La petición de órdenes de protección por maltrato sube un 40% este año
Cada mes se presentan 124 solicitudes, frente a las 88 que se registraban en 2003
Las peticiones de órdenes de protección por parte de víctimas de la llamada violencia de género han aumentado algo más del 40% en el País Vasco. Desde el 1 de agosto de 2003 -fecha en la que entró en vigor este instrumento legal, que puede incluir medidas penales, civiles y sociales- hasta finales de ese año se reclamaron 443 órdenes, lo que arroja una media de 88 al mes. Durante el primer trimestre de este año, se han demandado 373, lo que supone un promedio mensual de 124. El 95% de las órdenes las piden mujeres, las principales víctimas de los malos tratos.
Los jueces acordaron en esos tres meses 265 órdenes de protección, el 71% de las solicitadas, y desestimaron el 29% restante, porcentajes muy similares a los del ejercicio pasado, según las últimas cifras registradas por el Consejo General del Poder Judicial. Durante el citado periodo dictaron 555 medidas para proteger a las víctimas. La más frecuente fue la orden de alejamiento (230 casos).
El CGPJ no cuenta con los datos de incumplimiento de las disposiciones judiciales en este tiempo. Ahora bien, la Ertzaintza detuvo en el primer trimestre a una treintena de hombres por quebrantar la citada orden de alejamiento, lo que, en más de una ocasión, estuvo acompañado de amenazas y agresiones a sus víctimas.
Casi mil mujeres (980) y 180 hombres denunciaron haber sufrido malos tratos en la primera mitad del año, lo que representa un incremento del 33 y el 18%, respectivamente. La Ertzaintza arrestó en este periodo a 234 hombres y siete mujeres.
El aumento de las peticiones de órdenes de protección responde a "la mayor información que tienen las mujeres, porque los hechos no han cambiado. Siempre ha habido casos de violencia contra las mujeres", sostiene la coordinadora del turno de oficio de violencia doméstica y agresiones sexuales de Guipúzcoa, la abogada Lourdes Emparanza.
Igual valoración realiza la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella. Pero a continuación vienen las críticas. "La mujer se ha creído que de verdad hay un instrumento legal que la protege y ha confiado en el juez, la Ertzaintza, los servicios sociales..., lo que le ha animado a salir del anonimato y presentar una denuncia", señala Estrella. Y añade: "El problema es que muchas de las mujeres que se han acogido a la orden de protección han firmado su sentencia de muerte, pues han sido asesinadas por la mala gestión que se ha hecho de dicha orden debido a la falta de medidas de control para que se cumpla el alejamiento".
Atajar la lacra
En este sentido, Emparanza considera que existe un control "suficiente, pero no perfecto" para tratar de evitar que el agresor se salte la orden de alejamiento. "Nunca va a haber medios para destinar un policía a vigilar a cada víctima", apunta. Y aunque subraya que es un hecho "totalmente marginal", la letrada comenta que hay algunas mujeres que solicitan la orden y luego son ellas mismas las que la incumplen, lo que muestra que son personas "que arrastran problemas emocionales" y requieren ayuda. Tanto Estrella como Emparanza esperan que la futura Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que está ya debatiéndose en el Congreso, ataje de manera más efectiva esta lacra.
"No es la panacea, se van a seguir matando mujeres, pero dificulta al maltratador seguir maltratando", apunta la presidenta de Clara Campoamor. Esta asociación quiere que el fondo de impago de pensiones del Estado que prevé la nueva ley, que garantizará la subsistencia a las mujeres maltratadas y sus hijos, se acompañe de un mecanismo para perseguir a quienes no pagan lo que deben y lograr dicho cobro mediante "el embargo a través de las delegaciones territoriales de Hacienda".
Emparanza ve muy positiva la futura creación de los juzgados especializados en violencia familiar o de género. Eso sí, "tienen que estar lógicamente dirigidos por jueces sensibles" a este problema, advierte la abogada.
El abogado Ander Bergara, asesor de Emakunde, afirma que la nueva ley estatal y la Ley de Igualdad que ultima el Parlamento vasco serán "complementarias", ya que esta última, ateniéndose a las competencias de Euskadi, contempla la violencia contra las mujeres desde un planteamiento más general, como "una manifestación más de la discriminación que sufren". Por ello, aborda esta desigualdad "en todos sus ámbitos: la educación, los medios de comunicación, la participación socio-política, el empleo y las medidas para la protección a las víctimas", explica Bergara.
