Hetaira denuncia al alcalde por su plan contra la 'esclavitud sexual'
El colectivo Hetaira en Defensa de los Derechos de las Prostitutas ha presentado en el juzgado de guardia de Madrid una denuncia contra el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y tres de sus concejales -Ana Botella, de Empleo y Servicios Sociales; Pedro Calvo, de Seguridad, y Miguel Ángel Villanueva, de Economía y Participación Ciudadana- por el "plan contra la esclavitud sexual", iniciado el pasado 29 de marzo en la calle de la Montera (Centro). Les acusa de coacciones, prevaricación y de vulnerar derechos fundamentales de las personas.
Hetaira denuncia que, con este plan, "la Policía Municipal está impidiendo trabajar a un grupo de mujeres que libremente y de modo pacífico ofrecen sus servicios sexuales a cambio de un precio". Critican que los agentes "vigilen" a las mujeres que se prostituyen en Montera y "les obliguen a identificarse bajo amenazas de detenerlas si se niegan". Y califican de "intimidación indirecta" que, según dicen, una vez identificadas a las extranjeras sin papeles se les prometa que no se les expulsará del país si dejan de hacer la calle.
El plan contra la esclavitud tiene tres patas: policial, social y administrativa. Los agentes identifican a clientes, meretrices y posibles proxenetas; los inspectores de Consumo vigilan que pensiones y hostales cumplan la normativa, y las mediadoras sociales de la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituida (Apramp) ofrecen programas de inserción laboral a las metrices españolas y extranjeras residentes, y a las sin papeles, apoyo psicológico y, si quieren, un billete de vuelta a su país.
Hetaira califica de "sorprendente" que Apramp "coadyuve indirectamente en el despliegue de acoso y persecución con un pretendido dispositivo asistencial que en modo alguno ha sido solicitado por las mujeres".
"Acosar y hostigar"
Esta asociación considera que la finalidad del plan es "acosar" a las prostitutas de Montera, "hostigarlas y localizar en qué pisos prestan sus servicios". "Se trata de obligar a retirarse de la zona tanto a las mujeres como a sus clientes, impidiendo así el elemental derecho a estar en una vía pública", añade la denuncia.
Heatira destaca que en el ordenamiento jurídico español "no existe ninguna norma penal o administrativa que incrimine o sancione el libre ejercicio de la prestación de trabajos sexuales a cambio de precio". Añade, asimismo, que "tampoco hay ninguna norma que impida a las mujeres estar en la calle y concertar en ella los servicios con sus clientes".
Sin embargo, otras seis asociaciones de apoyo a las meretrices -Apramp, Cáritas, Comisión para la Investigación de los Malos Tratos, Instituto para la Promoción de los Servicios Sociales Especializados-IPSSEM, Villa Teresita y Médicos del Mundo- han salido en defensa de la inicitiva municipal, con la que colaboran. Consideran que la prostitución "no es una opción libre en la mayoría de los casos".
