Otra vez el Ministerio de la Vivienda
Tras un largo periodo de hibernación, el Ministerio de la Vivienda ha vuelto a un primer plano. Si gracias a él conocimos las soluciones habitacionales y asistimos al nacimiento de un plan de choque articulado en torno a 11 medidas de las que a día de hoy se desconoce la eficacia y el funcionamiento real de muchas de ellas (en realidad, de la casi totalidad), tenemos ya sobre la mesa dos nuevas iniciativas (aunque éstas estuvieran ya incluidas en el anterior plan de choque).
La primera es la largamente anunciada Sociedad Pública de Alquiler, una actuación que pretende potenciar e impulsar la salida al mercado de viviendas vacías, aumentando las garantías contra los impagos y presentando este régimen como una opción real y económicamente viable frente a la compra. La segunda es un gran pacto de Estado en materia de suelo para el que se ha convocado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
La Sociedad Pública de Alquiler es una copia de lo que ya funciona en el Ayuntamiento de Madrid
Sin duda, son dos buenas iniciativas que debemos valorar y ponderar adecuadamente. Ha valido la pena esperar este tiempo para encontrar dos actuaciones con las que el ministerio puede llegar a dejar su sello. Sin embargo, junto al aplauso por la decisión, conviene poner de manifiesto los puntos oscuros y recordar lo poco novedosas que son ya estas medidas.
En primer lugar, porque la anunciada Sociedad Pública de Alquiler no es en el fondo diferente de la que actualmente está en funcionamiento en el Ayuntamiento de Madrid y que, recogida en el programa electoral, ha visto la luz en el año 2004 como continuación de otras experiencia puestas en marcha en anteriores legislaturas. Agradecemos enormemente al Ministerio de Vivienda el reconocimiento que para el Ayuntamiento supone copiar a nivel estatal una de sus iniciativas, pero que no nos lo vendan como algo novedoso, y sobre todo, por favor, si copian un proyecto, que por lo menos lo hagan bien. Las experiencias están ahí. No hay que pensar que porque alguien ya lo haya llevado a efecto no pueda ser válido. Realmente merece la pena trabajar en esa dirección. Ahora bien, un Gobierno que se define como social, un Gobierno que presume de ofrecer nuevos derechos, un Gobierno que no para de hablar de su voluntad de servicio y de su decidida apuesta por la vivienda, pretende cobrar una comisión del 20% por algo que se ofrece de modo gratuito a todos los usuarios en el Ayuntamiento de Madrid. Sencillamente sorprendente. O mejor dicho, sonrojante.
Comprendo y comparto la voluntad de cooperación de esta nueva sociedad pública con las ya existentes a nivel autonómico y local, pero cuando se plantea con esta estrechez de miras, con tan exiguos objetivos (1.000 viviendas como inicio, cifra alcanzada en los dos primeros meses de funcionamiento en el Ayuntamiento de Madrid) y sin buscar el modo de coordinación de todas las actuaciones, parece un difícil planteamiento.
La segunda iniciativa es también de gran calado: un gran pacto de Estado en materia de suelo. Lástima que en este caso también se trate de una iniciativa que, como bien queda reflejado en el propio informe preparatorio, tiene su precedente directo en enero de 2003 (por iniciativa del PP) y que no logró el consenso de siete comunidades autónomas (mayoritariamente gobernadas por el PSOE) que lo rechazaron. Hicieron una cuestión política de algo que debería ser una cuestión de Estado y de consenso, alejado de los meros intereses partidistas.
Según esas comunidades, en aquel momento existían divergencias insalvables en materia de valoraciones de suelo y destino de suelos patrimoniales. Sin embargo, ahora todo es perfectamente asumible. Supongo que esto será cuestión de "talante", la gran palabra con la que se soluciona todo en este Gobierno, aunque en este caso habría que decir que se trata sólo de un cambio en el promotor de la idea.
Podría decirse que claro, ahora estamos ante un pacto distinto, que éste es "más dialogado, consensuado, abierto y participativo". Y, sin embargo, por mucho que traten de buscarse diferencias, estamos ante una copia, eso sí, menos concreta y por supuesto más difusa y ambigua, de algo que antes no era ni tan necesario ni tan posible. Bastaría analizar en profundidad el documento y dejarse de juegos florales para comprobarlo. Pero, claro, en materia de talante nos queda todavía mucho camino por recorrer.
Sigfrido Herráez Rodríguez es secretario de Política de Vivienda del Partido Popular de Madrid y concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
