Inventario de humos

El concepto de cambio climático se ha popularizado y una buena parte de la población es consciente de los riesgos que acarrea la emisión incontrolada de gases contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, los instrumentos que se aplican para frenar este proceso no son tan fáciles de entender. A menudo quedan ocultos a la opinión pública tras farragosas denominaciones técnicas. Así ocurre con los derechos de emisión, que desde hace algunas semanas aparecen en los medios de comunicación a cuenta del papel que van a desempeñar en la batalla contra el cambio climático.

En Europa, el comercio de derechos de emisión permite asignar a las empresas cuotas para sus emisiones de gases de efecto invernadero en función de los objetivos que se haya marcado cada país, y que deben ajustarse a los compromisos adquiridos por la UE. Se trata, como explica la Comisión Europea, "de un sistema muy práctico, ya que permite a las empresas superar su cuota de emisiones a condición de que encuentren a otras empresas que produzcan menos emisiones y les vendan sus cuotas".

Por una parte, el sistema ofrece cierta flexibilidad, sin perjuicio para el medio ambiente, y, por otra, fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías. Las empresas, motivadas por los beneficios obtenidos de la venta de sus derechos de emisión, desarrollan y utilizan sistemas de producción más limpios. La filosofía del instrumento no es nueva y se aplica ya en otros sectores como la ganadería (cuotas lecheras) o la pesca (cuotas de capturas).

Sólo algunos sectores

España acaba de incorporar esta fórmula a su ordenamiento jurídico mediante un Real Decreto del siete de septiembre. Con él se cumplen las disposiciones en una directiva europea de octubre de 2003. Así, España cuenta ya con un Plan Nacional de Asignación (PNA), que organiza los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, aunque la norma sólo afecta a las instalaciones industriales que pertenecen a los sectores previstos en la directiva comunitaria.

Sólo están sometidas a este procedimiento las empresas que pertenecen al sector de la generación de electricidad, el refino de petróleo, la producción y transformación de materiales férreos, así como la fabricación de cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel, papel y cartón.

En total, y según el primer inventario realizado en colaboración con los empresarios, el PNA afectará a 1.066 instalaciones industriales de todo el país. La cifra se actualizará en el futuro. Entre estas empresas, y en función de los derechos de emisión que soliciten, habrá que repartir la cuota que el Gobierno ha fijado en esta misma norma y que se eleva hasta 154,86 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año durante el periodo 2005-2007. A esta cifra hay que añadir una pequeña cantidad de reserva para garantizar la entrada de nuevas industrias al sistema.

En Andalucía se localizan 147 de las industrias que el Gobierno ha incluido en el inventario del PNA. Algunas de ellas, como las centrales térmicas de Cádiz, Huelva, Almería o Córdoba, pertenecen al selecto grupo de las grandes empresas, amparadas por firmas como Endesa o Iberdrola. Algo similar ocurre con las refinerías de Algeciras y Huelva, con las fábricas de cemento repartidas por la región, o con las grandes azucareras o aceiteras que emplean combustibles fósiles en sus procesos.

En el inventario también figuran medianas y pequeñas empresas, cuya contribución al vertido de gases es moderada aunque también tendrán que someterse a la norma. Quizá en estos casos no sea fácil la reconversión tecnológica adecuada para reducir sus emisiones y poder competir así, con ventaja, en este singular mercado de derechos.

Esta circunstancia aparece de forma clara en la fabricación de ladrillos y tejas, en el que se incluyen 79 industrias andaluzas. El tamaño de estas empresas, su volumen de negocio y el carácter artesanal que aún predomina en algunas de ellas, complican la adopción de sistemas modernos, pero caros, que aumenten la eficiencia energética de sus hornos.

Al margen de las industrias que se incluyen en el Real Decreto, la lucha contra el cambio climático también obliga a actuar en sectores cuya contribución a este problema es notable, como es el caso del transporte, la agricultura, la construcción o la gestión de residuos. En este caso, la nueva norma establece una serie de medidas orientadas a limitar las emisiones de gases que se producen en estos ámbitos, aunque no estén cubiertos por la directiva comunitaria. Dichas acciones se suman a las previstas en la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en septiembre de 2002.

sandoval@arrakis.es