El Defensor del Pueblo critica la respuesta a la exhumación de las fosas de la Guerra Civil

El significativo aumento de los reclusos en las cárceles españolas, la persistencia en los retrasos judiciales, las anomalías en los procedimientos de expulsión de inmigrantes, la venta habitual de medicamentos sin receta, y el "excesivo" aumento del precio de la vivienda son algunas de las actuaciones recogidas en el Informe del Defensor del Pueblo, de 2003. Esta institución también se pronuncia sobre otros asuntos clave: de la información aportada por algunas instituciones en la crisis del Prestige dice que algo "sigue faltando al día de hoy", y considera "desalentadora" la respuesta política a la petición que desde distintos colectivos se ha hecho a la Administración Pública para que impulse la exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil.

En 2003 se registraron un total de 17.389 actuaciones, que es la suma de las quejas recibidas y de las investigaciones iniciadas de oficio. Destaca el incremento de las quejas individuales, que han pasado de 11.818 en el año 2002 a 12.612 en el 2003, y el aumento de las investigaciones de oficio respecto al año anterior. La mayor variación se ha experimentado en las quejas individuales, con un incremento del 6,7% respecto a 2002, así como en las actuaciones de oficio, cuyo número también es más elevado que el año anterior. De las 17.224 quejas presentadas en 2003, excluyendo las de oficio, 16.823 (el 97,7%) fueron de origen nacional y 401 (el 2,3%) del extranjero, cifra que supone un notable descenso respecto del año anterior.

- Más presos en las cárceles. El aumento "tan significativo" del número de reclusos en las cárceles españolas dependientes de la Administración central, de 40.013 a 43.502 (un 8,15%), en 2003, precisa "un importante esfuerzo de adecuación de los medios materiales y personales de la administración penitenciaria", destaca el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en el informe que entregó ayer al Parlamento. La remodelación de los centros más antiguos "no es lo suficientemente intensa" y por eso pide incrementar "resueltamente" los presupuestos.

Año tras año, esta institución lamenta que la situación de las mujeres en prisión "es peor que la de los hombres", ya que los módulos en donde se alojan son peores "en términos generales". Y aunque sean una excepción, las presas destinadas en centros de los denominados "tipo", construidos desde 1991, tienen "más limitadas" la posibilidad de hacer trabajos remunerados. Llama la atención, una vez más, sobre el riesgo de suicidios en las cárceles.

- Medicamentos sin receta. La venta sin receta de medicamentos para los cuales es obligatoria "es práctica frecuente en un representativo número de oficinas de farmacias ubicadas en diferentes comunidades autónomas". El Ministerio de Sanidad le respondió al Defensor sobre esta cuestión que "dada la trascendencia del asunto" será analizado en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Respecto al acceso a las prestaciones sanitarias y la coordinación entre las comunidades autónomas, Múgica critica "desequilibrios territoriales" y "diferencias cada vez mayores". En cuanto a las listas de espera, un asunto recurrente en los informes del Defensor, denuncia que en 2003 persistieron "amplias e inaceptables demoras".

- Expulsión de inmigrantes. En su informe, Múgica considera que "desde el punto de vista de la prevención general de los delitos, no se advierte claramente que la medida de expulsión del extranjeros incursos en una causa penal como sustitutoria del procedimiento sea la más adecuada". También menciona la instrucción del ex fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que instaba a los fiscales a ordenar la expulsión de los inmigrantes de entre 16 a 18 años no acompañados, por entender que eran personas emancipadas. "A criterio de esta institución, la lógica global del sistema obliga a considerar que el menor, por el mero hecho de serlo, se encuentra en situación de desprotección, salvo que se evidencien pruebas notorias de lo contrario". Asimismo detalla el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados en el que detecta que, en algunos casos, se producen disfunciones "para las que resulta difícil encontrar justificación". El Defensor también advierte de que en 2003 persistió una "grave situación de retraso" en la tramitación de las solicitudes de permiso de trabajo y residencia de extranjeros, especialmente en las oficinas con más población inmigrante". Y es una "necesidad perentoria" aumentar el personal.

- Elegir la religión para los hijos. Los padres tienen derecho a optar por la formación religiosa y moral "más acorde con sus propias convicciones", recoge el informe y la opción elegida tiene que tener "plena efectividad".

- Plataformas digitales. El Defensor del Pueblo también señala que ha abierto una investigación a raíz de las quejas recibidas respecto a un supuesto incumplimiento en las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2002 tras la fusión de las Plataformas de Televisión Digital por Satélites.