Álava retira parte de su recurso para que Luxemburgo no prejuzgue los incentivos fiscales
La Diputación de Álava intentó ayer minimizar las consecuencias que tendría un nuevo fallo del Tribunal de Justicia Europeo contra las ayudas fiscales que concedió a las empresas Daewoo y Ramondín de 1996 y 1997, y planteó a la Sala el desistimiento de parte de su propio recurso. Con esta maniobra trata de evitar que el tribunal entre en el fondo del asunto y prejuzgue el recurso interpuesto por las instituciones y la patronal vasca contra la resolución de la Comisión Europea que en 1999 declaró ilegales todos los incentivos fiscales.
Los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia Europeo que en 2002 condenó a las empesas Demesa, filial de la coreana Daewoo, y Ramondín, primer productor mundial de cápsulas para botellas de vino, a devolver las ayudas recibidas por la Diputación alavesa, se vieron uno detrás de otro. La trascendencia de la vista residía en que ya no cabrán más recursos. Si el tribunal ratifica el primer fallo, la empresa coreana de frigoríficos tendría que devolver 658 millones de las antiguas pesetas y Ramondín 1.736 millones de pesetas por el crédito fiscal recibido, equivalente al 45% de una inversión de 3.857 millones. Ramondín trasladó en 1997 la factoría que tenía en Logroño a la localidad alavesa de Laguardia, distante apenas diez kilómetros, para acogerse a las ayudas.
Más allá del destino de estas dos empresas, el problema central está en la resolución del recurso que presentaron las instituciones vascas y Confebask contra la decisión de la Comisión Europea, en julio de 2001, que declaró ilegales, por alterar la libre competencia empresarial, el conjunto de incentivos fiscales que estuvieron operativos entre 1995 y 2000. Esta llamada "causa general" la abrió el ex comisario de la Competencia Van Miert para evitar que la Comisión tuviera que pronunciarse, tras el caso Daewoo, sobre cada una de las empresas beneficiadas.
Evitar automatismos
Para evitar que una sentencia desfavorable, prevista en medios judiciales de la UE, pueda trasladarse con cierto automatismo a la causa general contra el conjunto de los incentivos, que está a punto de resolverse en primera instancia, la Diputación desistió en parte de su recurso de casación, con el argumento de que la Comisión "ha empezado la casa por el tejado".
Los letrados de la Diputación explicaron que no es razonable condenar la aplicación de determinados incentivos fiscales -los que en este caso ofreció Álava- cuando todavía no se ha resuelto el recurso sobre la "ilegalización" de las normas que posibilitaron estas ayudas concretas. La patronal vasca, con el Gobierno y las diputaciones recurrieron la decisión de la Comisión. Los abogados defendieron la teoría de que es mejor ir de lo general a lo particular y no a la inversa. Tras culpar a la Comisión de equivocarse en el procedimiento, pidieron a la Sala que reconduzca la situación dejando que el fondo del asunto se resuelva en el Tribunal de Primera Instancia de las UE, también en Luxemburgo.
La representación legal de la Diputación intentó insistentemente exculpar a las dos empresas receptoras de las ayudas cuestionadas. Subrayó que en la época en la que se concedieron los beneficios fiscales a Daewoo y Ramondín no había posibilidad de compararlas en un marco normativo europeo y, por lo tanto, que las empresas obraron en términos "de congianza legítima y de un mínimos de seguridad jurídica". En otras palabra, que no tendrían ninguna responsabilidad en la recepción de unas ayudas que, po otro lado, ya están anuladas desde 2000. Según explicaron al no haber una política industrial en la que mirarse las empresas confiaron en que todo era perfectamente legal.
Los letrados de la Comisión contraatacaron rechazando la petición de desistimiento que hizo la parte alavesa y recordaron al tribunal que, aún aceptándola, la sentencia de primera instancia, que ya obligaba a Daewoo y Ramondín a devolver las ayudas recibidas, sería firme.
Junto a las peticiones y exposiciones de los letrados, el tribunal pidió aclaraciones en varios momentos de la vista. Alguno de sus miembros tampoco tenía claro sobre qué partes del recurso de casación se solicitaba el desistimiento, e inició una pequeña investigación con preguntas a los letrados, que tuvieron más de una dificultado inicial para responder por un inoportuno corte de luz. El Gobierno de La Rioja, personado en la vista oral del recurso, respaldó las tesis de la Comisión y estimó que la línea de defensa de la Diputación alavesa pretende "dilatar" el pronunciamiento judicial sobre el conjunto de las ayudas.
