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El presidente del Consejo Consultivo cree que los derechos históricos "caben" en el Estatut

Tornos advierte de que la cuestión está "en el valor que se les pueda dar" y su "interpretación"

Los derechos históricos que tanto enfrentan a los partidos catalanes "caben" en el Estatuto de Autonomía, en opinión de Joaquim Tornos, presidente del Consejo Consultivo de la Generalitat, el organismo que elabora el dictamen sobre si el proyecto de reforma estatutaria se ajusta a la Constitución. Otra cosa es, advirtió, "el valor que se les pueda dar" y "la interpretación que se pueda hacer", que es, justamente, lo que enfrenta a los partidos y divide al Gobierno catalán. Tornos no precisó qué interpretación adoptará el Consejo Consultivo, pero adelantó que será "la más autonomista" dentro de la Constitución.

Tornos rompió su silencio cuando faltan 21 días para que el Consejo Consultivo entregue su dictamen sobre el proyecto de reforma del Estatut que el día 5 le remitió el Parlament. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, la emisora de la Generalitat, Tornos dijo que conceptos políticamente polémicos como los derechos históricos y el concierto económico "caben" en el Estatut "porque están en la Constitución, de alguna manera". Luego precisó: "Sobre todo, por ejemplo, el tema de los derechos históricos".

Junto con esta opinión, Tornos indicó también, sin embargo, que "otra cosa es el valor que se les pueda dar" y "la interpretación que se ha de hacer de este concepto". Lo que ha provocado un inesperado conflicto en el tramo final de la reforma del Estatuto catalán ha sido la pretensión de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC) de invocar los derechos históricos para blindar el carácter exclusivo de determinadas competencias de la Generalitat. Esta pretensión ha sido rechazada por el PSC y el PP y se ha convertido en un grave escollo para la aprobación de la reforma.

Los socialistas apoyaron la aprobación del artículo 5 del proyecto de reforma en el que se afirma que el autogobierno de Cataluña "se fundamenta" en los derechos históricos del pueblo catalán. Pero se oponen a invocarlos para el "blindaje" de competencias exclusivas y la reforma de la financiación de la Generalitat, como pretenden CiU y ERC.

Los grupos parlamentarios han relativizado en las últimas semanas el valor político y jurídico del dictamen del Consejo Consultivo si, como prevén, lo adopta por una mayoría ajustada y sale con votos particulares. Especulan sobre un dictamen aprobado por los siete miembros del Consultivo en una votación con cuatro votos a favor y tres en contra. Pero Tornos se mostró ayer confiado en lograr un dictamen con amplio apoyo. "Creo que al final la inmensa mayoría de los juristas coincidiremos en unos criterios sobre la interpretación de los preceptos y enmiendas que hay sobre la mesa", dijo.

Tornos adelantó que el dictamen del Consejo Consultivo, que confía en entregar el 5 de septiembre, intentará "hacer una interpretación lo más autonomista posible" del proyecto de reforma "pero dentro del marco constitucional". La Constitución "permite interpretaciones, pero no permite todo tipo de interpretaciones" advirtió.

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En el duro enfrentamiento que la cuestión de los derechos históricos ha provocado entre los partidos catalanes, el portavoz del Gobierno de la Generalitat, el socialista Joaquim Nadal, introdujo ayer un matiz nuevo en la posición del PSC al apuntar en unas declaraciones recogidas por Europa Press que su utilización como una "salvaguarda" de las competencias de la Generalitat "es un mecanismo que hay que inventar y, además, acordar".

Nadal opinó que es posible hallar una fórmula de compromiso durante el tiempo que queda para negociar. "Es un artículo, una frase, un invento", dijo. Aunque insistió en que "es muy difícil" vincular, por ejemplo, las competencias de la Generalitat sobre aeropuertos con derechos históricos.

Pero lo cierto es que hasta ayer ningún dirigente socialista se había mostrado abierto a buscar fórmulas de acuerdo sobre este punto. Lo que exigían era la retirada del artículo conflictivo en el proyecto de reforma, bajo la amenaza de no aportar sus imprescindibles votos en la votación del proyecto en el pleno del Parlament. Todos los portavoces socialistas han insistido en estas últimas semanas en que la invocación de los derechos históricos de Cataluña para obtener competencias a su juicio fuera de las previsiones constitucionales, combinada con la reclamación del concierto económico, son "la receta de CiU para hacer fracasar la reforma del Estatut".

El guardián de la legalidad

El Consejo Consultivo es el máximo órgano de la Generalitat encargado de velar por que las leyes se ajusten al marco de la Constitución y del Estatuto. El Gobierno catalán pide la opinión del organismo, como ha hecho con el Estatuto que se está elaborando, pero sus dictámenes no son vinculantes para el Ejecutivo, aunque tienen influencia en sus decisiones a la hora, por ejemplo, de aprobar o de recurrir una ley. Es el órgano que equivale a lo que en España es el Consejo de Estado y está integrado por siete juristas nombrados por Consell Executiu y el Parlament. Sus miembros Jaume Camps y Agustí Bassols fueron propuestos por CiU; Joaquim Tornos y Pere Jover, por el PSC; Joaquim Borrell, por el PP; Jaume Vernet, por ERC, y Marc Carrillo, por Iniciativa per Catalunya.

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