Sectores jurídicos del PSOE critican al juez y a la fiscal

La imputación del comisario jefe de Información de Madrid, Rodolfo Ruiz, y de dos inspectores en delitos de "detención ilegal" ha sido duramente criticada por sectores jurídicos del PSOE, que se han propuesto defender a toda costa a los policías de una actuación que consideran "instrumentalizada políticamente" por el PP.

Medios jurídicos próximos al PSOE señalaron que el auto dictado por el juez Carlos Valle atribuye un delito de detención ilegal a unos policías que trataban de identificar a unas personas, "fueran o no responsables" tras "producirse la agresión a un ministro". Según estas fuentes, se les llamó a declarar voluntariamente, se les puso un coche y no se materializó ninguna detención, puesto que "no se les tomaron fotos, ni huellas, ni hubo esposas, ni calabozo, ni nada de lo que suele rodear a una detención y cuando terminaron de declarar se marcharon". Aunque al firmar un acta de instrucción de derechos pudieron llegar a estar detenidos "formalmente" un par de horas, no llegaron a estar detenidos "materialmente" y de ahí que no haya base para una detención ilegal, según esos dirigentes socialistas.

Otras fuentes del mismo partido consideraron "un sarcasmo" la actuación desplegada por el juez Carlos Valle sobre supuestos delitos de detención ilegal cuando todavía recuerdan "su particular cruzada de 1986 contra el aborto, en la que organizó una redada contra dos clínicas de planificación familiar de Madrid, detuvo a 39 personas, se incautó de los archivos, historiales clínicos y hasta del instrumental médico de los establecimientos y mantuvo en prisión a cinco médicos hasta que un juez sustituto les dejó en libertad". Dos años después concluyó el sumario sin decretar ni siquiera un procesamiento.

La esposa de Lamela

Las fuentes consultadas critican que en el origen del proceso y hasta hace pocos días haya llevado el peso de la acusación la fiscal María José Campos, esposa del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela -quien mantiene otro frente judicial contra los médicos del hospital de Leganés por el caso de las sedaciones paliativas-, cuando el PP, del que su marido es un alto cargo, está personado en el procedimiento contra los policías.

La fiscal María José Campos renunció a regañadientes a proseguir con la acusación cuando el fiscal jefe de Madrid, Manuel María Moix, le indicó que podía estar incurriendo en incompatibilidad dado su parentesco con un alto cargo del partido denunciante, según indicaron fuentes jurídicas. La fiscal replicó que no compartía el criterio de su fiscal jefe pero finalmente aceptó apartarse del proceso.