_
_
_
_
_

El alcalde de El Ejido, abucheado durante un acto sobre la inmigración

Tres municipios describen los efectos de la llegada de extranjeros

Los alcaldes de El Ejido (Almería) y de Cartaya (Huelva) fueron increpados el viernes por un sector del público disconforme con sus intervenciones sobre la inmigración en un acto en torno a La diversidad y convivencia en las ciudades celebrado en Barcelona y organizado por la Fundación Carles Pi i Sunyer. Miembros de SOS Racismo desplegaron una pancarta que rezaba: "El Ejido, no a la explotación laboral, no al racismo de Estado".

Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet, describió la situación que vive su localidad, en la que residen 117.000 habitantes, de los cuales el 10% son inmigrantes que se han ido afincando en tres barrios de la ciudad en la última década (El Fondo, Raval y Santa Rosa). El tono de la intervención de Muñoz se situó en las antípodas de la realizada por sus compañeros Juan Antonio Enciso y Juan Antonio Millán, alcaldes de El Ejido y de Cartaya, respectivamente, quienes equiparaban continuamente la inmigración con los problemas que les acarrea. Muñoz puso el contrapunto al afirmar: "La inmigración no es un problema, es un hecho, y entre todos debemos llenar las ciudades con dignidad".

Los tres alcaldes hablaron de realidades totalmente distintas, aunque coincidieron en señalar que los ayuntamientos necesitan más medios para atender las necesidades de los recién llegados y de la población en general. En El Ejido, por ser "la puerta de África", como afirmó su alcalde, cuando la luna es favorable proliferan las pateras llenas de personas que se esconden nada más tocar tierra. No dijo que en muchos casos pierden la vida antes de llegar a la orilla. Este drama humano es lo que, según explicó, les preocupa más.

Entre el 19% y el 20% de la población de esta comarca de cultivos intensivos es inmigrante, la mayoría procedente de Marruecos, aunque en ella residen personas de un centenar de países.

La intervención del alcalde de Cartaya fue la más controvertida. Sus explicaciones sobre cómo afrontan en su pueblo la llegada de inmigrantes, que él prefiere llamar "trabajadores temporeros", arrancaron carcajadas en un sector del público mientras irritaban a otro. Cartaya, de 15.000 habitantes, ha triplicado su población en la última década. Este año se espera un total de 19.000 trabajadores polacos y rumanos para la recogida de la fresa y la naranja. Los alcaldes abogan por el pacto y el contrato en origen como la mejor forma de favorecer la convivencia entre la población autóctona y la inmigrante.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_