Un liderazgo progresista en la UE
Han transcurrido 55 años desde la declaración Schuman, y desde entonces hemos pasado de un primer acuerdo arancelario a la Unión Europea actual de 25 miembros; o lo que es lo mismo, desde la propuesta franco-alemana de creación de una comunidad para el aprovechamiento conjunto del carbón y del acero, a una Europa compleja pero dinámica, generadora del proyecto político unitario más esperanzador de las últimas décadas, en un marco de paz, seguridad, prosperidad y progreso social.
La Unión Europea, mediante sus instituciones, pretende conseguir unos objetivos comunes y viables para todos los países que la conforman; pero dada su diversidad, resulta una tarea harto difícil, sobre todo tras la última ampliación, tanto por el color político de sus gobiernos, como por el diferente grado de desarrollo económico y social de sus miembros. Todo ello, no hace más que aumentar la complejidad de la integración y coordinación entre los nuevos socios y los viejos socios, y éstos entre sí; valgan como ejemplo, los riesgos de deslocalización industrial orientada hacia los nuevos países miembros y la problemática extracomunitaria procedente de países emergentes, especialmente asiáticos, ya por su crecimiento económico, ya por la importancia de sus exportaciones, como es el caso de China.
La percepción de lejanía de los centros de decisión de la UE inclina a nuestros ciudadanos, erróneamente, a no valorar la importancia de la incidencia de las directivas europeas en nuestra vida cotidiana y en las políticas económicas y sociales en España y por ende en el País Valencià. Tenemos que ser conscientes de que una parte importante de la legislación española queda directamente influenciada por las competencias especificas o compartidas de la UE. Y las decisiones de la UE no son nunca neutras, o son progresistas o son conservadoras y librecambistas. No es lo mismo una directiva que pretenda la igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico, que la directiva Bolkestein (negociada en el más absoluto de los secretos y conocida inicialmente a través de filtraciones) relativa a los servicios en el mercado interior, que establece el principio del "país de origen" y que puede desmantelar el Estado de bienestar.
En su momento, la UGT-PV defendió el sí al Tratado Constitucional Europeo porque significaba un importante cambio cualitativo, aunque como todo documento constitucional era mejorable. El reconocimiento del derecho de iniciativa popular, el avance en la democratización, la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales, el reconocimiento del papel de los interlocutores sociales y el apoyo al diálogo social, entre otros factores, condicionaron nuestra decisión. Esta posición permite, y, aún más, obliga al sindicato a plantear clarificaciones y exigencias en el desarrollo y en la orientación de la intervención española en Europa e, incluso, una incidencia mayor en la elaboración de las propias líneas maestras de actuación de la UE.
La Escola d'Estiu de UGT-PV, en su decimosegunda edición, ha afrontado este año las dudas que sobre el futuro de la UE ha creado la negativa, en forma de referéndum, que Francia y Holanda dieron al proyecto constitucional. Estimamos que tal vez la mejor de las soluciones posibles sea darse un tiempo de espera y de reflexión, sobre todo para entender si estas respuestas negativas eran más reacciones en clave de política interna en esos países que un verdadero rechazo de la Constitución Europea como tal.
Pero, a pesar de que consideramos que no existe vacío institucional, la propia dinámica del funcionamiento europeo exige dar pasos hacia adelante en la construcción de la unión política.
En la Europa de los 25, los países miembros pueden responder de acuerdo con dos roles: unos, manifestarse políticamente débiles (cesiones, gregarismo, escasas aportaciones en las propuestas o en las revisiones de las directivas ...), otros, fuertes (impulsar, dirigir, liderar, recibir el respaldo mayoritario a sus propuestas...) Y en este contexto, unos y otros pueden dirigir sus acciones hacia dos alternativas: crear exclusivamente un área de libre comercio con accesorios políticos o profundizar en la construcción de una Unión Europea real en términos políticos, económicos y sociales.
En este sentido, estimamos necesario resaltar algunas importantes acciones: la labor de algunos eurodiputados españoles que intervienen directamente en el proceso de revisión de directivas, la manifiesta posición europeísta del Gobierno de España que enfatizó la defensa de la Constitución Europea desde su firma, con la decisión de utilizar el referéndum para su ratificación, y los esfuerzos de acoplamiento a la nueva realidad, ya expresados en el adelanto de los Presupuestos de 2006, en los que las prioridades en las inversiones facilitarán algunos de los medios necesarios para mejorar la competitividad y paliar los posibles efectos de la última ampliación europea sobre la economía española.
Pero no es suficiente con sólo eso, el Gobierno español debe aprovechar la ocasión de impasse para acceder a una posición más activa y de más fuerte liderazgo en la Unión Europea que contribuya a que el objetivo de crecimiento económico no deje de lado la creación de más y mejor empleo, en un marco de mayor cohesión social.
Corresponde a la izquierda española, ahora desde el poder y con capacidad de decidir, transmitir a la opinión pública española una alternativa de política europea distinta a la ofrecida en el pasado reciente, para situar a España en una posición prominente en la nueva etapa de construcción de Europa.
Por último, queremos señalar que la UGT-PV, consciente de que Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, sino que se construirá gracias a realizaciones concretas, no cesará en su esfuerzo de incorporar la dimensión social al proceso de su construcción y para ello invoca a las fuerzas de progreso para que conjuntamente lideren el proyecto en marcha, a fin de evitar que los aspectos meramente mercantilistas y capitalistas que contiene la propia UE deterioren sus propias normas de homologación democrática y conseguir que la contradicción que se está observando actualmente entre los derechos sociales existentes y su trasgresión diaria se resuelva y oriente siempre de acuerdo con los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos.
Rafael Recuenco Montero es secretario general de la UGT-PV.
