La autodeterminación de Euskadi
El lehendakari del Gobierno vasco ha presentado ante el Parlamento una propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi que pretende modificar el sistema de relaciones entre el Estado y Euskadi. La cuestión central de la propuesta es que plantea el derecho del pueblo vasco a decidir libremente su organización política y pretende establecer una relación bilateral con España. La propuesta, entre otros aspectos, crea un poder judicial vasco, modifica el sistema de distribución de competencias, crea una sala específica del Tribunal Constitucional y condiciona la aplicación por parte del Estado de algunos preceptos constitucionales. Desde una perspectiva jurídica, la propuesta del lehendakari supone una modificación sustancial de la Constitución, dado que plantea la soberanía del pueblo vasco, lo que entra en contradicción con la soberanía del pueblo español en su conjunto, establecida en la Constitución. Desde una perspectiva política es perfectamente legítimo que un partido o coalición nacionalista pretendan incrementar el autogobierno de sus instituciones o la independencia de su nación, y por ello no es aceptable que no pueda pretenderse el reconocimiento del derecho de autodeterminación porque el ordenamiento jurídico español no lo establezca, porque precisamente lo que se cuestiona son las bases de dicho ordenamiento jurídico. La unidad de España es un asunto de naturaleza política, que no puede abordarse únicamente a través de medios jurídicos como la Constitución. No puede negarse a un pueblo, en el supuesto que mayoritariamente lo demande, el derecho de autodeterminación. Un pueblo existe como tal si tiene conciencia de serlo, si desea serlo. Desde una perspectiva democrática, los poderes emanan de los ciudadanos y éstos deben poder decidir qué organización política, social y cultural desean. Por tanto, los ciudadanos, que expresan su voluntad a través del voto, pueden aspirar colectivamente, de forma legítima, a modificar un determinado statu quo organizándose de forma distinta. La primera cuestión que formularse es si una mayoría clara del pueblo vasco acepta el statu quo o desea establecer un nuevo tipo de relaciones con el resto de España. Para ello, en una primera fase, debe preguntársele únicamente al pueblo vasco, porque preguntarlo al conjunto de la población española sería una tautología inútil, con lo que subsistiría el problema endémico de falta de articulación entre las instituciones de Euskadi y España. Por ello, el ejercicio del derecho de autodeterminación debe ser ejercido, en su caso, por aquellos ciudadanos y ciudadanas, establecidos en un territorio, que forman el sujeto colectivo que se pretende autodeterminar.
La autodeterminación en Euskadi podría plantearse sólo pasado cierto tiempo desde el fin de la violencia
Sin perjuicio de que la Constitución establece los mecanismos para su reforma, en el supuesto de que una mayoría clara y estable de ciudadanos vascos, en una hipotética consulta, se pronunciase respecto a un cambio de relaciones o incluso a su secesión de España, el Gobierno español y el de Euskadi deberían entablar negociaciones leales al respecto, en virtud de los principios democráticos que informan nuestro sistema, en concordancia con los planteamientos sentados por el Tribunal Supremo de Canadá en relación con la hipotética secesión de Quebec.
Sin embargo, en este caso concreto hay un grave problema que vicia cualquier procedimiento. Se trata de la violencia etarra y de la consiguiente falta de libertad para debatir, para decidir entre la propuesta de nuevo Estatuto o el mantenimiento del statu quo. Nos referi-
mos a las personas asesinadas por defender posiciones distintas al soberanismo vasco y a las personas que por las mismas causas viven amenazadas o que han tenido que marchar de Euskadi.
En un país donde la policía debe actuar con la cara cubierta para protegerse, donde se asesina por opinar o por pertenecer a un partido no nacionalista vasco, es obvio que las posiciones contrarias a la independencia o a la autodeterminación del pueblo vasco no pueden defenderse con libertad, y por ello es una irresponsabilidad política plantear esta cuestión sin tener en cuenta la distorsión que supone la violencia etarra. En otras palabras, sería perfectamente legítimo desde una perspectiva democrática que los nacionalistas vascos plantearan una propuesta de las características del plan Ibarretxe siempre que, después de haber cesado la violencia terrorista, hubiese transcurrido un periodo de tiempo suficiente para que se hubiese normalizado la situación política.
Por otra parte, el plan Ibarretxe lo avala únicamente una parte de los ciudadanos vascos, y es sabido que la sociedad vasca está fraccionada y enfrentada por este asunto en dos mitades prácticamente iguales. Es obvio que para llevar a cabo un proyecto de estas características se precisa el apoyo, en libertad, de una mayoría clara y estable, es decir, no coyuntural, de ciudadanos, lo que ahora no se da. Adicionalmente, en la hipótesis de que prosperase la propuesta del lehendakari, sin perjuicio de que deberían establecerse negociaciones entre las respectivas instituciones de gobierno, habría que considerar no sólo qué tipo de relaciones desearía establecer Euskadi con España, sino también las que desearía establecer España con Euskadi.
Francesc Pau i Vall es profesor de Ciencia política de la Universidad Pompeu Fabra.
