Manifestación contra la privatización del agua en Alcalá
El equipo de gobierno aprobará el proyecto en un pleno extraordinario este mes
Entre 4.000 personas, según los organizadores, y 1.500, según el Ayuntamiento, se manifestaron ayer en Alcalá de Henares contra el proyecto del alcalde del PP de la ciudad, Bartolomé González, de conceder a una empresa privada durante los próximos 25 años la gestión del Servicio Municipal de Suministro de Agua. En la manifestación participaron Carlos Westendorp y Andrés Rojo, diputados en la Asamblea de Madrid por el PSOE, y Fausto Fernández y Montserrat Muñoz, portavoz y alcaldesa de San Fernando de Henares, respectivamente, ambos de IU.
La manifestación estaba convocada por la Mesa del Agua, -agrupación formada por el PSOE, IU, los sindicatos UGT y CC OO, y asociaciones sociales y de vecinos- bajo el lema Contra la privatización del agua y transcurrió sin incidentes entre las plazas de los Santos Niños y de Cervantes.
Su objetivo era "paralizar el proceso de privatización de un servicio esencial para todos los habitantes de la ciudad como es el agua", según los convocantes. La Mesa del Agua exige la apertura de un debate público sobre la adjudicación del servicio a una empresa privada.
El Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por el PP con mayoría absoluta, prevé conceder a una empresa privada la gestión del servicio durante los próximos 25 años. Alcalá es la única gran localidad de la región que no consume agua del Canal de Isabel II, sino de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.
Pero los sistemas de distribución del agua sufren múltiples fugas, tantas que el municipio sólo llega a cobrar el 52% de los 27 hectómetros cúbicos que distribuye cada año. Además, el municipio debe casi 12 millones al Canal de Isabel II por el agua suministrada en periodos de sequía, el último en el invierno de 2002.
El gobierno municipal del PP cree que la concesión administrativa es la solución para estos problemas. El borrador del pliego de prescripciones técnicas del concurso establece que la empresa adjudicataria pagará un canon inicial de casi 15 millones de euros más un 10% de la facturación anual prevista, 8,9 millones de euros.
La medida no gusta a la oposición, sindicatos, vecinos y ecologistas. Creen que el concurso permitirá a la empresa obtener grandes beneficios con un servicio que siempre ha sido público y que debería seguir siéndolo.
El Ayuntamiento tenía previsto llevar al pleno ordinario de esta semana el pliego de prescripciones técnicas del concurso, pero lo ha retrasado.
El secretario del Comité de Empresa del Ayuntamiento, Gabriel Rey, ha interpretado este hecho como "una paralización" del proyecto. "Es el primer éxito de las protestas contra la privatización", añadió.
Un portavoz municipal, sin embargo, negó este hecho. "Lo que hemos hecho ha sido cambiar el contenido de las prescripciones. En el borrador inicial se impedía a la empresa que gane el concurso subir las tarifas por encima del IPC hasta el cuarto año. Hemos cambiado este punto hasta el undécimo año. Pero el proyecto se aprobará en un pleno extraordinario que se celebrará en las próximas semanas", explicó este portavoz.
