¿Es adecuada la formación de nuestros políticos?
"Predecir es muy difícil, sobre todo el futuro", ironizaba el gran físico Niels Bohr. En Historia del futuro, Pablo Francescutti ilustra esta afirmación exponiendo numerosos pronósticos que jamás se cumplieron, pese a haber sido realizados por prestigiosos organismos y personalidades.
Pese a ello, parece fuera de duda que para el gobierno de los pueblos, aún contando con esta inevitable incertidumbre, sea imprescindible realizar previsiones y planes que orienten en el camino para lograr un futuro próspero. Y también parece razonable que previsiones y planes serán tanto más certeros cuanto mejor sea la comprensión de la realidad actual. Pues desconocimiento y falta de comprensión pueden fácilmente convertirse en rechazo irracional. "El hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende", escribió Blas Pascal. Y actualmente con tantas, tan intensas y rápidas transformaciones, estos desconocimientos y miedos -y, como consecuencia, negaciones y rechazos-, se dan con mayor profusión. ¿Puede, quizás, ser ésta la causa de la 'brecha digital' que existe en España entre los dirigentes políticos y la sociedad?" Afirmación realizada por el primer teniente de alcalde de Jun, al presentar en 2002 un estudio que revelaba que sólo el 5% de los alcaldes utilizaban Internet. A lo cual añadía que existía, "tecnofobia de los responsables de las administraciones locales hacia las nuevas tecnologías porque se trata de dirigentes políticos que llevan gobernando muchos años y que reconocen no haber tenido el tiempo suficiente para reciclarse".
Hace meses, el diputado Labordeta comentaba que "en el Congreso hay un problema, y es que la mayoría son licenciados en Derecho, gente que de por sí tiene un lenguaje complicado". No sólo él ha llamado la atención sobre la desproporcionada presencia de profesionales del derecho en parlamentos y gobiernos, ni sobre los posibles inconvenientes que ello puede suponer. En 1998 N. Lane, director de la National Science Foundation de EE UU, se preguntaba por qué en una sociedad en que ciencia y tecnología forman parte inseparable de la vida cotidiana, "un título de derecho se considere apropiado para casi cualquier función en una sociedad basada en la ciencia, mientras que no se piensa lo mismo de un título científico".
Robin Dumbar en El miedo a la ciencia se refiere no ya exclusivamente a los profesionales del derecho sino, en general, a todos aquellos que aún con estudios universitarios, "aunque, por supuesto, suelen ser licenciados en alguna rama de las humanidades", carecen de una mínima formación científico tecnológica, además, de poseer sentimientos anticientíficos. Personas que "con frecuencia ocupan posiciones influyentes en las instituciones sociales, educativas o políticas donde son capaces de ejercer un grado de poder político desproporcionado en relación a su número. Por ejemplo, la mayor parte de los 650 parlamentarios que componen la Cámara de los Comunes Británica, tienen licenciaturas universitarias; sin embargo el número de los licenciados en ciencias apenas llega a unas docenas. Una cosa parecida ocurre en el caso de los empleados públicos que desarrollan su actividad en la maquinaria del gobierno. Y lo mismo cabría decir de los periodistas".
En nuestro país también existe una notable sobrerrepresentación de profesionales del derecho. Así, en el actual Congreso, el 37,0% de los diputados tienen estudios de derecho, 12,0% de Filosofía y Letras, 17,5% de Ciencias Sociales, 17,3% maestros y otros y sólo 8,8% de ciencias de la salud, 3,6% de ciencias experimentales y 3,8% de técnicas. Un hecho que se repite en diferentes épocas y parlamentos: licenciados en derecho siempre con elevados porcentajes y científicos y tecnólogos con presencia muy inferior y siempre la menor de todas las categorías. Así, en el Parlamento de Andalucía (aún siendo algo atípico) el 20% son de derecho, frente a porcentajes inferiores al 6%, 5% y 4% para ciencias de la salud, ingenierías y experimentales
Y no sólo en los parlamentos. De los 17 miembros del actual gobierno español, 11 cursaron estudios de derecho y ninguno ciencias experimentales o de la salud, una ministra ingeniería y seis económicas. Poca diferencia existe con anteriores gobiernos. Así, de 16 integrantes del gobierno Aznar de abril 2003, también 11 eran de derecho, tres economistas y sólo un ingeniero y una médico. En su siguiente gobierno, poco cambió: sólo redujo los economistas a dos. De los asesores que Zapatero designó para elaborar su programa, cuando aún se encontraba en la oposición, ni uno sólo de ellos poseía formación en ciencias biológicas, experimentales o tecnología. Y en el actual gobierno andaluz, siete de sus miembros (¡cerca del 50%!) poseen estudios de derecho, mientras que, en el otro extremo, encontramos una médico, una farmacéutica, una ingeniera técnica agrícola y nadie de ciencias experimentales.
Sin embargo, ellos están definiendo el rumbo y los objetivos de sus pueblos. Cuando, en el pasado, los cambios eran pocos, lentos y no tan basados en ciencia y tecnología, no era difícil preparar el futuro, ni tan precisa una buena comprensión del hecho tecnológico. Actualmente, con el desarrollo económico basado en la ciencia y la tecnología, la incomprensión de las mismas por los políticos puede suponer, a no muy largo plazo, la enorme diferencia que media entre prosperidad y pobreza.
Enrique Montero es físico, profesor de Tecnología Electrónica en la Universidad de Cádiz.
