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El 10% de los testigos del juicio del 'caso Promocisa' ya ha fallecido

La vista se reanudará después del verano

El juicio por una presunta macroestafa inmobiliaria ocurrida hace casi 30 años, el caso Promocisa, continuó ayer en la Audiencia Provincial con la comparecencia del primer grupo de 100 afectados. Sólo testificaron 36. Diez ausencias, el 10% de los citados, se deben a que ya han fallecido. Es una consecuencia del paso del tiempo para este proceso, en el que los testigos apenas recuerdan detalles de cuando la constructora Promocisa quebró, dejando sin pisos y sin dinero a más de 3.000 familias. El juicio se reanudará después del verano con la comparecencia del segundo centenar de afectados.

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Los afectados, la mayoría ancianos, intentan recordar tres décadas después de los hechos

El ministerio público, ayer representado por el fiscal jefe de Madrid Manuel Moix, se limitó a formular, uno a uno, las siguientes preguntas a los 36 afectados que acudieron a la Audiencia Provincial: "¿Compró usted un piso a Promocisa?", "¿cuánto pagó por él?", "¿recibió el piso o recuperó el dinero?" y "¿reclama usted algo a Promocisa?". Ninguno de ellos recibió su piso o su dinero de manos de la empresa, por lo que las respuestas a la última cuestión casi siempre eran las mismas: "Reclamo una indemnización por daños y perjuicios por los largos años que sufrimos la incertidumbre y el agobio económico después de la quiebra de la empresa".

El juicio comenzó a principios del pasado junio. Casi tres décadas después, y en las diferentes vistas celebradas hasta ayer, la mayoría de los testigos no ha sido capaz de recordar detalles sobre los hechos. Sin embargo, en el caso de los afectados, todos coinciden en reclamar lo que la mayoría llama una "indemnización moral" por lo que consideran una "estafa" que en muchos casos supuso el comienzo de verdaderos dramas personales.

Éste es el cargo al que se enfrentan los acusados, los antiguos responsables de Promocisa. Cuando comenzaron las diligencias de este caso, hace más de dos décadas, los imputados eran cinco: Luis Béjar Montalvo, presidente del entonces consejo de administración de la empresa y dueño del 4% de las acciones; Luis Constantino Jiménez Redondo, propietario del 23% de las acciones, y José Arias González, entonces director de una sucursal del Banco Central donde la constructora tenía abiertas varias cuentas.

Sin embargo, el paso del tiempo también se percibe en el banquillo de los acusados, ya que uno de los imputados ha fallecido, y la accionista mayoritaria de Promocisa, Josefa Polo Santamarina, viuda del fundador de la empresa, Ramón Fernández Soler, ha sido exonerada por el juez por un problema de salud relacionado con su avanzada edad.

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Cuentas especiales

A los imputados se les acusa de desviar los fondos depositados por los cooperativistas en unas supuestas cuentas especiales, creadas para pagar la construcción de sus pisos. Según la acusación, Promocisa vendía los pisos sin construir y utilizaba este dinero para comprar terrenos y financiar otras promociones anteriores. Por tanto, al quebrar a finales de la década de los setenta, no pudo afrontar los gastos de la construcción de los pisos acordados con los últimos cooperativistas ni devolverles el dinero, como establecían los contratos.

Durante el mes y medio que se lleva celebrando el juicio, las vistas se han caracterizado por la falta de memoria de la mayoría de los testigos e incluso de los imputados. En todos los casos se ha señalado el paso del tiempo como causa de la dificultad para recordar detalles. Como, por ejemplo, el nombre de las empresas aseguradoras que deberían haber cubierto las cantidades invertidas por los cooperativistas o si les constaba que las cuentas donde ingresaban el dinero eran especiales o no. Ambos, datos cruciales para el proceso.

El paso del tiempo también está pasando factura a la citación de los testigos. Ayer, además de la ausencia de los fallecidos, hubo testigos (la mayoría ancianos) que no acudieron a la Audiencia por encontrarse enfermos o en paradero desconocido. La propia presidenta del tribunal reconoció que los datos con los que cuenta su sección para localizar a los testigos datan de hace 12 años. Una base de datos que se volverá a poner a prueba a partir de septiembre, cuando comparecerá el segundo grupo de 100 afectados de un total de más de 1.500.

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