Maragall asume la creación de una sociedad mixta o pública que 'conecte' a toda Cataluña

"Os ayudaremos en todo lo que podamos. Si es capaz de conectarse, Cataluña no tiene límite". El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ofreció ayer su apoyo a las propuestas que, reunidos en asamblea, le elevaron representantes de los 782 alcaldes agrupados en Localret. Este consorcio, presidido por Jordi Valls, acordó, tras varios años clamando en el desierto, solicitar una licencia para poder desplegar una red de telecomunicaciones por el territorio y propuso a la Generalitat crear una sociedad conjunta con los municipios, abierta a privados, con este fin. El despliegue cuesta, al menos, 90 millones de euros.

Desde ayer, Cataluña está un poco más cerca de contar con un operador público o mixto de telecomunicaciones. El viejo proyecto no pretende ofrecer sus servicios al usuario final, sino, por una parte, poner la infraestructura al servicio de las empresas del sector, privadas, y, por otra, llegar con esta red, alternativa a la de Telefónica, a aquellas zonas del mapa de Cataluña olvidadas por los operadores privados por su escasa o nula rentabilidad.

Inspirado en este proyecto, después de años de dar la espalda a la idea de invertir dinero público para las telecomunicaciones, el anterior Gobierno de Convergència i Unió (CiU) había aprobado pocos días antes de las elecciones del pasado 16 de noviembre la creación de un operador público.

Ese proyecto, bautizado como Cat-Telecom, también pasaba por el aprovechamiento de la red que, para su uso propio o abierto al alquiler por parte de terceros, ya tienen desplegada algunas empresas públicas. En concreto, el plan aprobado por el anterior Ejecutivo suponía "aprovechar las vías ferroviarias y viarias", las nuevas y las que se modernizarán.

El problema de Cat-Telecom es que nadie llegó a personarse ante el notario para formalizar la creación de la empresa, que, a pesar de las estimaciones sobre los recursos que se requerirían (unos 82,75 millones de euros, según la firma que asesoró a la Generalitat, DCo Doxa Consulting Group), nunca contó con ningún presupuesto aprobado por la Generalitat, según reconocen fuentes de la anterior Administración.

Del ferrocarril a las 'telecos'

Después de criticar la "poca ambición y visión" del anterior Gobierno, y también la de los operadores del sector, Maragall enumeró entre las prioridades de la nueva Generalitat la de "dotar a Cataluña de infraestructura para expandir las comunicaciones de banda ancha por toda Cataluña, de acuerdo con las propuestas de Localret". Así, Maragall señaló: "No vamos a hacer un eje transversal, ni ninguna otra obra, sin banda ancha", y "tenemos que convertir Ferrocarrils de la Generalitat en un gran operador de telecomunicaciones".

En su intervención, que fue un capote político a Localret nada sorprendente si se recuerdan las propuestas sobre sectores estratégicos que contiene el programa del Gobierno tripartito, Maragall no entró en el meollo de la cuestión: quién y cómo puede pagar el proyecto. Su Gobierno ha impuesto una etapa de férrea austeridad presupuestaria, y el futuro de la iniciativa, que varía ostensiblemente dependiendo de la implicación en ella de las empresas privadas, siempre topa con la financiación.

Localret ha estimado en 160 millones de euros el coste del despliegue de una red de fibra óptica que cubra toda Cataluña, pero la cifra puede bajar hasta unos 90 millones si se aprovecha la red de las administraciones públicas y de empresas de servicios y transportes.La séptima asamblea de Localret, que lleva varios años impulsando las comunicaciones de banda ancha o el acceso a Internet a gran velocidad por todo el territorio para evitar que se abra una brecha digital entre las zonas más rentables y las menos rentables de Cataluña, supuso dar un paso más sobre una misma tesis que, año tras año, se viene repitiendo en cadaasamblea: "Si dejamos al mercado que actúe, no tendremos todo el territorio cubierto", enfatizó una vez más Jordi Valls, alcalde de Manresa (PSC) y presidente de Localret.

En el informe que presentó a los alcaldes, Valls apoyó esta tesis sobre una constatación, que el paso del tiempo no hace más que confirmar. "Después de siete años, el segundo operador de telecomunicaciones después de Telefónica, el grupo Auna, tiene una red que, potencialmente, sólo cubre a 1,3 millones de habitantes" de un total de seis millones. Tras mostrar un mapa de Cataluña con la red desplegada de los operadores Auna (13 municipios), Jazztel (20 municipios) y el de nicho Colt, Valls concluyó: "Lo que nos veníamos temiendo", las empresas se concentran a la hora de desplegar sus infraestructuras en la región metropolitana de Barcelona.

La intervención de Valls fue seguida por los representantes en Cataluña de Telefónica, empresa que tiene dos convenios firmados con la Generalitat para garantizar la llegada de las comunicaciones de la banda ancha al 96% de la población y a varios polígonos industriales y que reaccionó airada ante la creación de un operador público de telecomunicaciones. "Las administraciones públicos no deben actuar como operadores, pero sí deben proporcionar infraestructura", enfatizó el presidente de Localret.

Vicepresidencia para ERC

Valls fue ayer reelegido en la presidencia de Localret, en el proceso de una renovación de cargos que supuso entregar a Esquerra Republicana (ERC) una de las tres vicepresidencias del consorcio. Hasta ahora, la vicepresidencia que pasó a ocupar Andreu Francisco i Roger, alcalde de Alella, la ostentaba Núria Bonaventura, alcaldesa de Rubí, de ICV. Este cambio refleja el empuje de ERC en las últimas elecciones municipales. En la vicepresidencia socialista, Ernest Maragall fue reemplazado por José Cuervo, teniente de alcalde de Barcelona. Josep Pont, alcalde de Bellpuig, se mantiene en representación de CiU.

Por otra parte, Localret acordó también exigir un nuevo plan estratégico para la Sociedad de la Información -existe cierto consenso sobre el hecho de que el anterior, de 1999, ha quedado desfasado en buena parte por factores como el comportamiento de la demanda y por las consecuencias del pinchazo de la burbuja tecnológica- y dar un impulso a la Administración Abierta de Cataluña (AOC), que permite realizar gestiones administrativas por Internet y que va muy coja en lo que respecta a la interconexión de las bases de datos de la Generalitat con las de los municipios.