La modernización de la Monarquía
Con motivo del futuro matrimonio del Príncipe de Asturias se ha suscitado en los medios de comunicación la conveniencia de modificar la Constitución para suprimir la discriminación por razón de sexo que sufren las mujeres para acceder a la Corona en beneficio de los hombres.
El problema de fondo es que la Monarquía, por su propia naturaleza, es una institución discriminadora y no igualitaria. ¿Por qué sólo puede ser rey el hijo del rey y no cualquier otro? ¿Por qué de entre los hijos, para el acceso a la Corona, se discrimina a los menores en beneficio de los mayores? ¿Qué méritos, qué cualidades, qué formación y qué capacidad intelectual se precisa para ser rey? La Constitución establece que el rey es inviolable, es decir, que si cometiese uno o más delitos no podría ser procesado. ¿Es que esto no vulnera el principio de igualdad? La Corona se presenta, además, acompañada de una parafernalia protocolaria que la distingue del resto de los ciudadanos: el tratamiento de Majestad, de Alteza Real, las genuflexiones, la inclinación de cabeza, los honores militares, etcétera. La legitimación histórica de la Monarquía era divina, era una legitimación teocrática: el rey lo era por la gracia de Dios. La Monarquía no es, pues, una forma actualizada de organización del poder.
Por todo ello, la pervivencia de la Monarquía en Europa sólo es explicable por el mantenimiento formal de la estructura tradicional de organización del poder. Sin embargo, la Monarquía ha ido evolucionando a lo largo de los siglos desde la Monarquía absoluta, en la que el rey ejercía todos los poderes del Estado, hasta la Monarquía parlamentaria, en la que el rey no ejerce ningún poder. Dado el carácter no electivo de la Monarquía, la única forma de compatibilizarla con la democracia es la Monarquía parlamentaria.
El sistema parlamentario es compatible tanto con una Monarquía, como en España o Suecia, como con una República, como en Alemania o Italia. En el sistema parlamentario el jefe del Estado, ya se trate de un rey o de un presidente de la República, tiene funciones meramente simbólicas y arbitrales y no ejerce ninguno de los poderes del Estado. El poder legislativo lo ostenta el Parlamento, elegido por los ciudadanos, el poder ejecutivo, el Gobierno, que debe tener el apoyo del Parlamento, y el poder judicial, que es independiente y aplica la ley elaborada por el Parlamento, lo ejercen los jueces y magistrados.
La República supone una organización más racional del poder. Dado que la presidencia de la República es un cargo honorífico, suele elegirse para ejercerlo a personas a quienes se pretende reconocer sus méritos y trayectoria y que están fuera de la contienda política. Mientras que en una Monarquía el cargo de jefe de Estado es hereditario y vitalicio, en una República es electivo y temporal. Puede afirmarse que una República parlamentaria es una monarquía parlamentaria electiva. La reforma de la Monarquía es, pues, la República.
La Constitución española establece dos procedimientos distintos para su reforma, en función de la parte que se pretenda modificar. Para reformar cualquier aspecto relacionado con la Corona debe seguirse un procedimiento sumamente complejo. Debe aprobarse el proyecto de reforma de la Constitución por una mayoría de dos terceras partes de los miembros del Congreso y del Senado. Deben disolverse las Cortes y convocarse elecciones generales. Las nuevas cámaras surgidas de las elecciones deben aprobar de nuevo por dos terceras partes de sus miembros el proyecto de reforma de la Constitución y, finalmente, el texto aprobado debe someterse a referéndum popular.
De las encuestas de opinión se desprende que la Corona es una de las instituciones mejor valoradas, entre otras razones, aparte de la contribución del rey Juan Carlos en la consolidación de la democracia en España, porque la Corona al ejercer funciones meramente simbólicas no sufre erosión por las políticas que se llevan a cabo, que son responsabilidad del Gobierno. Puede afirmarse que, actualmente, la modificación de la Constitución para convertir la Monarquía en República no forma parte de la agenda política de ninguna de las principales fuerzas políticas.
La entrada en la agenda política de la reforma de la Monarquía para eliminar la discriminación de las mujeres en el acceso a la Corona, suscitaría muy probablemente, a la vista de la vulneración del principio de igualdad que comporta la institución, el debate sobre la pervivencia de la propia Monarquía y su sustitución por la República.
Francesc Pau i Vall es profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra.
