La Generalitat quiere prolongar la autopista del Maresme, tras 10 años de paralización

Diez años de nada. Ése podría ser el resumen de las obras de prolongación de las autopista del Maresme hacia el norte. Fueron pactadas por el Gobierno central, del que entonces dependía la vía, con ACESA en mayo de 1994. Luego la concesión pasó a depender del Gobierno catalán, que incluso firmó un pacto en 2000 para desencallar el asunto. Nada de nada. Ahora el Departamento de Política Territorial ha recuperado las conversaciones con los representantes del territorio para activar la cuestión, con vistas a la prolongación de la vía hacia Lloret y Girona.

El acuerdo firmado por el Gobierno central y la concesionaria ACESA establecía que esta empresa construiría, conservaría y explotaría "la prolongación del tramo Montgat-Palafolls de la autopistas A-19 [hoy C-32] hasta su conexión con la carretera GE-600 [hoy GI-600] de Blanes a Hostalric, de tal forma que facilite la adecuada prolongación en su día de la vía de alta capacidad hacia Massanet, así como los tráficos hacia Blanes.

"El nuevo tramo", precisaba el pacto entre las partes, "será libre de peaje para los movimientos internos del mismo, repercutiéndose su longitud en la barrera de peaje de Santa Susanna". El pacto incluía la previsión de calendario: iniciar las obras en 1995 y terminarlas en los años sucesivos.

Asimismo incluía el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de "ejecutar como vía de alta capacidad la unión de la autopista A-19 con la A-7 en las proximidades de Massanet" y añadía que el tramo paralelo de la nacional II "no será objeto de desdoblamiento antes de que en el tramo de la autopista A-19 Palafolls-Conexión con la GE-600 se alcance" un índice medio de tráfico "de 25.000 vehículos diarios".

El documento está firmado por el entonces secretario de Infraestructuras, Emilio Pérez Touriño, por parte del Gobierno central, y por José Manuel Basáñez en representación de la concesionaria ACESA.

ACESA no ha podido hacer nada, pero no por falta de voluntad, sino porque el Gobierno catalán no le ha entregado los terrenos. Siempre ha habido alguien que se ha opuesto al proyecto y los diversos consejeros de Política Territorial (Artur Mas, Pere Macias y Felip Puig) prefirieron evitar el enfrentamiento.

Pacto en 2000

Macias incluso llegó a firmar un pacto en abril de 2000 con representantes del territorio, ecologistas y afectados, con el objetivo de desencallar el asunto. También sin consecuencias.

La prolongación de la autopista hasta saltar el Tordera tiene pocos problemas, pero la cosa se complica con la prolongación en las dos direcciones previstas. El trazado hacia Lloret propuesto por el actual Gobierno catalán no cuenta con el visto bueno de los ecologistas, mientras que el trazado propuesto por éstos con el apoyo de un sector del territorio tiene costes más elevados de lo que Política Territorial desearía. El proyecto del departamento incluye las variantes de Blanes y Lloret, en los terrenos y con los trazados inicialmente previstos por los dos ayuntamientos.

Además, sostienen unos y otros, el tiempo corre contra todos los proyectos, porque cada día que pasa hay un trecho más urbanizado en el entorno.

El enlace con la AP-7 presenta otros problemas muy diferentes. Si se efectúa sin más, puede acabar con la efectividad de la autopista del Maresme. Ésta es ligeramente más barata que la AP-7, lo que lleva a pensar que sería sistemáticamente preferida por los camiones de largo recorrido.

Una de las soluciones posibles sería un peaje duro para este tipo de tráfico, de forma que resultara disuasorio el uso de la autopista del Maresme para los camiones de largo recorrido. En cambio, los vehículos de los residentes sí podrían utilizar esta autopista con un peaje blando o incluso sin él, si se satisficieran al completo las peticiones de los habitantes de la zona.

Al margen de este problema, la principal reivindicación del territorio, con Iniciativa per Catalunya Verds como abanderado, es que haya un único corredor entre el Tordera y Massanet, de modo que no se machaque un territorio que aún conserva abundantes parcelas destinadas la agricultura, sin contar con la subsistencia de masas boscosas.