El juez sigue dudando de la muerte de Cogul y le mantiene imputado

Las dudas siguen sin disiparse a la espera de los informes oficiales. El magistrado que instruyó el llamado caso Turismo, de supuesta malversación de fondos públicos desde el Consorcio de Turismo de Cataluña, rechazó ayer la petición de la defensa de eximir de responsabilidad penal al que fue director de este organismo y principal acusado, Joan Cogul. Sus abogados mantienen que falleció al dispararse un tiro el pasado 17 de diciembre en Manila.

La defensa formuló esta petición después de aportar al juez un certificado de defunción, su inscripción en el registro civil, un certificado de la incineración y las cenizas con los restos de Cogul, para quien el fiscal solicita penas que suman 12 años de prisión. El abogado que defiende a su esposa, la también imputada Carme Fargas, que afronta una petición de ocho años de cárcel, consideró que estos documentos eran suficientes para que finalizase la imputación de Cogul y así se lo pidió al juez el 31 de diciembre. Sin embargo, el magistrado no le da la razón y ayer se ratificó en la decisión que adoptó el 19 de diciembre, cuando ordenó a la Interpol averiguar las condiciones en las que se produjo la muerte de Cogul.

Cuando el juez dictó esa resolución desconocía que Cogul se había suicidado disparándose un tiro y que había sido incinerado a las 35 horas de su muerte, en su residencia de Manila, pues los abogados defensores dijeron inicialmente que había sufrido un infarto y que el cadáver sería repatriado. En concreto, el letrado Jordi Pina, del despacho de Pablo Molins, aseguró entonces que no tenía por qué informar al juez de esos extremos.

Esos antecedentes ayudan a explicar la contundencia empleada ayer por el juez en su resolución. "Lo acontecido desde que se comunicó a este juzgado evidencia la necesidad" de confirmar de manera oficial la muerte de Cogul. Por ese motivo, el juez considera "imprescindible" seguir esperando los informes de la Interpol sobre la autopsia del cadáver, el arma empleada o las fotografías del fallecido.

El juez precisa que "no se duda en absoluto" de la autenticidad de los documentos aportados por la defensa, porque son originales que dan "pleno valor a su contenido". Lo que demuestran, añade el juez, es que la defunción de Cogul se inscribió en el registro civil de Manila y que se realizó una incineración. "Pero no que fuera del cadáver de Joan Cogul", explica el magistrado Francisco González Maíllo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona.

"La cuestión clave"

"La cuestión es lo ocurrido con anterioridad a esa inscripción y fundamentalmente cómo se produjo la identificación del cadáver y qué condujo a las autoridades competentes de aquel país a considerar que se trataba de Joan Cogul", explica el juez. Más adelante recuerda que la inscripción de la defunción en el registro no sirve de nada para identificar el cadáver, "que es la cuestión clave para este juzgado", añade.

El juez asegura que, en función de los resultados de los informes que emita la Interpol, acordará el análisis de las cenizas que aportó la viuda en el juzgado, "no obstante las dificultades de obtener algún resultado", según reconoce él mismo.

Los documentos de la defensa entregados al juez explican también que se trató de una muerte violenta y que se realizó autopsia, lo que lleva al juez a considerar que es necesario conocer primero su resultado para identificar el cadáver. Posteriormente, según sean esos resultados, "habrá que analizar restos biológicos o practicar otras diligencias" para despejar las dudas sobre la muerte. El abogado Jordi Pina anunció ayer que recurrirá contra la decisión judicial ante la Audiencia de Barcelona.