Agua y cohesión

Tal y como ha ido evolucionando el problema del déficit hídrico en la Comunidad Valenciana, sus efectos pueden llegar a ser mucho más graves de lo que aparentan si no se toman cartas en el asunto de forma urgente. A las ya conocidas amenazas que para la Comunidad Valenciana puede suponer la falta de agua en los sectores económico-empresariales, debe tenerse en cuenta que con la disputa del agua puede producirse una fractura social, fruto del clima tenso generado por los posicionamientos políticos que, como sociedad, no debemos consentir.

El Gobierno actual, bajo la presión de sus apoyos parlamentarios, generó un grave problema al eliminar de forma precipitada y sin explicación alguna el trasvase del Ebro del PHN, un proyecto del anterior Gobierno que pretendía resolver las carencias de agua del Sureste de España.

La disputa del agua puede producir una fractura social que no debemos consentir

La incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente de comunicar de forma comprensible el programa AGUA unido a los retrasos en la puesta en marcha de éste, han añadido aún más desconcierto e incertidumbre. Pero lo más grave es que la eliminación del trasvase del Ebro sin la revisión del plan integral del que ése era un elemento fundamental, ha generado desequilibrios que están cuestionando la cesión prevista de aguas del Júcar a los valles del Vinalopó y la Vega Baja del Segura.

Si, como estaba previsto, el agua del Júcar que alimentaría la demanda del Vinalopó venía a ser compensada por los aportes del Ebro, la desaparición de dichos aportes exige por parte del Ministerio de Medio Ambiente una acción compensatoria, no un simple replanteamiento del trasvase Júcar-Vinalopó. Esta acción compensatoria no es sólo una cuestión de coherencia técnica, sino una exigencia de responsabilidad política para proporcionar agua a quien la necesita y para evitar enfrentamientos dentro de la propia Comunidad Valenciana.

Ante el clima de desconcierto generado, es comprensible la petición de las organizaciones agrarias de que sean los propios usuarios los que busquen y alcancen una solución de consenso para solucionar el déficit hídrico en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, esta bienintencionada postura seguramente no resolverá el problema de fondo, que son las necesidades hídricas para consumo de los sedientos valles del Vinalopó y la Vega Baja del Segura, ya que en definitiva es una responsabilidad que no pueden eludir ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Generalitat Valenciana.

Parece que existen una serie de hechos indiscutibles:

(I) Los valles del Vinalopó y la Vega Baja del Segura necesitan agua para regar y beber, pues sus acuíferos posiblemente no aguanten más de siete u ocho años al ritmo actual de explotación,

(II) El Júcar está sometido a una presión y un proceso de degradación que le hace muy difícil garantizar los ochenta hectómetros cúbicos de agua anuales desde Cortes de Pallás.

(III) Al mismo tiempo, los retrasos en el proceso de modernización de los regadíos del Júcar, de los que es responsable la Generalitat Valenciana, y la disminución del caudal del río como consecuencia de las extracciones de Castilla-La Mancha, tampoco permiten generar un excedente garantizado de forma sostenible que satisfaga las necesidades de las dos zonas vecinas de la Comunidad Valenciana que tienen que compartir las aguas del río.

(IV) No olvidemos que el agua del río Júcar tiene un tercer cliente, que es el ecosistema, de cuya salud depende la calidad de vida y el futuro de la parte inferior de la cuenca.

Ante esta situación la postura responsable del Ministerio de Medio Ambiente no puede ser plantear, sin más, la sustitución del trasvase del Júcar-Vinalopó desde Cortes de Pallás por el del Azud de la Marquesa. Su responsabilidad es garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad y con carácter urgente a las zonas deficitarias del Vinalopó y la Vega Baja del Segura, proceda esta del Júcar o de otras fuentes. Y a este respecto hay que decir que o bien alguien se ha precipitado y lanzado la alarma antes de que el ministerio presente una solución integral, o el ministerio no está cumpliendo con sus obligaciones.

En cualquier caso, y ante la previsión de una seria confrontación entre territorios de la Comunidad Valenciana y ante las movilizaciones sociales que, aunque legítimas, pueden enturbiar la imagen de la región y afectar las expectativas de los inversores por el riesgo de falta de agua, es necesario que de una vez por todas el Ministerio de Medio Ambiente haga un acto de responsabilidad y comunique a los valencianos qué está haciendo y cómo piensa solucionar los problemas hídricos que no admiten demora.

Si el agua del Júcar recogida en Cortes de Pallás no es suficiente para alimentar las necesidades del Vinalopó y la del Azud de la Marquesa no sirve para el consumo humano, arbítrese una solución mixta que resuelva el problema de abastecimiento, cosa que ya debería estar considerada cuando se tomó la decisión de derogar el Trasvase del Ebro.

Pero para garantizar que el agua no siga siendo un argumento político-electoral que continúe generando confrontación, sino que se convierta en un elemento de cohesión social, desde AVE formulamos dos propuestas: La creación del Foro del Agua y la absoluta despolitización del debate del agua.

Es necesario crear un nuevo marco institucional que permita llegar a una postura de consenso, genere un sistema de seguimiento que vigile y sancione socialmente los incumplimientos de los responsables públicos y haga de la gestión sostenible del agua una cuestión de Estado, con continuidad, independientemente del partido gobernante.

Este nuevo marco institucional no es otro que el Foro del Agua, destinado a forjar un Pacto de Estado que, socialmente sancionado, dé solución al problema del agua en nuestra Comunidad y en el que estén presentes los niveles de gobierno responsables (Ministerio de Medio Ambiente y Generalitat Valenciana), las organizaciones de la sociedad civil valenciana que tienen cosas que decir e interés en que el problema se resuelva en la práctica, los partidos representativos y científicos y técnicos independientes.

Las organizaciones de regantes y usuarios del Júcar y el Vinalopó son fundamentales, pero también otras organizaciones sociales representativas y significativas, pues el problema del agua en la Comunidad Valenciana es global y un nuevo sistema de gestión se impone.

Es necesario de una vez por todas establecer un balance hídrico realista y una estrategia a corto, medio y largo plazo, evaluando el ahorro posible y diseñando las medidas a aplicar, identificar las fuentes que cubran el déficit real (sean estos trasvases, desalinización de aguas salobres y mar, acuíferos o recuperación de aguas residuales), establecer los tiempos de ejecución, dotar de presupuesto al plan y crear un sistema de indicadores y una comisión de seguimiento del mismo en la que estén presentes los actores sociales. Y esto no admite dilación ni puede estar sometido al tiempo político-electoral.

Dada la tensión política del momento y la experiencia existente, parece razonable que la iniciativa de crear este nuevo sistema la tome la sociedad civil valenciana. Pero esperamos del Ministerio de Medio Ambiente, que es quien tiene responsabilidad de ejecución y ha creado el problema al que hoy nos enfrentamos, que dé un paso adelante y contribuya al desarrollo de la atmósfera de transparencia y confianza que toda solución eficaz y duradera exige. Los gobernantes que no comunican bien lo que hacen corren el riesgo de generar desgobierno, como está ocurriendo a causa del agua en la Comunidad Valenciana.

Si aspiramos a ser la sociedad fuerte y líder que a todos nos gustaría, es necesario que exijamos a los responsables públicos que superen de forma satisfactoria el serio estrangulante que para nuestro desarrollo supone el desajuste entre oferta y demanda de agua. Nuestros políticos deben unir sus fuerzas, en lugar de hacer de la cuestión del agua un arma de lucha electoral intermitente que nos mantiene en estado de permanente parálisis y, escuchando a la sociedad civil, deben aportar soluciones basadas en criterios técnicos, fruto del consenso, evitando la confrontación dentro de la propia sociedad valenciana y los posibles efectos colaterales que pueda tener sobre nuestra economía.

Francisco Pons es presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios.