre los recursos a su alcance para superar estas situaciones es otro de los aspectos destacados, así como la divulgación de los valores de igualdad y la erradicación de los tratamientos periodísticos sexistas. El Gobierno, según el informe, deberá velar especialmente por que en los medios de comunicación públicos o subvencionados no reflejen contenidos que no respete la igualdad. Con los medios privados deberás establecerse un protocolo de actuación.

El grupo pide que se creen más juzgados específicos de violencia contra las mujeres, que se garantice la asistencia letrada a las víctimas desde el momento que se presenta la denuncia y establece que "la Junta de Andalucía podrá personarse en los procedimientos judiciales". La asistencia psicológica inmediata deberá ser asimismo considerada como un elemento básico de salud, además de los planes de formación sanitaria específicos en el tratamiento de la violencia machista.

El documento recomienda la creación de un observatorio andaluz de violencia de género, reconocer y atender los distintos modelos de familias y seguir apoyando el asociacionismo de mujeres especializados en la sensibilización contra la violencia de género.

El diputado IU José Cabrero, que ha participado en el grupo de trabajo, sostiene que su formación está satisfecha con el alto grado de aceptación de sus propuestas, pero lamenta que no se haya aceptado la inclusión de la creación de un fondo de pensiones impagadas. También critica que no se recoja un mayor reconocimiento de los derechos y defensa de las mujeres inmigrantes, y que no se contemple la necesidad de aumentar el número de juzgados específicos contra la violencia de género, al entender el resto de formaciones que es un asunto que escapa a las competencias de Andalucía.

José Cabrero dijo que echa en falta medidas más eficaces para que puedan cumplirse las órdenes de alejamiento, las cuales, hasta la fecha, dependen de la voluntad del maltratador ante la falta de mecanismos policiales y judiciales. Por último, reprochó la falta de "compromiso en firme" para la incorporación de las mujeres al mercado laboral.