El fiscal pide cárcel para la directora de un geriátrico por estafar a una anciana
La acusada se aprovechó supuestamente de la demencia senil de la víctima
La fiscalía de Madrid pide seis años de cárcel para María Cristina Carracedo, de 36 años, propietaria de una residencia privada de ancianos, por estafar a una anciana con demencia senil que tuvo bajo su custodia durante parte del año 1999. Carracedo, directora de la residencia Virgen de la Oliva, se sentará por ese delito en el banquillo de los acusados de la Sección 16ª de la Audiencia de Madrid a partir de mañana, martes.
Según la fiscalía, el tribunal debe prohibir a la acusada que cuide de ancianos durante el tiempo que dure la eventual condena. El caso de Carracedo y de la residencia Virgen de la Oliva, situada en la calle de Ana Teresa, 23 (Aravaca), salió a la luz en septiembre de 1999, después de que la Comunidad de Madrid decidiese hacerse cargo del centro (lo intervino) ante la gravedad de los delitos que investigaba en ese momento el Juzgado de Instrucción 26, con el juez Santiago Pedraz al frente.
El juez hizo entonces un registro en la residencia y se incautó de abundante documentación para investigar la denuncia por supuesta estafa a un matrimonio de ancianos. A la vez ordenó el ingreso en prisión provisional de Carracedo. Y, en noviembre de 1999, el Gobierno regional decidió cerrar el centro y le impuso una sanción de 60.000 euros por distintas infracciones. Una inspección realizada por técnicos de la Consejería de Servicios Sociales constató que la residencia incumplía las normas higiénicas y sanitarias. Un fuerte olor a orín inundaba todo el centro y albergaba a más usuarios de los que tenía permitido, al margen de que uno de los cinco chalés que componen la residencia carecía de la preceptiva autorización administrativa. Cuando se produjo la investigación judicial había 35 ancianos en los chalés de la residencia.
Los hechos que dieron lugar a la investigación judicial se remontan al 27 de julio de 1999, según relata la Fiscalía de Madrid en su escrito provisional de acusación. Ese día, Ramón del Rosario Quevedo, de 84 años, ingresó en el hospital Clínico San Carlos. Vivía con su esposa, Carmen Quijano Bermejo, entonces de 81 años, y en la actualidad fallecida. El matrimonio no tenía ni hijos ni familiares que le cuidasen. Carmen Quijano padecía entonces una grave demencia senil. Su marido era quien la cuidaba, pero al ingresar éste en el hospital, víctima de una grave dolencia, Quijano se quedó "desamparada e impedida", según el relato de la Fiscalía de Madrid. Por eso fue llevada al hospital Clínico, donde ya estaba su marido, y allí quedó ingresada durante unos días.
Pero como la mujer no necesitaba cuidados médicos, el asistente social del hospital buscó una residencia de ancianos y concertó con la directora, la acusada, que Quijano le pagaría mensualmente el importe de su pensión, cerca de 350 euros, mientras su esposo permaneciese hospitalizado. Pero nada más llegar la anciana a la residencia, Carracedo se enteró de que tenía una cartilla de Caja Madrid con casi 36.000 euros. Aprovechándose de su demencia, la engañó para que le hiciese un poder general facultándola para que dispusiese de sus cuentas. Y también la engañó en el precio pactado con el asistente social y le hizo un contrato mediante el que le cobraba mensualmente "140.000 pesetas" en lugar de las casi "60.000 pactadas" con el asistente social.
Trasvase de cuentas
Según el fiscal, Carracedo sacó dinero de las cuentas de la anciana y lo trasvasó a otras de las que ella podía disponer. Se da la circunstancia de que en la residencia había otra anciana, Patrocinio Vázquez, ya fallecida, que también había otorgado a Carracedo un poder sobre sus cuentas. Carracedo, según descubrió luego el juez, también trasvasó dinero de Caja Madrid propiedad del anciano matrimonio a una cuenta de Vázquez, en la que ella tenía capacidad de disposición. Y de hecho dispuso de dinero.
Ramón del Rosario fue dado de alta en el Clínico el 23 de agosto de 1999. Cuando fue al banco vio que le faltaba gran parte del dinero de la cuenta que durante tantos años habían ahorrado él y su esposa. Y denunció los hechos, lo que dio paso a la intervención del juez y de la Comunidad de Madrid. Cuando el juez registró la residencia, con la consiguiente clausura de la misma, logró recuperar las nuevas cartillas bancarias en las que figuraba el dinero del matrimonio que Carracedo había trasvasado. Pero no estaba todo. El fiscal sostiene que faltan casi 6.000 euros y exige al tribunal que obligue a Carracedo a devolverlo.
