El pacto por la competitividad apuesta por el ferrocarril y exige 500 kilómetros de autovías

El acuerdo estratégico para la competitividad estará listo con el tiempo justo para incluir algunas de las medidas clave en el presupuesto de 2005. Con más de un mes de retraso respecto al calendario previsto, los agentes sociales y la Generalitat negocian a toda velocidad el texto final de un extenso pacto que hoy tiene más de 400 propuestas. Patronales, sindicatos y Administración tienen previsto entregar al presidente Pasqual Maragall, a principios de noviembre, una veintena de medidas de choque, entre las que destacan la construcción de 500 kilómetros de autovías y la necesidad de dar prioridad al transporte ferroviario.

Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales y uno de los miembros del grupo de expertos creado por el Gobierno catalán para arropar el acuerdo, destacó que el pacto "demuestra la voluntad del Gobierno catalán de canalizar las medidas de política económica en consonancia con las propuestas de las patronales y los sindicatos", y abogó por extender el acuerdo "a otras comunidades autónomas que presentan los mismos problemas".

El texto del acuerdo, que está prácticamente cerrado, exige la construcción de 500 kilómetros de autovías libres de peaje y una nueva política relativa a las concesionarias de autopistas que incluya modificaciones en las tarifas para el transporte de mercancías y el transporte público, así como en jornadas especiales de gran tráfico. Pero la prioridad del acuerdo estratégico estará en la red ferroviaria: el impulso de la línea de cercanías C-5 de Renfe -entre Martorell, El Papiol y Mollet, pasando por Rubí, Sant Cugat del Vallès y la Universidad Autónoma de Barcelona-, una nueva línea orbital en la región metropolitana de Barcelona que una Granollers y Vilafranca y posteriormente Mataró y Vilanova i la Geltrú, y la articulación con la red europea con las conexiones hasta la frontera francesa de los puertos de Barcelona y Tarragona.

Entre el conjunto de las demandas dirigidas a la Administración central "destacan las encaminadas a reducir el enorme déficit de la inversión pública del Estado en Cataluña", según el texto consensuado entre la Generalitat y los agentes sociales, que está pendiente de las reuniones convocadas para las dos próximas semanas. El acuerdo juzga necesario "un nuevo marco legislativo que aporte soluciones a la financiación del transporte, que liberalice el sistema ferroviario y que ordene el sector del transporte", que deberá aprobarse "a lo largo de esta legislatura".

En las 80 páginas del documento debatido en la última reunión, celebrada el pasado lunes, aparecen más de 400 medidas en diversos ámbitos, que a la postre se resumirán en un paquete de unas 20 con repercusión directa en los presupuestos de la Generalitat para 2005, según fuentes próximas a Economía.

El acuerdo tiene un punto de partida: la necesidad de un cambio de modelo económico, que se traduce en varios bloques de propuestas, que van desde la gestión de las deslocalizaciones (con la creación de un observatorio de prospectiva industrial y una agencia catalana de inversiones) a la calidad del empleo (con 12 centros integrales de formación profesional, de los que dos estarán listos ya en 2005), de la política energética (con el fomento de las energías renovables y las exigencias a Endesa para la ejecución del plan de creación de subestaciones eléctricas) hasta el fomento de la tecnología, que pasa por la creación de una red de centros tecnológicos.La falta de una definición presupuestaria clara por parte del Gobierno catalán y la ausencia de un alto cargo del Ejecutivo que tenga una visión global del acuerdo son los dos principales focos de críticas de los agentes sociales -especialmente de los sindicatos- que participan en la elaboración del pacto, que se presentará con más de un mes de retraso respecto al calendario previsto.

"Hay propuestas desconectadas entre sí, falta un hilo conductor", según Comisiones Obreras. El coordinador general de los contenidos del acuerdo es el catedrático Josep Oliver, cuyo "gran esfuerzo" para agilizar los trabajos destacan los sindicatos. Pero Oliver no representa al Ejecutivo catalán. Esa labor la han llevado a cabo el secretario de Promoción Económica del Departamento de Economía, Andreu Morillas; la secretaria de Industria y Energía, Maite Costa, y el director general del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (Copca), Jordi Serret.

En las reuniones celebradas durante los últimos meses para la elaboración de las medidas que aparecen en el borrador del acuerdo -que se divide en ocho grandes áreas temáticas- han ido participando responsables de tres departamentos: Economía, Trabajo e Industria, y Comercio, Turismo y Consumo. Sin embargo, la ausencia de altos cargos de otras áreas (básicamente, Política Territorial y Obras Públicas, y Medio Ambiente y Vivienda) está impidiendo concretar algunos aspectos clave del acuerdo, en opinión de los sindicatos.

Las críticas de las patronales van un paso más allá. "En ocasiones, el acuerdo estratégico va a consistir en hacer propuestas que ya ha lanzado el propio Gobierno catalán [como es el caso de la agencia catalana de inversiones] o que están recogidas en los pactos del Tinell del tripartito", según fuentes de Fomento. Tanto esta organización empresarial como Pimec alaban la voluntad del Ejecutivo autónomo de recoger las opiniones de los expertos y los agentes sociales en el diseño de la política económica, pero ponen en el punto de mira las escasas posibilidades de que los acuerdos se plasmen en las partidas correspondientes de los presupuestos de 2005. "Está costando consensuar propuestas concretas para que el acuerdo recoja al final verdaderas medidas de concertación", según UGT.

Una de las fuentes de controversia en las últimas semanas ha sido "la escasa importancia relativa" de la formación profesional en el texto definitivo del pacto anticrisis. La Generalitat, por ejemplo, no ha dado el visto bueno a la propuesta de los agentes sobre el establecimiento de incentivos fiscales para las empresas en las que realicen prácticas los estudiantes de formación profesional. "No había acuerdo de manera muy expresa", justifica el texto provisional.