Londres deportará a quienes fomenten el terrorismo por cualquier medio
Reino Unido publica los "comportamientos inaceptables" que motivarán la expulsión
Tras dos semanas de consulta con líderes musulmanes, el ministro del Interior, Charles Clarke, publicó ayer una lista con los "comportamientos inaceptables" vinculados al terrorismo que servirán de base para expulsar a una persona de Reino Unido. Con este conjunto de normas, queda claro que cualquier ciudadano no británico residente en el país o en el extranjero que intente fomentar el terrorismo "no será bienvenido". La lista, según organizaciones moderadas islámicas, desatará el odio contra los 1,6 millones de musulmanes que viven en el país.
Si el primer ministro, Tony Blair, dijo el 5 de agosto que "las reglas del juego habían cambiado" en la lucha contra el terrorismo, ayer el ministro del Interior dio a conocer algunas cartas de la nueva baraja. A partir de ahora serán castigados con la deportación quienes expresen opiniones que:
- Fomenten, justifiquen o ensalcen la violencia terrorista para defender sus creencias personales.
- Busquen la provocación de otros actos terroristas.
- Promuevan otra serie de actividades criminales o intenten provocar otros actos violentos.
- Fomenten el odio que pueda conducir a la violencia entre comunidades en el Reino Unido.
No serán, por tanto, "bienvenidos al Reino Unido":
- - - Escritores, productores, editores o distribuidores de este tipo de material.
- - - Oradores públicos, incluidos los predicadores, que incurran en alguno de esos "malos comportamientos".
- - - Propietarios de una página de Internet donde se difundan esos mensajes.
- - - Los que usen su posición de responsabilidad para ensalzar la violencia, como profesor o líder juvenil o de comunidad.
La lista es "más indicativa que exhaustiva", según el ministro del Interior, pero sus pautas entrarán en vigor "de forma inmediata". El Gobierno no sólo perseguirá a aquellos supuestos terroristas reclamados por otros países. Eso ya lo hacía antes de los atentados del 7-J, aunque el Gobierno siempre topaba con el veredicto de los jueces, que vetan la extradición a países donde una persona pueda sufrir tortura. La novedad de estas medidas es que afectarán a gente cuyo único vínculo con los terroristas son sus panfletos y soflamas incendiarias, ya tengan lugar en la plaza de un barrio, en una mezquita o en un programa de radio.
Contrarrestar la amenaza
"La amenaza terrorista que sufre el Reino Unido es real y significativa, y el Gobierno ha de hacer lo posible para contrarrestarla", declaró Clarke. "Con la publicación de esta lista estamos dejando claro que esos comportamientos son inaceptables y que existen motivos para deportarlos o excluirles del Reino Unido", añadió.
La sociedad británica aprueba en gran parte estas medidas, como quedó de manifiesto en una encuesta publicada esta semana por el diario The Guardian. Pero importantes organizaciones proderechos civiles, y medios influyentes como el propio The Guardian, The Independent o el semanario The Economist han expresado que este recorte de libertades supone la primera victoria de los radicales sobre la sociedad inglesa. Así opina el alcalde de Londres, Ken Livingstone, para quien tales medidas conducirían a la expulsión de líderes como Nelson Mandela o de cualquiera que le apoyase. Por su parte, Amnistía Internacional aseguró que las medidas violan los derechos humanos.
Saliendo al paso de esas críticas, el ministro del Interior declaró ayer: "Estos poderes no intentan reprimir la libertad de opinión ni el debate legítimo sobre religiones y otros temas. Los británicos estamos muy orgullosos de nuestra apertura y diversidad, y no debemos dejar que el extremismo destruya esa tradición".
La Comisión Islámica de Derechos Humanos, a la que el Gobierno consultó antes de publicar sus propuestas, advirtió: "Se trata de una criminalización del pensamiento, de la conciencia y las creencias. Sólo sirve para desatar la islamofobia".
La lista supone sólo una parte de las medidas anunciadas por Blair. En las próximas semanas se completará una lista negra con los nombres de los individuos que en el mundo, no sólo en el Reino Unido, se han comportado de esa forma "inaceptable". La lista será entregada a las oficinas de inmigración, y a esas personas, si se encuentran fuera del país, les estará vetada la entrada en el Reino Unido. Además, el Gobierno prevé aumentar hasta tres meses los 14 días que una persona puede permanecer detenida sin que la policía presente cargos, y está dispuesto a reformar la ley para que los jueces no bloqueen las deportaciones.
Los agitadores, en el punto de mira
A partir de hoy, gente como Abu Zair, antiguo militante del movimiento Al Muhayirun y ahora miembro del movimiento Secta Salvadora, ya no mirará de la misma forma a las cámaras de televisión. Abu Zair llegó a declarar tras la guerra de Irak en un programa de la BBC: "La veda se ha levantado para la yihad [guerra santa] dentro de Reino Unido. Está permitido atacar. No vivimos ya en paz con ustedes. La tregua ha terminado". Eran otros tiempos.
Desde que el primer ministro, Tony Blair, anunció el 5 de agosto que las reglas del juego en la lucha contra el terrorismo habían cambiado, ya no se volvieron a oír ni a leer declaraciones de gente como Abu Izzadín, de origen jamaicano, nacido en Londres hace 30 años y convertido al islam cuando tenía 17. En una ocasión aseguró que tenía acceso para visitar los campos de terroristas en Pakistán. En 2001 convocó una manifestación ante la Embajada de Pakistán, donde profirió frases de apoyo a los suicidas del 11-S. Desde agosto, ya no volvió a oírse su voz en los medios.
Uno de los primeros en darse cuenta de que el Gobierno laborista no estaba jugando de farol este verano fue el predicador de origen sirio Sheikh Omar Bakri, de 45 años, quien se había referido más de una vez a los suicidas del 11-S como "los 19 magníficos". Después de que Blair anunciara el cambio en las reglas, Omar Bakri decidió irse "de vacaciones" a Líbano. Enseguida, el ministro del Interior, Charles Clarke, emitió una orden prohibiendo su regreso. Bakri, que llegó a Londres hace 19 años, se convirtió en la primera víctima de la nueva política. A los pocos días, el Gobierno encarceló a nueve argelinos vinculados a grupos terroristas y al jordano Abu Qutada, de 44 años, supuesto líder espiritual de Al Qaeda en Europa, según las investigaciones del juez Garzón sobre el 11-M.
En el punto de mira del Gobierno se encuentra también el argelino Rashid Ramda, a quien los jueces de Francia vinculan a los atentados contra el metro parisiense de 1995, donde murieron 10 personas. Cuando Blair presentó las medidas declaró que le parecía inaceptable que Rashid Ramda estuviese reclamado desde "hace 10 años" por la justicia francesa sin que fuera posible deportarlo. Para todos ellos, las reglas del juego parecen haber cambiado.
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