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Fujimori anuncia que volverá de Japón para competir en las presidenciales de Perú

La justicia peruana todavía quiere procesar al ex presidente por corrupción y asesinato

El prófugo Alberto Fujimori, quien renunció a la presidencia de Perú a finales de 2000 vía fax desde Japón después de se conocieran los niveles de corrupción a los que su Gobierno llegó durante la década de los 90, pretende ahora ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones de abril de 2006. Fujimori quiere hacer creer a los peruanos que nunca supo lo que su asesor favorito y ex jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos, hacía. Hoy, mientras el ex presidente goza como ciudadano japonés del amparo de ese Gobierno asiático, Montesinos está preso.

"Que lo sepan los millones de peruanos que me escuchan. Que no se dejen engañar: El Chino sí regresará para construir un sólido y promisorio futuro de Perú". Con esta frase, Fujimori cerró el discurso que fue difundido, el pasado 10 de junio, a través del canal oficial del Estado.

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Habilidad no le falta. El Chino, como le gusta ser llamado, utilizó el espacio de propaganda gratuito destinado a los partidos políticos, a pesar de estar inhabilitado para ocupar cargo público alguno hasta 2011 y de tener la condición de reo contumaz por haberse negado a enfrentar los más de 22 procesos en su contra, entre los que se encuentran delitos contra los derechos humanos y enriquecimiento ilícito.

La fujicampaña se inició mucho antes. Primero fue su inopinada aparición en el consulado peruano en Tokio, donde, en pasado mayo, pidió la renovación de su documento de identidad. Luego, el secretario general de su nuevo partido, Sí Cumple, anunció que en diciembre Fujimori estaría de vuelta a Lima, listo para iniciar la campaña electoral. Y, finalmente, hace unos días, su hijo menor recogió, rodeado de cámaras de televisión y fotógrafos, el documento de identidad que la Cancillería peruana se vio obligada a entregarle.

Mientras, su abogado, César Nakasaki, presentaba recursos ante el Poder Judicial con el objetivo de obtener la nulidad en 11 de los juicios pendientes y cambiar la orden de detención por la de comparencia. Sus fieles colaboradores no se cansan de declarar que Fujimori es inocente de todos los delitos y que nada ha sido probado aún.

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Como si se pudiera olvidar que centenares de vídeos, grabados por el propio Montesinos, prueban el pago de millones de dólares a empresarios de televisión, congresistas, vocales supremos, fiscales y generales del Ejército y la Policía. Fujimori, quien durante su Gobierno aseguraba que era quien tenía el verdadero control del país, ahora alega que desconocía las ilícitas actividades de su mano derecha.

La Justicia peruana tiene varios casos pendientes. El fiscal supremo ha pedido 30 años de prisión contra Fujimori por los asesinatos de 25 personas, cometidos por el grupo paramilitar conocido como Colina entre 1991 y 1992. También tendrá que responder por haber entregado ilícitamente 15 millones de dólares al ex jefe de los servicios secretos, como indemnización por 10 años de servicios prestados. O por el desvío mensual, durante varios años de su Gobierno, de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional, liderado por Montesinos.

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