Las tarifas eléctricas y la competencia
Durante los últimos años, uno de los ejes fundamentales de la política económica ha sido la liberalización de un conjunto de sectores en los que subsisten importantes obstáculos para el desarrollo de mercados plenamente competitivos. Al tratar de valorar los resultados de dichas políticas nos encontramos con un panorama muy diverso, lleno de luces y sombras, en el que sobresale, como principal factor determinante de éxitos y fracasos, la capacidad de la Administración para diseñar regulaciones adecuadas. Con ello, nos referimos al mayor o menor acierto a la hora de fijar las "reglas del juego" que ordenan la actuación de los agentes económicos que operan en aquellos sectores en los que, a pesar de los esfuerzos realizados, resulta imposible hablar de verdadera competencia.
En la actualidad, las principales compañías eléctricas españolas se encuentran enzarzadas en un complejo cruce de acusaciones y reproches que tiene como telón de fondo la perspectiva de una inminente reforma del marco regulador del sector. Hace unos meses, el gobierno encargó a un experto independiente (el profesor José Ignacio Pérez Arriaga, un gran conocedor del sector energético) la elaboración de un conjunto de propuestas que sirviera como base para acometer una profunda modificación de la regulación eléctrica. Dichas propuestas, agrupadas en un Libro Blanco, deben alcanzar ámbitos muy diversos y han de subsanar las deficiencias existentes en el actual marco regulador que, si bien supuso una transformación radical de la organización y el funcionamiento del sector, no ha sido capaz de promover el paso hacia una situación realmente competitiva.
Y en este contexto es en el que se vienen produciendo los enfrentamientos entre Endesa e Iberdrola, las dos mayores eléctricas españolas, apoyadas, según las circunstancias, por otras compañías que, aunque no disponen de cuotas de mercado tan elevadas en el negocio eléctrico, también forman parte del listado de grandes empresas españolas (es el caso, por ejemplo, de Gas Natural). Así, mientras Endesa acusa a Iberdrola y a otras compañías de aprovechar los mecanismos que permiten resolver las restricciones técnicas para elevar los precios de la electricidad, Iberdrola ataca a Endesa argumentando que esta compañía desarrolla estrategias destinadas a maximizar su participación en las ventas, aunque sea a costa de contener el incremento del precio de la energía eléctrica. Este cruce de acusaciones no tendría la menor relevancia si el mercado eléctrico fuera plenamente competitivo: se trataría, simplemente, de una escaramuza entre empresas que desarrollan estrategias distintas para tratar de conseguir los mayores beneficios posibles. Pero la situación es bien distinta. El mercado en el que se fija diariamente el precio al por mayor de la electricidad que llega hasta nuestros hogares es un mercado regulado, que funciona de acuerdo con unas reglas establecidas por la Administración, de modo que si tales normas permiten o fomentan determinadas estrategias empresariales, deben corregirse para evitar tales comportamientos.
Además, el mercado mayorista de electricidad está sujeto a una interferencia adicional, inducida por la regulación sectorial. Se trata de los pagos que vienen percibiendo las empresas productoras en concepto de "Costes de Transición a la Competencia" (CTC), y cuyo cobro está vinculado a la evolución del precio que se fija en dicho mercado mayorista. A alguna compañía le puede interesar que éste sea muy bajo para que se reparta una mayor retribución por CTC, mientras que a otras, con menores derechos de cobro por este concepto, les conviene que el precio ascienda aunque ello suponga no percibir nada por CTC. Así, las estrategias de las empresas que operan en el mercado quedan condicionadas por un factor completamente ajeno a éste, que tiene su origen en el diseño del proceso de liberalización y que responde a las pautas establecidas por el marco regulador.
Más allá de factores concretos, las enseñanzas que se derivan del proceso de liberalización que se inició con la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 ponen de manifiesto que, a pesar de la introducción de nuevos esquemas organizativos, las principales empresas conservan una capacidad para influir sobre los precios del mercado que es muy superior a la que tendrían en un contexto realmente competitivo (así se demuestra en diversos informes de la Comisión Nacional de la Energía y del Servicio de Defensa de la Competencia). Para hacer frente al reto que supone avanzar y profundizar en la liberalización del sector eléctrico español, el gobierno debería tratar de situarse por encima de las disputas que mantienen las principales empresas del sector, evitando la confusión entre aquellas cuestiones que son objeto de polémica y las que, por su trascendencia, necesitan una reforma más urgente. Y no debería olvidar que, con o sin enfrentamientos, las compañías eléctricas defienden sus propios intereses, perfectamente legítimos, pero no necesariamente coincidentes con los de los consumidores. Lo que demandamos los usuarios es, como siempre, un servicio de la mayor calidad posible al mínimo coste. Y de lo que se trata es de encontrar la mejor forma de lograr ese objetivo. Así, por ejemplo, llama la atención que, mientras se discute acaloradamente acerca de la forma más idónea de organizar los intercambios de electricidad en el mercado mayorista, para que el precio fijado sea un buen reflejo de la interacción entre oferta y demanda, apenas se habla sobre las normas que regulan la actividad de distribución. Y ello a pesar de que la calidad del suministro eléctrico en nuestro país depende, cada vez más, de que las empresas titulares de las redes de media y baja tensión realicen las inversiones adecuadas para garantizar el mantenimiento y la expansión de dichas redes. Pues bien: en la actualidad, la normativa que determina el régimen retributivo de dicha actividad apenas contiene algún incentivo que apunte en esa dirección. Y ello no resulta conveniente para la Comunidad Valenciana donde, a lo largo de los últimos años, hemos podido comprobar en varias ocasiones cómo un pequeño fallo en las instalaciones de distribución puede llegar a afectar notablemente a los consumidores y a nuestra actividad económica, especialmente al turismo.
Además, y como consecuencia de los impulsos liberalizadores de los últimos años, diversas compañías vienen desafiando la posición de dominio de la que ha venido disfrutando Iberdrola en el suministro de energía eléctrica a los usuarios valencianos (probablemente, la alianza entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Unión Fenosa constituye el intento más serio de ofrecer una alternativa a Iberdrola, participada por Bancaja).
A pesar de que esta discusión no parece estar incluida en la agenda política valenciana, la posibilidad de que los consumidores dispongamos de más opciones a la hora de contratar nuestro suministro de electricidad depende también, en última instancia, de la capacidad de las Administraciones para organizar adecuadamente el mercado al por menor. Y esto no es un asunto político menor.
Julián López Milla y Martín Sevilla Jiménez. Universidad de Alicante.
