Apife denuncia la Ley Tributaria por empeorar la lucha contra el fraude
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE) denunció ayer en un comunicado la nueva Ley General Tributaria que entrará en vigor el próximo 1 de julio, al considerar que "no sólo no mejora la lucha contra el fraude fiscal, sino que la empeora". Un fraude que representa el 20% del PIB.
Los inspectores encuentran en el mantenimiento de un límite de un año para las investigaciones fiscales uno de los principales frenos para perseguir con eficacia las complejas tramas de fraude organizado. Ponen como ejemplo que la nueva norma castiga con sólo 200 euros el suministro de información falsa y con 150 euros las coacciones que el defraudador cometa contra los inspectores.
Los inspectores discrepan también con la posibilidad que abre la nueva normativa de finalizar las actuaciones inspectoras mediante un acuerdo con el contribuyente, cuando no sea posible comprobar ciertos datos, elementos o características relevantes. Una opción que se aplicará, según la ley, cuando resulte necesario para la correcta aplicación de la norma. Consideran que "la aplicación del derecho no debe generar incertidumbres de esa naturaleza". En su escrito, los inspectores advierten que la nueva Ley General Tributaria introduce un concepto "inadecuado": el conflicto en la aplicación de la norma tributaria por el que la inspección del gran fraude se realizará desde un órgano político, sin las suficientes garantías de independencia.
Otro aspecto en el que encuentran un desequilibrio a favor de los más poderosos se refiere a los intereses que deben satisfacerse por el retraso en el pago de las deudas tributarias.
