Responsables y víctimas
Desperté el 6 de octubre con la escalofriante noticia del brutal asesinato de las dos jóvenes policías en prácticas por parte, supuestamente, de Pedro Jiménez García, y en ese momento albergué diversos sentimientos; en primer lugar, una profunda compasión por las dos jóvenes, una inmensa tristeza por las familias y un recuerdo por los casi 60.000 presos de las cárceles españolas, todos víctimas, en una u otra medida, de Pedro Jiménez.
A los dos días los periódicos iban cargados de editoriales y artículos de opinión que volvían a la carga sobre la ineficacia de las cárceles, las críticas a los equipos de tratamiento, a los jueces y la necesidad de revisar la legislación para evitar nuevos episodios como el ocurrido. Ante tal panorama, creo importante ofrecer, desde mi experiencia, algunas reflexiones que puedan servir para informar al lector.
Hay que hacer políticas encaminadas a encontrar solución a los problemas reales de las cárceles
- Resocialización y reincidencia. Puede parecer una nimiedad, pero les aseguro que para la población penitenciaria y los operadores del sistema no es una cuestión semántica. Los principios inspiradores de la Ley Penitenciaria 1 / 1979 (fue la primera ley de la democracia, aprobada por unanimidad y elogiada por la mayoría de penalistas y penitenciaristas europeos) establecen el concepto de resocialización, según Borja Mapelli Caffarena, como "un principio fundamental de humanización de la ejecución de las penas, en virtud del cual éstas deben adaptarse a las condiciones generales de la vida en sociedad y contrarrestar las consecuencias dañinas de la privación de libertad". Los estudios científicos más relevantes sobre la reincidencia nos indican que, sintetizando, reincide menos quien recibe un "tratamiento resocializador y terapéutico" en el interior de la prisión y además se reincorpora paulatinamente a la vida en libertad mediante permisos de salida, régimen abierto y libertad condicional.
- Tratamiento especializado e informes técnicos. En línea con lo expuesto, el Centro Penitenciario de Brians fue el primero de España que ofreció, hace siete años, un programa integral de tratamiento para delincuentes violentos y sexuales. En todos estos años se han dado fracasos, pero también muchos éxitos, de los que ahora nadie habla. Durante mi etapa de director de Brians vi como estos profesionales, con pocos recursos pero ilusionados, motivados, se implicaban en un proyecto que en más de una ocasión trascendía lo exigible como funcionarios públicos. Quien trabaja con este tipo de población se merece todo el respeto del mundo. Muchas veces, la mayoría de ellas, no se paga con dinero. Por eso cuando leía las declaraciones que ponían en boca de un juez de vigilancia penitenciaria -"volvimos a resolver en contra porque entendimos que los informes aportados no ofrecían garantía suficiente de que el interesado no pudiera volver a reincidir"-, no salía de mi incredibilidad. Nunca, nadie, y menos por escrito, puede predecir la reincidencia. ¿Ustedes conocen algún médico que prediga la muerte o la cura absoluta de una enfermedad o dolencia? El juez de vigilancia penitenciaria de mi época tenía por criterio no aprobar permisos penitenciarios a delincuentes violentos y sexuales hasta que no hubiesen cumplido efectivamente las dos terceras partes de la condena. Parece ser que este criterio sí ofrecía suficientes garantías de que el interesado no volviera a reincidir.
- Tratamiento individualizado frente a reformas legales. La experiencia demuestra que cada vez que ocurre un brutal delito -principal y exclusivamente contra las personas-, el Código Penal y el reglamento penitenciario se tambalean. La única ocurrencia, básicamente de los políticos, es endurecer el sistema. Esta estrategia, denominada por la penalista Elena Larrauri "populismo punitivo", se ha demostrado que es una mala inversión a todos los niveles. Estados Unidos, con políticas de endurecimiento del sistema penal y penitenciario, tiene el índice más alto del mundo de población penitenciaria, con alrededor de seis millones de presos. Allí sigue creciendo la población reclusa y se vulneran constante y sistemáticamente los derechos fundamentales de aquéllos. A mi entender, y al de otros muchos, la legislación penitenciaria da las suficientes posibilidades de individualizar la ejecución y el cumplimiento de la pena (principio fundamental de la legislación penal y penitenciaria que algunos parecen olvidarse), ofreciendo a cada penado el proceso y los medios de cumplimiento acordes a su situación individual, personal, social y familiar. No modifiquemos la ley, simplemente cumplámosla. Cuando se ha modificado cualquier aspecto de la ley siempre se da un retroceso en detrimento de la resocialización que afecta directamente a las condiciones de vida de los internos, se deteriora la organización ambiental y se frustran las expectativas de los que cumplen condena. El sistema pende de un hilo, recuerden lo sucedido, no hace tanto tiempo como para haberlo olvidado, en Quatre Camins. La respuesta pasa por individualizar realmente el cumplimento de la pena. Individualizándolo hacemos el sistema más seguro y más justo, acorde a lo que cada uno de los internos se gana y merece.
- Un solo responsable, pero todos cómplices y víctimas. Una de las peores cosas que puede suceder es buscar cabezas de turco de la horrible muerte de las dos policías. El único responsable, si así se demuestra, es Pedro Jiménez García. Pero en el fondo todos los implicados, directa e indirectamente, en esa historia nos sentimos mal. El sistema busca culpables y todos intentan pasar ese sentimiento de responsabilidad al otro, y esta actitud quiebra el sistema. Todos y cada uno de nosotros debemos plantearnos en qué y dónde fallamos, y asumirlo. Diseñar y asumir políticas, trabajar en conjunto, coordinada e interdisciplinariamente para encontrar soluciones reales a los problemas reales es mandato y requerimiento de un Estado democrático, social y de derecho. Estado por el que muchos hemos luchado.
Andreu Estela Barnet es ex director del Centro Penitenciario Brians.
