Primero, la economía

La presente legislatura ha agotado su primer ejercicio de vida. Dicen los veteranos en política que el segundo año de cualquier Gobierno es el más importante, que las reformas de gran calado que se plantean más allá, en el tercer y cuarto años, suelen quedarse en el tintero por falta de tiempo y agotamiento. Por eso, si durante sus primeros meses era normal dar oportunidad al Ejecutivo para que fijase los principios sobre los que quería construir su mandato, ahora ha llegado el momento de empezar a analizar con mayor detenimiento todas las políticas que hace o deja de hacer y de qué modo se están materializando en las reformas que necesita la sociedad española.

Atendiendo a criterios económicos, hay que felicitarse por la evolución económica que está siguiendo nuestro país. Durante los últimos 12 meses ha crecido el PIB por encima de la media europea, a una tasa del 2,8%; ha disminuido el paro y por primera vez en décadas puede situarse en cifras de menos de dos dígitos, y las empresas siguen obteniendo buenos resultados. Por poner un ejemplo, los beneficios de las compañías del Ibex han crecido el primer trimestre un 41%.

Debido sobre todo a la llegada de inmigrantes, lo más probable es que la economía nacional siga esta tendencia durante los próximos meses. Sin embargo, las perspectivas de los diferentes agentes económicos no parecen encajar con este escenario. La mayoría de las encuestas que recogen el clima de confianza de empresarios y consumidores demuestran la buena situación actual, pero poca confianza en el futuro. ¿Por qué?

Teniendo en cuenta el elevado nivel de apertura de la economía española, la respuesta tal vez esté en el exterior. Si miramos lo que está sucediendo en la UE, las noticias no son demasiado optimistas. Claro que tampoco lo eran hace unos años y a pesar de ello la economía nacional ha crecido siempre a tasas cercanas al 3%, lo que nos debe hacer sospechar que los problemas pudieran estar dentro.

En este contexto, es conveniente analizar el entorno más próximo y, concretamente, el clima y la acción política. La sociedad española se encuentra en uno de los periodos más tensos de la era de la democracia, inmersa en un ambiente preelectoral permanente. La mejor demostración se encuentra en el último debate sobre el estado de la nación. Durante el mismo, los dos responsables de los principales partidos dedicaron la mayor parte del tiempo a contradecir los argumentos del adversario. Como resultado del mismo, al día siguiente, los periódicos no informaron sobre las diferencias existentes entre las propuestas de unos y otros en materia de sanidad, infraestructuras, educación o economía, sino que los titulares expresaban el desencuentro total en temas como el terrorismo o la configuración del Estado, precisamente esos que hay que discutir sin pasión y con sobriedad. El debate fue rico en descalificaciones, pero limitado en propuestas e ideas novedosas.

Si se tiene en cuenta a los medios de comunicación del resto de países de la UE, se puede apreciar que el asunto que ocupa la atención de los ingleses hoy es la posible sustitución de Tony Blair por uno de los miembros de su Gabinete, el señor Brown, que "casualmente" es uno de los principales responsables de la buena marcha de la economía inglesa. En Alemania llevan toda la legislatura debatiendo en torno a la denominada Agenda 2000, un paquete de reformas que el Gobierno entiende clave para afrontar el futuro de forma competitiva. En Francia, el resultado del referéndum sobre la Constitución europea va a estar influenciado por el debate suscitado en torno a la directiva europea sobre liberalización de servicios y sus efectos sobre el empleo en el país galo. Con resultados mejores o peores, los grandes países de la UE tienen claro que, ante un entorno mundial tan complejo y competitivo, la economía debe ocupar el primer puesto de la agenda política. Y se tiene muy presente que el modelo de Estado no puede estar sometido a una revisión permanente, que el marco legal no debiera estar sometido a incertidumbres y que las iniciativas que generan competitividad y más riqueza son prioritarias. Sin ellas no hay debate posible sobre la configuración de Estado de bienestar porque, simplemente, éste no existirá.

Si no se priorizan estos aspectos se corre el riesgo de que el tan hablado cambio de modelo económico, basado en la innovación y en la productividad, no termine de llegar. De momento, las bases del mismo siguen sin existir. Aunque el Ministerio de Economía merezca el respeto de todos los agentes económicos y tenga unas ideas muy claras sobre las reformas a llevar a cabo, si sus propuestas están siempre en un segundo plano, estas bases no podrán asentarse jamás. Hay que tener en cuenta que muchas de ellas requieren un sacrificio muy importante de amplios sectores sociales. Si se quiere que los empresarios inviertan en España y mantengan sus sedes aquí aun a riesgo de ser menos rentables, si se cree necesaria una Administración menos burocrática y con mayores niveles de eficiencia, si se considera conveniente que los jóvenes dediquen más esfuerzo y tiempo al estudio, si es indispensable una Universidad capaz de ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades del tejido productivo y si queremos un mercado laboral más flexible, habrá que convencer a todos los sectores implicados de la necesidad del cambio. La transformación de la que se está hablando es tan importante que sólo puede conseguirse si los Gobiernos nacional y autonómico hacen de estas reformas su objetivo prioritario.

En resumen, parece necesario un "cambio" en el que se dé prioridad a los temas que incidan mayormente en el desarrollo económico y social. La situación económica actual es buena, con más de 10 años de crecimiento ininterrumpido, pero no podemos malgastar lo alcanzado en debates que resten fuerza al Gobierno para acometer las reformas económicas que se necesitan. Si los partidos políticos siguen sólo enzarzados en las discusiones actuales, se corre el riesgo de malgastar la legislatura en ese tipo de debates y de que en el futuro el crecimiento en términos per cápita se estanque, lo que frenaría el proceso de convergencia y nos alejaría de ese objetivo aún utópico, pero alcanzable a largo plazo, que es el pleno empleo.

Fernando Casado es director general del Instituto de la Empresa Familiar y catedrático de Economía de la Empresa.