Un proyecto inviable por sus costes infravalorados y el riesgo ambiental

El Gobierno socialista decidió eliminar el trasvase del Ebro de la ley que desarrolla el Plan Hidrológico Nacional al considerar que los supuestos de "eficiencia socioeconómica y medioambiental que propugnaba" la obra no se correspondían con la realidad. Distintos informes técnicos, según el Ejecutivo socialista, "han puesto en entredicho el proyecto del trasvase, "haciéndolo absolutamente inviable". Los argumentos que esgrimió ayer el Gobierno son de dos tipos:

- Económicos. "Se han exagerado los beneficios del proyecto, sus costes aparecen sistemáticamente infravalorados y en algunos casos ni siquiera han sido tomados en consideración: la estructura de precios para la industria, la agricultura y los consumidores no ha sido suficientemente bien explicada; no se ha aclarado si se aplicarían tarifas diferentes según los territorios ni cómo se establecerían los acuerdos en materia de precios; los beneficios positivos, en términos de creación de empleo, han sido sobreestimados, y la relación entre el precio y la demanda no está bien contemplada".

- Repercusiones ambientales. "No se han analizado adecuadamente los efectos de una posible reducción de las cantidades de agua a trasvasar, no estando despejadas las incertidumbres sobre el caudal futuro del río Ebro y, en particular, del delta; no se ha asegurado la protección de las especies protegidas existentes contrariamente a lo exigido por la legislación comunitaria sobre hábitats y, además, existe un riesgo real de propagación de especies invasoras".

"No se recoge ninguna información sobre la toma y la distribución de agua del trasvase, ni sobre los bombeos de agua y las instalaciones eléctricas necesarias, aspecto clave para determinar el consumo de energía que requieren y su impacto en el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto".