España plurinacional y federal
Uno de los méritos indiscutibles del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es que ha sabido captar e interpretar correctamente los anhelos de los pueblos de España para encontrar la vía que ha de permitirles una convivencia en armonía y en plena igualdad de derechos y deberes dentro de la estructura estatal que los hermana. Unos pueblos que, en el camino hacia la consolidación de su proceso de maduración democrática, se encuentran, una vez más en su intensa y en ocasiones convulsa historia de los últimos 300 años, ante la encrucijada decisiva donde tantas veces han fracasado en este intento. Y una vez más también se vislumbra la misma voluntad de confrontación que en el pasado ha sido causa de muchos fracasos, entre las fuerzas sociales y políticas ancladas en una concepción unitarista, monolítica y centralista del Estado y las que aspiran a alcanzar el reconocimiento definitivo del carácter plurinacional de ese mismo Estado, retomando la concepción pluralista de las Españas que respondía fielmente a la idiosincrasia de los pueblos que lo componen.
Los ciudadanos que, con independencia de sus respectivos posicionamientos ideológicos, comparten la visión de una España que tiene en la multiplicidad cultural su mejor patrimonio no pueden permitir que se malogre esta oportunidad irrepetible de establecer, con un Gobierno central que se muestra abierto a ese diálogo, la relación de colaboración que ha de permitir profundizar en la recuperación de las esencias más genuinas de nuestros pueblos, conscientes todos de que sólo así se podrá poner fin a la anomalía que supone que, a comienzos del siglo XXI, España sea el único Estado de la Europa democrática que aún no ha resuelto satisfactoriamente sus tensiones territoriales internas. En un momento en que la misma Europa ha superado conflictos mucho más graves entre algunos de sus pueblos y camina, superando obstáculos, hacia el establecimiento de una estructura política común, dentro de y con la cual todos los pueblos de Europa se han de sentir identificados desde la más estricta igualdad de derechos y deberes, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sabido entender que también España, que es partícipe de ese proceso, tiene que demostrar su madurez cívica y democrática con el reconocimiento institucional de su pluralidad nacional.
La Constitución española de 1978, pese a las incertidumbres que todavía planeaban sobre la futura concreción institucional del país, tuvo el acierto y el temple de establecer, con el que se ha llamado Estado de las Autonomías, las bases no sólo para alcanzar un equilibrio institucional y social entre todos los españoles, sino también para encarrilar la correcta respuesta a las legítimas aspiraciones nacionales de los diferentes pueblos de España. Unos pueblos que esperan y exigen el reconocimiento de su condición de naciones con personalidad propia y diferenciada, como lógica premisa para sentirse cómodos en su integración en un Estado que demasiadas veces ha actuado como su adversario.
Ahora, 27 años después, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de los constituyentes de 1978, dando un paso que puede ser definitivo y que, además de reconocer a todas las regiones de España la autonomía necesaria para poder desarrollar todas sus potencialidades, permita resolver armoniosamente dentro del marco del Estado español los pleitos históricos de muchas regiones españolas que no se limitan a las que tienen una lengua propia diferente del castellano. Tenemos el reto de superar el carácter de confrontación que se le quiere dar por parte de determinados sectores retrógrados, permitiendo así profundizar en los esfuerzos para incrementar el bienestar cívico, económico y social de las naciones y pueblos que constituyen España desde el mutuo respeto de la personalidad propia y diferenciada de cada una de ellos.
Para alcanzar este objetivo y hacer posible que estas naciones y pueblos se sientan cada vez más copartícipes de una España que les permita sentirse integrados ene integrantes de una nación de naciones, como lo será la Europa del futuro de la cual queremos formar parte, son necesarias algunas premisas.
España debe dotarse de una estructura federal, redimensionando el sistema de relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado desde la perspectiva institucional y financiera a fin de que desaparezca la actual relación de dependencia y sea sustituida por una relación de colaboración para el logro de sus objetivos en el concierto de las naciones del mundo, compartidos lealmente por todas las naciones y pueblos que constituyen España.
La Constitución española de 1978 ha de ser actualizada, para lo cual deben hacerse las reformas necesarias para que pueda reflejar la estructura federal y establecer los ejes básicos de la articulación de las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado Federal, haciendo así más firmes y estables los lazos entre todos los ciudadanos españoles.
En esta hora histórica que nos ha tocado vivir, los ciudadanos españoles estamos llamados a superar prejuicios y juicios ahistóricos. Éste es el mensaje que ha dirigido a todos los españoles el presidente Rodríguez Zapatero, con el cual nos sentimos plenamente identificados. Por ello mismo rechazamos enérgicamente la virulenta demagogia desatada por la derecha retrógrada de siempre contra la invitación al diálogo que nos ha formulado el presidente Rodríguez Zapatero, y hacemos un llamamiento a la serenidad y a asumir en toda su plenitud las virtudes cívicas que han caracterizado un proceso que no debe ser interrumpido y que conducirá al establecimiento de una convivencia leal, fecunda y enriquecedora entre todos los pueblos de España.
Josep Moll Marquès y Joan March Noguera son ex secretarios generales del PSIB-PSOE.
