Evaluar el gasto, mejorar la democracia
CUANDO LAS AGENCIAS INTERNACIONALES, públicas o privadas, evalúan la competitividad española, llegan a la siguiente conclusión general: bien en lo que se refiere a política macroeconómica, regular en lo que respecta a la educación, mal en la calidad de las instituciones públicas. La productividad de un país se mide, entre otras cosas, por la cantidad y calidad de los factores de producción: trabajo y capital principalmente.
Esa calidad de las instituciones se relaciona con la eficacia con la que se gasta el dinero público, y, también, de los organismos reguladores. En una reciente intervención en la Fundación Alternativas, el catedrático de Teoría Económica y consejero del Banco de España, Julio Segura, explicó que la clave del buen funcionamiento de los organismos reguladores depende de su reputación. ¿Cómo se obtiene ésta?: a través de la competencia técnica de las personas que los forman; por la transparencia con la que funcionan (si informan o no de lo que hacen, y lo publican), y por el grado de autonomía real de los poderes económicos y de los poderes políticos.
En los estudios de la competitividad española falla, sobre todo, la calidad de las instituciones públicas. Esa calidad se mide por la eficacia con que se gasta el dinero público y por la reputación de los órganos reguladores
Estudiar la eficacia del gasto público figuraba en el programa electoral con el que el PSOE ganó las elecciones, como parte de los instrumentos para mejorar la calidad de la democracia. En dicho programa se decía que "las Administraciones Públicas son instrumentos esenciales para desarrollar la democracia y asegurar el progreso individual y del conjunto de la sociedad", así como que "los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y las libertades que la Constitución les reconoce".
Lo que se dice, se hace. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, nada más tomar posesión del departamento, encargó a una comisión de expertos los estudios para crear una Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas. Una agencia de nombre tan horrendo se constituiría como el elemento articulador básico de un Sistema Público de Evaluación. Así lo explicó Sevilla en el Congreso el pasado mes de junio.
El ministro dio tres meses a esa comisión, presidida por el ex director del Instituto de Estudios Fiscales Juan Antonio Garde, para que presentase su estudio. Ya lo ha hecho. Cuando se constituya como ente público independiente y sea aprobada por el Consejo de Ministros, servirá para evaluar la calidad de los servicios públicos impartidos y si el dinero público invertido en ellos ha sido rentable, así como el dinero que la Administración dedica a subvenciones o a la cooperación internacional. Garde recordaba recientemente (Cinco Días, 22 de noviembre) que los gastos fiscales del Presupuesto de 2005 suponen algo más de 41.000 millones de euros, de los que alrededor de 14.000 millones son incentivos que deben ser analizados y reconsiderados para ver hasta qué punto cumplen las expectativas para las que fueron creados.
La Agencia dependerá, en un primer momento, de Administraciones Públicas, con la voluntad de que en el caso de que se logre la reforma del Senado como cámara de representación territorial pase al mismo. No existe en los países que se han estudiado (Alemania, Canadá, Austria, EE UU, Francia...) un modelo ideal o generalizable que sirva en todos los casos para España.
Del mismo modo que se necesitan filtros públicos para evaluar la competencia técnica de los reguladores y la ausencia de conflicto de intereses en los mismos, el debate ya no es sólo cuánto dinero debe gastar el sector público en sus diferentes administraciones (central, autonómicas y municipales), sino cómo se gasta. Con esta filosofía, tan importante es aumentar el presupuesto público de investigación y desarrollo como saber por qué en España por cada unidad pública que se invierte en este concepto sólo se invierte una unidad privada y no dos, como en el resto de Europa.
