Patronales y sindicatos reclaman más dinero y más autonomía para la Agencia Catalana de Inversiones

La Agencia Catalana de Inversiones (ACI), que se creó hace más de un año para atraer nuevos centros de empresas que ayudaran a compensar el goteo de deslocalizaciones que sufre Cataluña, sabe a poco a patronales y sindicatos. Los agentes sociales estiman "positiva" su actuación, pero creen que ésta se ve limitada por su "insuficiente" presupuesto y "falta de autonomía" respecto del Centro de Innovación y Desarrollo (Cidem). Trabajo e Industria recuerda que "nadie se opuso al aprobarse la ley del Cidem", el pasado abril, en la que se definió la estructura de la ACI, formada por 16 funcionarios y con unos recursos de 4,8 millones de euros, el doble que en 2004.

Para que la Agencia Catalana de Inversiones "sea realmente eficaz y no siga perdiendo oportunidades de captación de inversiones extranjeras", opina Simón Rosado, secretario de Acción Sindical de CC OO de Cataluña, "la Generalitat debería mejorar la planificación conjunta de todos sus organismos relacionados con la internacionalización de la economía catalana".

Es una vieja reivindicación de este sindicato, y alude a organismos como el Observatorio de Prospectiva Industrial o el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (Copca), adscrito al Departamento de Comercio, Turismo y Consumo.

Para ello, la agencia que capta inversiones tendría que "alcanzar una personalidad propia", fuera del Cidem. Fuentes del Departamento de Trabajo e Industria, bajo cuyo paraguas se encuentra el Cidem, no entienden el porqué de esta reclamación. Aseguran que cuando se aprobó el anteproyecto de ley que recogía la inclusión de esta agencia en el Cidem, las patronales, los sindicatos y los partidos políticos estuvieron de acuerdo y estamparon su firma definitiva.

No obstante, el director de innovación de la patronal Fomento del Trabajo, Antonio Sáenz, considera que "si la ACI no estuviera integrada en el Cidem contaría con mayor presupuesto", otra de las principales críticas que los agentes económicos y sociales hacen al Gobierno catalán.

A juicio de Rosado, la ACI, que cuenta con delegaciones en Nueva York y Tokio, "tiene medios muy limitados, tanto económicos como humanos", que impiden que el equipo dirigido por Joan Josep Berbel, "consiga atraer mayor número de empresas extranjeras".

El director de economía y política industrial de la patronal de las pequeñas y medianas empresas Pimec, Albert Roca, se suma a esta crítica, aunque su discurso es más moderado: "Hay que ser realistas. Es cierto que falta presupuesto, pero Cataluña cuenta con 32 millones de euros para la internacionalización de las empresas", 28 millones de los cuales proceden del Copca. "Se trata de una decisión política: el tripartito ha dado prioridad a los departamentos de Educación y Sanidad, en detrimento del sector industrial".

Reestructuración interna

Roca opina que "el prolongado proceso de reestructuración interna del Departamento de Trabajo e Industria", con la reciente incorporación de Jordi Carbonell como secretario de Industria en sustitución de Maite Costa, "tiene que haber dificultado el trabajo de esta agencia", lamenta. "Ahora sólo falta por ver cómo ha perjudicado este contexto la rentabilidad de la ACI", añade.

El presidente de la patronal Cecot, Antoni Abad, afirma que esta agencia "es imprescindible para dar un valor cualitativo a la economía catalana", pero que necesita "mayor eficiencia". A su juicio, el aumento de la dotación presupuestaria (de 2,2 millones a 4,8 millones) puede derivar en que se dupliquen las inversiones.

En 2004, la agencia atrajo 12 proyectos foráneos -como el gigante farmacéutico Sanofi-Aventis, y en captar la sede española de este grupo fusionado intervino también el Departamento de Economía-. Estos proyectos aportaron a Cataluña 42 millones de euros y crearon 800 empleos. Este año, la ACI trabaja en 70 proyectos de inversión. El 5% es de empresas españolas.

Los agentes económicos y sociales consultados sí muestran su satisfacción por entrar, el próximo octubre, en el consejo de gobierno de la ACI, desde donde podrán "ejercer de interlocutores entre empresas y Generalitat para mejorar la internacionalización de la economía catalana".